S&P avisa de que la presión del gasto pondrá a prueba las finanzas de las autonomías en 2026 y 2027

Las comunidades autónomas españolas encaran un cambio de ciclo en sus finanzas. Tras un 2025 mejor de lo esperado, la agencia de calificación estadounidense S&P Global advierte de que las cuentas públicas de las autonomías afrontarán en 2026 y 2027 un escenario más exigente, marcado por nuevas presiones de gasto que pueden deteriorar su rendimiento presupuestario. La firma señala entre los principales riesgos el aumento de los salarios de los funcionarios, un posible repunte de la inflación, los costes de reconstrucción de catástrofes como las indundaciones, el envejecimiento demográfico y la necesidad de acelerar el uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de agosto de 2026.

En su informe, S&P subraya que el buen comportamiento de 2025 se apoyó en el fuerte crecimiento de los ingresos y en una moderación del gasto operativo. Los recursos tributarios propios de las autonomías, especialmente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, evolucionaron mejor de lo previsto, mientras que el incremento del gasto corriente fue más contenido que en los ejercicios anteriores. La firma destaca que los ingresos crecieron un 4% en 2025, por encima de su previsión del 3,3%, y que el superávit alcanzó el 3,5% de los ingresos operativos, frente al 2,2% que esperaba.

Ese mejor desempeño se produjo además con una clara desaceleración del gasto. Según S&P, el gasto operativo de las comunidades aumentó un 3,7% en 2025, muy por debajo del 8,5% registrado en 2024 y del 8,1% de 2023. En la práctica, la agencia interpreta que el giro en las reglas fiscales españolas, con más énfasis en los límites de gasto que en los objetivos de déficit, contribuyó a esa contención, tanto en masa salarial como en compra de bienes y servicios.

Sin embargo, el margen se estrechará a partir de ahora. La agencia prevé que el crecimiento de la economía española y, con él, el de los ingresos regionales, se irá moderando, de forma que solo podrá compensar parcialmente la escalada de costes. Para 2026, S&P confía en que el sistema de financiación autonómica siga sosteniendo los ingresos, con transferencias anunciadas un 7,7% superiores a las de 2025, pero avisa de que la sostenibilidad presupuestaria dependerá cada vez más de la disciplina fiscal de los gobiernos regionales.

Entre los factores de presión, el informe apunta a una subida de los salarios del sector público de hasta el 5,5% en 2027 y a un encarecimiento de bienes y servicios si la inflación repunta por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. También anticipa un aumento estructural del gasto sanitario por el envejecimiento de la población y por el avance tecnológico. A ello se suman los costes extraordinarios de reconstrucción tras las graves inundaciones de 2025 y 2026, que, según S&P, afectarán especialmente a comunidades como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura.

Fondos europeos

Otra fuente de tensión será el calendario europeo. Las comunidades están acelerando proyectos para no perder los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes del plazo límite de agosto de 2026. S&P calcula que la tasa de ejecución de estos fondos rondaba el 70% en febrero de 2026, aunque con diferencias notables entre territorios. La agencia prevé que esta carrera por gastar mantenga elevada la inversión en 2026, antes de que se produzca un descenso gradual en 2027 y 2028, a medida que desaparezca ese impulso extraordinario.

El informe también pone el foco en las desigualdades persistentes entre autonomías. S&P recuerda que el actual sistema de financiación sigue generando importantes diferencias en el reparto de recursos y señala que regiones como la Comunidad Valenciana y Murcia salen perjudicadas. En paralelo, considera que el distinto grado de compromiso con el control del gasto entre gobiernos autonómicos será otro de los elementos que marcarán la evolución presupuestaria en los próximos años.

Como elemento de alivio, la agencia menciona las reformas planteadas por el Gobierno de España, aunque recalca que siguen bloqueadas políticamente. Entre ellas figura la absorción de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, cerca de una cuarta parte del total, y un nuevo sistema de financiación que podría aportar 21.000 millones adicionales de ingresos operativos. S&P considera que estas medidas mejorarían la calidad crediticia del conjunto de las regiones y reducirían parte de las disparidades actuales, pero advierte de que su aprobación es incierta por la fragmentación parlamentaria y la oposición de varias comunidades a los criterios de reparto propuestos.

En conjunto, el mensaje de la firma es claro: las autonomías llegan a este nuevo periodo con unas cuentas más sólidas de lo previsto, pero el contexto se complica. El buen dato de 2025 no despeja por sí solo los riesgos de los próximos dos ejercicios. Para S&P, la capacidad de las comunidades para contener el gasto, ganar eficiencia y evitar que reaparezcan antiguos desequilibrios será determinante para sostener sus finanzas.

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