El Gobierno amplía a 800.000 familias vulnerables los descuentos en la factura de teléfono e internet de todas las telecos

El Gobierno se mueve para ampliar el alcance y mejorar las prestaciones del servicio universal de telecomunicaciones, un paquete de teléfono e internet fijos al que tienen derecho todos los consumidores con independencia de su localización geográfica y que debe ser ofrecido por las operadoras con una calidad determinada y a un precio asequible. El Ministerio para la Transformación Digital, comandado por Óscar López, abrirá este miércoles un proceso de audiencia pública para aprobar el proyecto de Real Decreto que recoge el reglamento que desarrollará las nuevas características del servicio universal.

La propuesta del Ejecutivo pasa por elevar la velocidad de la conexión fija a internet incluida desde los 10 Mbps actuales hasta un mínimo de 100 Mbps, lo que convertirá a España en el primer país de Europa en ofrecer esta velocidad dentro del paquete de servicios garantizado para toda la población. “El excelente nivel de cobertura de redes de fibra óptica, redes móviles de tecnología 5G y la evolución de las prestaciones tecnológicas mediante redes satelitales (que ofrecen cobertura en todo el territorio), hacen posible llegar a esa velocidad”, apuntan desde el Ministerio.

Una extensa red de telecomunicaciones que también permite que ya no haya un único operador designado para proporcionar este servicio. Históricamente Telefónica era la compañía que estaba obligada a ofrecerlo, pero ahora todas las telecos tienen que proporcionarlo dentro de su ámbito de cobertura y con las características marcadas por ley. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, explican desde el Ejecutivo.

Todos los operadores deberán ofrecer un descuento de al menos un 25% de las tarifas a usuarios con rentas bajas, a modo de abono social. El proyecto de Real Decreto propone garantizar estas tarifas rebajadas para un colectivo mayor, al incluirse como potenciales beneficiarios las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en la actualidad asciende a cerca de 800.000 hogares. Está previsto que este nuevo régimen se aplique a partir del 1 de enero de 2027.

Además, todas las telecos deberán tener una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Asimismo, los operadores y las Plataformas 112 deberán tener, antes de junio de 2027, la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita una comunicación fluida para personas con dificultades auditivas o de habla.

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