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BRAZO INVERSOR DEL ESTADO

El Gobierno prepara un macroinforme para defender la presencia de la SEPI y de grandes empresas públicas en sectores críticos

El holding estatal elaborará un estudio para destacar su propio impacto socioeconómico y el de compañías que controla como Navantia, Correos o Tragsa, pero deja fuera a participadas como Telefónica, Indra o Red Eléctrica

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González. / Eduardo Parra - Europa Press

David Page

David Page

Madrid
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El Gobierno quiere contar con un estudio exhaustivo que ponga de manifiesto el impacto económico y social que tiene el holding estatal SEPI y los grandes grupos públicos bajo su paraguas. Un ‘macroinforme’ que servirá para defender la presencia del grupo estatal y de las compañías que controla de manera mayoritaria en sectores económicos críticos demostrando la aportación de todas sus actividades a la economía, a la sociedad y al territorio.

Los trabajos preparatorios del análisis socioeconómico en ciernes coinciden con la comisión de investigación parlamentaria impulsada por el PP en el Senado sobre las actuaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en procesos como el ‘rescate’ de las aerolíneas Air Europa o Plus Ultra durante lo peor de la pandemia de covid.

SEPI pretende elaborar un estudio para evaluar de “manera exhaustiva” el impacto generado por su actividad para “argumentar de manera científica” su aportación económica como brazo inversor estatal. El objetivo es contar con “un estudio técnico que permita medir dicho impacto socioeconómico con precisión y trasladar el papel del Grupo SEPI en la generación de valor a la actividad económica y la retención de población en sus zonas de influencia”, explica el hólding público en la documentación oficial de los trabajos previos.

“SEPI es una herramienta multisectorial del Gobierno que contribuye al crecimiento económico y social del país, con especial énfasis en la definición de la estrategia industrial y el fortalecimiento del tejido empresarial para dar así respuesta a las necesidades del Estado en sectores críticos”, según se recoge en los pliegos y la memoria justificativa de la licitación mediante la que el grupo estatal busca consultoras privadas para que le ayuden a diseñar la metodología para calcular el impacto de su actividad en 2025 y desarrollar el informe. SEPI quiere que la consultora ganadora proponga un plan de acción y una guía de ayuda, y que facilite las tablas de cálculo y fuentes de información utilizadas, para que el grupo público pueda elaborar por sí mismo este tipo de estudios en próximos años.

Sin algunas joyas de la corona

El estudio se centrará en el impacto económico de la propia SEPI, como matriz de empresas, y en el de los grupos públicos en los que tiene el control total o al menos una participación mayoritaria, entre ellos el grupo de defensa naval Navantia, Correos, la compañía de servicios ambientales Tragsa, las empresas de equipamiento del sector nuclear Enusa y Ensa, la firma de investigación industrial Mayasa, la tabaquera Cetarsa, la energética Hunosa, la empresa de servicios al sector de alimentación mercasa o la empresa de liquidación de empresas Cofivacasa, entre otras. Pero el informe dejará fuera el impacto de grandes compañías en las que las que SEPI tiene una participación no mayoritaria, como Telefónica (10%), Indra (28%), Redeia, matriz de Red Eléctrica (20%) o Enagás (5%).

La corporación pública presidida por Belén Gualda quiere identificar “los principales retos, ámbitos relevantes y cuestiones clave de SEPI y sus empresas participadas mayoritarias” que sirva para orientar la cuantificación del impacto socioeconómico, pero también también “análisis posteriores sobre el rol institucional como holding público empresarial”. En este sentido, SEPI pide a la consultora que se haga con el contrato un “análisis de la coyuntura geopolítica y de mercado” en las áreas de actividad de las empresas investigadas en un momento de convulsión por la guerra en Oriente Medio, la fijación de los “riesgos y tendencias que condicionan su contribución económica” y también identificar “los puntos críticos a los que debe responder para potenciar y mantener en el tiempo” esa aportación socioeconómica.

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