¿Cómo se gestionan la bajas laborales en Catalunya? 80 médicos controlan a cuatro millones de trabajadores

Su sede central está en la avenida Vallcarca de Barcelona, tiene distintas delegaciones distribuidas por Catalunya y unos 80 médicos que fiscalizan las bajas laborales de casi cuatro millones de trabajadores. Es el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) y dicho organismo supervisa y controla los procesos de incapacidad temporal e incapacidad permanente en Catalunya. Históricamente, ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones y sindicatos debido a, según le achacan, su excesivo rigor y por operar bajo criterios economicistas.

Acusaciones que la directora general de Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja Rossell, rechaza: “La salud de las personas es siempre la prioridad”. Explica a EL PERIÓDICO que el Departament se encuentra en un proceso de reconversión de este organismo, para el que pretende contratar más médicos, más personal e integrar tecnologías como la inteligencia artificial para tratar de supervisar más casos, tener más tiempo para valorar cada uno de ellos y coordinar mejor la información entre la atención primaria y los tribunales médicos. La directora destaca que el sistema del ICAM es "muy garantista" y que su funcionamiento "pone en el centro la salud de las personas” en el momento de ponderar una alta o una baja.

En Catalunya, según los datos obtenidos por este medio a través del portal de transparencia de la Generalitat, el ICAM efectuó en 2025 un total de 174.859 chequeos a trabajadores de baja, sobre un total de 2,3 millones de bajas que se produjeron ese año. Es decir, revisa aproximadamente el 7,5% del total de procesos de incapacidad que se producen en Catalunya. La gran mayoría de las supervisiones las concentra en bajas de más de un año de duración.

¿Qué bajas decide revisar y cuáles no? “La Seguridad Social comparte con la Generalitat información obtenida a partir de un sistema informático que analiza muchas variables —como la edad, el sexo, la patología o la duración de la baja— para identificar qué casos necesitan una revisión médica y qué no. De este modo, la Inspección Médica puede centrarse en los casos que realmente lo requieren, haciendo un uso más eficiente de los recursos y evitando controles innecesarios”, explican desde Salut.

En algunas bajas, los médicos del ICAM llegan a dar el alta sin visita previa, valiéndose de su criterio y las pruebas médicas anteriores que les aparecen en el expediente. "En algunos casos sucede", reconoce la directora general de Ordenació. "El sistema es garantista y el paciente siempre puede impugnar el alta", añade. Cuando un paciente no está de acuerdo con la decisión del ICAM y decide impugnar una alta, es el propio ICAM quien evalúa y resuelve dicha impugnación.

Número de bajas al alza

El volumen de expedientes que los médicos del ICAM son capaces de fiscalizar ha ido en descenso durante los últimos años, principalmente porque con el mismo personal cada vez deben supervisar más bajas, un repunte común en el resto de España y Europa. Y eso le cuesta dinero a la Generalitat. La Seguridad Social, que es quien paga las prestaciones por incapacidad que cobran los trabajadores enfermos, abona cada año a Catalunya un dinero en función de si realiza más o menos controles, con el objetivo de premiar una mayor fiscalización de los procesos, para detectar dilaciones injustificadas o malos usos.

En 2024, la Generalitat ingresó el 70% de los fondos -unos 2,3 millones de euros- que podría haber ingresado si hubiera cumplido con el cupo de chequeos que le pide la Seguridad Social. En 2023, dicho porcentaje fue del 76%. Revisa una proporción menor debido al aumento de bajas y una plantilla de médicos evaluadores de 80 efectivos, de los cuales 10 están de baja y otras 7 plazas están pendientes de cubrir por falta de candidatos, según datos obtenidos a través del portal de transparencia. "La falta de efectivos es un gran problema. No tienen tiempo para valorar si los trabajadores de baja son aptos o no", afirma la secretaria nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz. "También es un problema para las personas que ya están recuperadas, pero llevan más de un año de baja y solo el ICAM puede darles el alta", añade.

Desde el Departament reconocen que históricamente no han podido contar con la plantilla completa de médicos evaluadores porque una parte de las plazas se les queda desierta cuando la sacan a concurso. En parte lo explican por la carestía general de médicos, en parte porque reconocen que es una tarea vilipendiada entre los pacientes, ya que son los facultativos evaluadores quienes acaban determinando si un empleado está bien para trabajar o no y parte de las altas las acaban dando en contra de la voluntad del paciente. En ocasiones, también en contra del criterio de los médicos de cabecera que tratan regularmente a esos pacientes.

"El ICAM es un organismo poco transparente, que tiene un protagonismo dentro del Departamento de Salut que nos preocupa, incluso por encima de los médicos de primaria. Han pasado de evaluar incapacidades permanentes a fiscalizar de manera masiva las bajas médicas, o al menos todas las que pueden, porque por recursos no llegan a todas. Los médicos de primaria se sienten vigilados y minusvalorados, así nos lo trasladan", afirma la secretaria de salud de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez.

Experiencia "traumática"

Badea, limpiadora del metro de Barcelona, califica su experiencia con el ICAM como “traumática”. Recuerda como el pasado diciembre, en una cita de “menos de cinco minutos”, y durante la que el médico evaluador “ni me miró a la cara”, le dieron de alta. Esta madre soltera de 50 años rememora que quedó en shock, porque el facultativo decidió considerarla apta pese a sus dolores y estar todavía pendiente de una prueba diagnóstica que confirmara o no su fibromialgia. “Duermo dos o tres horas al día, vivo con dolores y eternamente cansada. Mis hijos ya han entendido que no pueden ni jugar con su madre”, explica.

“Mi médico de cabecera me dijo que fuera a la cita y no me preocupara, que cómo me iban a dar el alta si estaba aún pendiente de pruebas”, afirma. A las pocas horas de salir de la consulta del ICAM recibió el SMS de la Seguridad Social conforme tenía el alta y al día siguiente tuvo que ir a trabajar, bajo riesgo de que la empresa pudiera despedirla si no lo hacía. Dos semanas después de ese SMS Badea recibió la confirmación de su enfermedad. Badea impugnó el alta del ICAM y el ICAM se la rechazó. Por normativa, Badea no podrá volver a ser examinada para valorar una incapacidad hasta seis meses después del alta.

Olga tiene 49 años y hasta hace poco trabajaba como cocinera en un hotel de La Garriga, donde llevaba casi dos décadas. Esta mujer está operada de los dos brazos por epicondilitis, también conocida como ‘codo de tenista’, una dolencia habitual entre su profesión. Tras cubrir la campaña de la última Navidad los dolores le aumentaron y el médico de la mutua le remitió la baja, si bien al cabo de dos semanas la mutua le pidió al ICAM que le diera el alta, pese a no haber comenzado aún la rehabilitación ni mostrar mejoría, según recuerda Olga. Cuando una mutua le pide al ICAM que dé de alta a un trabajador, lo hace en el 54% de los casos, según datos facilitados por Salut. Olga fue uno de ellos.

Incentivos millonarios de Seguridad Social

Realizar más o menos controles médicos es uno de los múltiples objetivos que le marca la Seguridad Social al Departament de Salut para poder cobrar fondos millonarios. Según el último convenio firmado entre las partes, el presupuesto máximo habilitado para control de bajas y mejoría de los procesos de gestión de la incapacidad temporal asciende a 60,07 millones de euros al año. Según cálculos preliminares del Departament, el año pasado lograron ingresar un tercio de dichos fondos, principalmente por el incremento generalizado de bajas y unos criterios más restrictivos impuestos por la Seguridad Social. Los polémicos incentivos a los centros de atención primaria -que Salut se vio obligada a retirar tras las fuertes críticas- buscaban acelerar las pruebas diagnósticas para así reducir la duración media de las bajas. Era un programa de mejora de gestión incluido dentro de ese convenio con la Seguridad Social para que Catalunya recibiera más presupuesto.

Un 40% de los incentivos que da la Seguridad Social están directamente vinculados a reducir la duración media de las bajas y adecuarlas a lo que los médicos de la Seguridad Social han establecido como un “tiempo óptimo” de recuperación. También demanda reducir el coste que cada trabajador catalán le supone a la Seguridad Social. Según los últimos cálculos oficiales de la Seguridad Social, Catalunya es un alumno ligeramente aventajado en este segundo aspecto. Si se divide el gasto total en prestaciones por incapacidad por el número total de ocupados (estén o no de baja), cada uno de estos supone un coste de 48,5 euros al mes y la media española es de 48,6 euros mensuales.

Rosa María tiene reconocida una incapacidad permanente por un trastorno bipolar. Se la reconocieron en 2022 y, dos años después, el ICAM la llamó para un examen. “Todos los informes médicos decían que no había ninguna mejoría y en una sola visita de cinco minutos el ICAM decide que está bien. Y una vez deciden, siempre se mantienen pese a que presentes alegaciones y te obligan a recurrir a vía judicial”, explica su abogado, del Col•lectiu Ronda, Alex Tisminetzky.

Rosa María, incapaz de trabajar, estuvo dos años sin ningún ingreso y pendiente de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que le llegó hace un mes, le reconoció de nuevo la incapacidad permanente y su pensión. “En temas de salud mental el ICAM revisa los casos cada dos años, aproximadamente, y es más habitual de lo que debería que se denieguen invalideces a personas que no tienen mejorías. Muchas veces nos encontramos que a los dos o cuatro años cambian de criterio y con los mismos informes consideran esa persona ya es apta para trabajar”, explica su abogado.

El Departament de Salut insiste en que aplica únicamente criterios médicos en su gestión, prioriza la recuperación de los pacientes y que la existencia de esos fondos variables que le habilita la Seguridad Social no condiciona su práctica médica. Como prueba, según insisten, el hecho de que no logren el 100% de los fondos disponibles.

La directora general de Ordenació i Regulació Sanitària defiende la necesidad de mejorar su operativa para así poder diagnosticar mejor y más rápido, citar a más gente y citarla antes y poder hacerlo con mejor información, incrementando el personal e incorporando las nuevas tecnologías al proceso. Desde el Departament de Salut explican que están trabajando en una nueva plataforma informática para los médicos del ICAM –una nueva ‘estación clínica de trabajo’, le llaman- para mejorar la transmisión de información y la automatización de procesos mediante IA que permita lanzar alertas sobre tratamientos sugeridos o alerten en caso de recaídas. En este sentido, establecerán una cronología de toda la baja, similar a la que ya rige en la atención primaria para hacer el seguimiento de las embarazadas.

Suscríbete para seguir leyendo