No todos deberán reformarse ya
Miles de comunidades tendrán que adaptar su ascensor por ley: esto es lo que puede costar en tu edificio
El Real Decreto 355/2024 obliga a adaptar ascensores que no cumplan seguridad, aunque no todos deberán reformarse de inmediato
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Un operario revisa la maquinaria de un ascensor. / ARCHIVO
Por qué confiar en El Periódico No es una reforma inmediata para todos, pero sí un cambio de fondo que afectará a miles de edificios en España. La nueva normativa de ascensores ya está en vigor y, aunque no obliga a renovar todos los equipos de golpe, sí establece requisitos que pueden traducirse en obras y costes en muchas comunidades de propietarios.
El marco legal es el Real Decreto 355/2024, que aprueba la instrucción técnica ITC AEM 1, publicada en el BOE. Esta norma regula la puesta en servicio, mantenimiento e inspección de los ascensores y refuerza las exigencias de seguridad en todo el parque existente.
La clave está en cómo se aplica. La normativa no obliga a reformar todos los ascensores de forma inmediata, pero sí establece que deberán adaptarse cuando no cumplan los nuevos requisitos técnicos.
Esto ocurrirá principalmente en tres casos:
- Durante las inspecciones periódicas obligatorias.
- Cuando se detecten deficiencias de seguridad.
- Si se realizan modificaciones o reformas relevantes.
Es decir, el cambio será progresivo, pero en la práctica afectará a una parte importante de los ascensores actuales, especialmente los más antiguos.
Qué cambios pueden exigir (y cuánto cuesta)
La ITC AEM 1 introduce mejoras orientadas a aumentar la seguridad y accesibilidad. Entre ellas:
- Sistemas de protección en puertas para evitar atrapamientos.
- Comunicación bidireccional en cabina.
- Mayor precisión en la nivelación de parada.
- Medidas frente a movimientos incontrolados.
Si un ascensor no cumple estos requisitos, la comunidad estará obligada a adaptarlo para poder seguir utilizándolo.
El coste dependerá del estado del equipo, pero las intervenciones pueden suponer varios miles de euros por comunidad, especialmente en edificios antiguos, donde se podrían alcanzar los 40.000 euros, según estimaciones del sector.
Más control y responsabilidad para los vecinos
La norma también refuerza las obligaciones legales de las comunidades, que pasan a tener un papel más activo. Entre otras cuestiones, deberán garantizar el mantenimiento, conservar la documentación técnica y atender las inspecciones reglamentarias.
En caso de incumplimiento, la administración puede incluso paralizar el ascensor hasta que se subsanen las deficiencias.
La nueva normativa no implica una reforma general inmediata, pero sí marca un cambio claro: a medida que avancen las inspecciones, muchas comunidades tendrán que asumir adaptaciones para cumplir con los nuevos estándares de seguridad. Un proceso gradual, pero con impacto directo en los edificios y en los bolsillos de los propietarios.
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