El Noroeste prepara batalla contra Puente por los peajes: Galicia y Castilla y León secundan la lucha de Asturias en el Supremo por el peaje del Huerna
La Xunta también llevará a los tribunales al Ministerio por no facilitar información sobre el procedimiento abierto en la UE
Fernández Mañueco pretende elaborar un documento común que firmen los tres presidentes autonómicos
Por la izquierda, Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco. A la derecha, Óscar Puente / LNE
Por qué confiar en El Periódico Los gobiernos de Galicia y Castilla y León, ambos del PP, respaldan el recurso que el Principado de Asturias (PSOE e IU) prepara ante el Tribunal Supremo para solicitar la nulidad de la concesión del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), que conecta la región con la Meseta.
Las tres comunidades del Noroeste, pese a estar gobernadas por diferentes siglas políticas, comparten intereses en el expediente abierto en la Comisión Europea, que considera irregular la prórroga tanto de la AP-66 como de la AP-9 gallega.
Esta última fue ampliada en circunstancias similares a la autopista asturiana. El peaje del Huerna, aunque afecta en mayor medida a los asturianos, se ubica en territorio leonés.
El Principado, que había solicitado al Consejo de Ministros la revisión de la concesión, activará ahora la vía judicial después de que el Ministerio de Transportes inadmitiera su reclamación, alegando el “tiempo transcurrido” desde la prórroga, aprobada en el año 2000.
El recurso cuenta con el respaldo firme de la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda. “Entendemos y empatizamos con que combatan la misma injusticia y desdén que combatimos nosotros”, señalan fuentes del Ejecutivo gallego.
Además, la Xunta mantiene su propia batalla judicial contra el Gobierno central en relación con la AP-9, cuya gestión aspira a asumir directamente. El presidente gallego anunció en febrero que su Ejecutivo recurrirá ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a facilitar información sobre el expediente europeo, que incluye ambas autopistas. El Ejecutivo central denegó el acceso a los informes, lo que ha motivado el recurso.
Por su parte, el Gobierno de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco en funciones mientras negocia la formación de un nuevo Ejecutivo tras su reciente victoria electoral, también respalda la iniciativa asturiana. No obstante, fuentes de la Junta señalan que siguen a la espera de una respuesta de Transportes a sus propias reclamaciones, algo que, por ahora, no parece inminente.
En cualquier caso, desde Castilla y León destacan la “sintonía” entre las tres comunidades en este asunto. Si Mañueco logra formar Gobierno, su intención es impulsar un nuevo documento conjunto, firmado por los tres presidentes, para exigir al Ministerio que acate el dictamen motivado de la Comisión Europea.
Las tres regiones han reforzado su coordinación en los últimos meses, con una interlocución constante entre las consejerías competentes en infraestructuras, según diversas fuentes. De hecho, los responsables de Movilidad de las tres comunidades remitieron una carta al ministro Óscar Puente en octubre del año pasado que, a día de hoy, sigue sin respuesta.
Por el momento, el Ministerio de Transportes guarda silencio y ha declinado hacer valoraciones sobre la situación de los peajes.
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