Otro momento clave para el futuro de las nucleares en España cuarenta años después

Cuando medio mundo contenía la respiración por las noticias (pocas, confusas, filtradas al estilo soviético) que llegaban de Chernóbil, el sector nuclear español ya vivía un momento clave en el que se había reordenado y achicado el gigantesco plan de construcción de centrales heredado del franquismo y se estaba a las puertas de enchufar las que a la postre fueron las últimas plantas nucleares puestas en marcha en el país.

Y ahora, cuatro décadas después, cuando tanto se rememora ese nombre para siempre identificado con la catástrofe, las nucleares españolas vuelven afrontan un escenario también crucial, pero bien diferente al de antaño. Uno en el que está en juego su futuro, en el que está en el aire si se acabará cumpliendo el calendario programado de cierre de todas las centrales que debería arrancar ya el próximo año o si las eléctricas propietarias de las plantas consiguen sacar adelante su renovado plan para salvarlas y prolongar la vida de todo el parque nuclear. Cuarenta años de diferencia que son cara y envés de una industria en vilo.

La dictadura franquista se abrazó a lo grande a la energía nuclear (primero en una tentativa militar, después sólo para su uso civil para generar electricidad). Con España recién salida del grupo de los países en vías de desarrollo tras los años de miseria de la posguerra, el país llegó a tener el programa nuclear más ambicioso de Europa Occidental. Las compañías eléctricas solicitaron solicitar los permisos para construir 27 reactores nucleares (e incluso tuvieron proyectos, pero sólo en fase de estudio primigenio, planes para otra decena más). Al final sólo llegaron a funcionar 10 reactores.

¿Prohibición o rescate?

El parón económico provocado por las sucesivas crisis del petróleo de la década de los setenta hizo que fueran inalcanzables, por desorbitadas, las previsiones de demanda eléctrica sobre las que se apoyaba el plan de despliegue de tantas centrales nucleares. El programa del PSOE de Felipe González para las elecciones que le llevaron por primera vez a Moncloa incluía la promesa de frenar la expansión nuclear, al calor de un muy ruidoso rechazo social (¿Nucleares? No, gracias).

Justo dos años antes del accidente de Chernóbil, el Gobierno socialista aprobó una moratoria nuclear que paralizó la construcción ya iniciada de cinco reactores (Valdecaballeros I y II, Trillo II, y Lemoniz I y II). Una medida que también constituyó un rescate financiero para las propias eléctricas promotoras de estas centrales. Y es que la fuerte devaluación de la peseta aplicada por el Ejecutivo para protegerse de la crisis convirtió impagables los créditos solicitados por las energéticas para financiar los proyectos, y todo en un contexto en que la baja demanda eléctrica los hacía innecesarios o, en algunos casos, inviables. Todos los clientes estuvieron pagando hasta 2015 en su factura de luz un recargo para compensar a las compañías por las inversiones paralizadas (hasta un total de más de 5.717 millones de euros).

De aquella moratoria sólo se salvaron dos de los proyectos: la central de Trillo y la de Vandellós II, que recibieron la autorización del Ejecutivo para iniciar su fase de pruebas apenas unos días después de la catástrofe de Chernóbil, que empezaron a funcionar en 1987, que iniciaron su explotación comercial de suministro eléctrico en 1988 y que fueron las dos últimas plantas nucleares que se han puesto en marcha en España.

El futuro en el aire

Cuarenta años después, el sector nuclear español vive de nuevo otra encrucijada histórica. Tras años de desencuentros entre las propietarias de las centrales sobre cuánto tiempo seguir con ellas, las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) pactaron hace un lustro con el Gobierno un calendario de cierres escalonados de todas las plantas entre 2027 y 2035. Las compañías advierten de que desde entonces demasiadas cosas han cambiado -crisis energéticas y apagón mediante- y defienden revisar ese calendario y prolongar la vida de las plantas más allá de lo pactado.

Las grandes eléctricas ya han dado el primer gran paso conseguirlo. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central nuclear de Almaraz, han al Ejecutivo la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está programado que se desconecten en 2027 y en 2028. Pero la intención de las compañías -al menos de Iberdrola y de Endesa- es no conformarse sólo con ‘salvar’ la planta cacereña y solicitar en el futuro la ampliación también del resto de centrales nucleares.

La decisión final sobre la prolongación de Almaraz y eventualmente del resto de centrales corresponderá al Gobierno. Al actual y al siguiente, o incluso siguientes. De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez avisa de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales pactado con las compañías.

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