Ficosa ultima un ere de 172 despidos en su fábrica de Viladecavalls

La dirección de Ficosa -antigua Panasonic- está ultimando los trámites para ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) y despedir a 172 trabajadores de su planta de Viladecavalls. La empresa automovilística prepara así un expediente que afectará hasta el 21% de la plantilla de 800 empleados de la factoría vallesana, según ha podido saber EL PERIÓDICO. La firma aguarda para registrar el expediente y tratará de acordar con los sindicatos la cifra final de las salidas y las indemnizaciones para los afectados.

Ficosa activa así una reestructuración tras la progresiva caída de la actividad dentro del sector del auto, que atraviesa su particular etapa de transición energética al coche eléctrico, y pese a los planes de reconversión hacia líneas de negocio vinculadas con el sector de la defensa. La división de Ficosa Internacional, también ubicada en Viladecavalls, quedaría fuera del expediente. "Se trata de una decisión difícil, que responde a los cambios en la demanda de los clientes y en los volúmenes de producción de los proyectos desarrollados en la planta de Viladecavalls, en un contexto especialmente exigente para el conjunto del sector global de la automoción", afirman, a preguntas de este medio, fuentes oficiales de Ficosa.

Ficosa recurre a un despido colectivo tras constatar una reducción progresiva de la actividad que no se visualiza, por el momento, en los últimos balances publicados. Los resultados más recientes presentados son referentes a 2024, cuando la compañía con presencia multinacional cerró el ejercicio con un nuevo récord de ventas -el segundo consecutivo- y alcanzó una facturación de 1.397 millones de euros.

El grueso de su negocio sigue concentrándose en Europa, crece en Asia mientras decrece en Estados Unidos y México. Esto último se ha ido traduciendo en recorte de empleos -el grupo daba trabajo en 2024 a 7.805 personas entre sus diferentes centros- en Norteamérica, que ahora llegan a la planta catalana de Viladecavalls.

Ficosa, fundada en 1949, es propiedad de la familia Pujol Artigas, está presidida por José María Pujol y el consejero delegado es Javier Pujol. Hace poco este linaje recuperó la propiedad mayoritaria del grupo y le recompró el 69% del accionariado a la japonesa Panasonic en febrero de este mismo año. Dos meses después de certificar dicha operación, los Pujol Artigas activan la reestructuración de parte de su actividad, con despidos en Viladecavalls. "La compañía siempre valora distintas alternativas antes de adoptar medidas de este tipo. Sin embargo, la situación actual ha hecho necesario abrir este procedimiento para preservar la competitividad y la viabilidad operativa de la planta", afrman desde la corporación.

Negocio del rearme

Parte del futuro de Ficosa pasará del automóvil a la industria de la Defensa, en un contexto de rearme global y auge de este tipo de negocios. La empresa está en negociaciones con otras firmas para diversificar su negocio, pero los blindados y demás vehículos pensados para la guerra no generan la misma actividad ni requieren el mismo empleo que los utilitarios para civiles. En ese contexto, Ficosa necesita menos manos y empieza a acometer un despido colectivo en su fábrica de Viladecavalls.

Las empresas del auto empiezan a mirar hacia las armas como vía para diversificar su negocio. Hace unas semanas trascendió que Ficosa, junto a Seat e Indra, estaban sondeando la posibilidad de formar una alianza para la producción de componentes automovilísticos para la industria de defensa.

Esta es una de las vías que buscan paliar el descenso generalizado de actividad en el sector, que especialmente entre las empresas de componentes se va cobrando progresivamente bajas. Empresas del circuito de proveedores catalán, como, por ejemplo, Magneti Marelli (en Santpedor) o Hi-Lex Auto Parts (en Granollers), efectuaron a lo largo del año pasado despidos colectivos en sus respectivas plantas.

A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado a través de despidos colectivos. Entre enero y febrero de este año, últimos datos disponibles, la Generalitat ya ha computado un total de 1.128 afectados por ERE, casi tres veces más de los registrados para estas mismas fechas del año pasado.

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