Ángel Fernández, CEO de Gestagua: "El AMB está buscando proactivamente que haya más competencia en el sector del agua en Barcelona"

El proceso de contratación pública para adjudicar la concesión para el suministro de agua en ocho ciudades del área de Barcelona sigue su curso. Tras la presentación de ofertas a cargo de seis grupos empresariales, ahora la mesa de contratación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) las ha admitido formalmente por unanimidad, acreditando que ninguno de las licitadores incurre en prohibición de contratar. Entre las empresas pujantes se encuentra Gestión y Técnicas del Agua (Gestagua), que ha acudido al concurso mediante una unión temporal de empresas (UTE) junto a su matriz, la francesa Saur (20%).

En España, junto a Emalsa —la empresa mixta que gestiona el agua en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida—, Gestagua factura 140 millones de euros y da servicio a cerca de 900.000 personas en 50 concesiones, con una presencia mínima en el mercado catalán. Su matriz, Saur, es el tercer operador del ciclo del agua en Francia cuyo negocio supera los 2.300 millones de euros y suma aproximadamente 12.000 empleados en todo el mundo. Detrás de Saur hay tres grandes fondos de inversión: EQT (50%), CVC Capital Partners (25%) —que adquirió la participación de DIF Capital Partners en 2024— y PGGM (25%). "Entre los tres, suman 600.000 millones de fondos bajo gestión, equivalentes al 40% del PIB de España y tres veces más que el tamaño de Aqualia", subraya Ángel Fernández, CEO de Gestagua, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Gestagua se presenta a este concurso sin apenas presencia en el mercado catalán.

Tenemos poca presencia, sí. De momento, una concesión en l'Ampolla (Tarragona) y servicios de contadores digitales en diferentes puntos. Entre ambos representan el 8% de nuestra facturación en España, en torno a 11 millones.

Agbar (Veolia) gestiona el agua de 250 municipios catalanes. Aqualia opera en 241. ¿Con qué activos entra Gestagua en este concurso público?

Bueno, contamos con una gran experiencia previa en otros territorios. Aunque Saur es el tercer operador en Francia, allí somos líderes en gestión del servicio integral del agua de áreas metropolitanas a través de 16 centros de control operacional, que es justo lo que está buscando el AMB (Área Metropolitana de Barcelona). En España contamos con la experiencia público-privada de Emalsa, que junto al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con un 50% cada uno, abastece a 400.000 personas. O el contrato de Fuengirola, que da servicio a más 100.000 habitantes. De todas formas, vemos como una buena oportunidad contar con poco legado.

¿Por qué lo dice?

Agbar ha tenido enfrentamientos políticos, la salida de Ángel Simón de La Caixa... Además, controlan actualmente el 65% del mercado catalán. Depender tanto de una sola empresa no es bueno para nadie. Ni para los ciudadanos, ni para los ayuntamientos. Creemos que el AMB está buscando proactivamente que haya más competencia. En cuanto a Aqualia, es cierto que controla solo el 4% del mercado, pero nosotros contamos con un peso inversor detrás que es tres veces más grande. Aqualia es una empresa industrial. Nosotros somos, fundamentalmente, capital.

¿Que sus accionistas sean fondos de inversión no genera incertidumbre sobre el largo plazo?

No, porque en el sector del agua solo suelen entrar inversores a largo plazo, que dan mucha estabilidad. Y los nuestros lo son. Eso nos convierte en el grupo más potente de todos en cuanto a compromiso de inversión, capacidad financiera, y también en el más digitalizado, con una inversión anual de 30 millones en I+D, cuatro centros de investigación y más de 90 patentes registradas.

¿En qué se traduce eso?

Lo que han hecho todas las empresas del agua es comprar grandes paquetes de 'software' americanos e integrarlos en sus sistemas. Eso, cuando las empresas son tan grandes, cuesta mucho que llegue al terreno y añada valor real. Nosotros llevamos más de 20 años utilizando nuestras propias herramientas digitales y hemos integrado inteligencia artificial (IA) en ellas desde hace seis.

Llaman a esta tecnología propia Blue Sphere.

Sí. Básicamente, es un sistema unificado que permite ver toda la información, de cualquier concesión, desde un mismo sitio, incluyendo el movimiento de vehículos de operarios y la ubicación de activos. Por ejemplo, en la red de distribución española se pierde un 25% del agua entre la captación y la potabilizadora. Nosotros tenemos sensorización en toda la red para detectar fugas rápidamente. Todos los operarios trabajan con tabletas digitales, lo que optimiza sus desplazamientos. También aplicamos IA para bombear solo cuando el consumo energético es óptimo. Y en la red de alcantarillado tenemos también IA para anticipar derrames en episodios de lluvia torrencial y evitar contaminaciones en playas.

Uno de los puntos que valorará el concurso es la solvencia económica. ¿Puede hacer alguna previsión sobre su ejercicio anterior?

Los resultados oficiales de Saur salen en unos días. En Gestagua, en 2024, incrementamos el EBITDA un 75%, con un crecimiento de ingresos del 22%, hasta alcanzar los 140 millones. Para 2025 esperamos un crecimiento de ingresos del 2% y del 8% en EBITDA, quitando extraordinarios. Por territorios, la mitad de nuestra facturación proviene de Emalsa (Canarias), y un 15% de Galicia. En resto está bastante repartido por el territorio.

Actualmente Saur se encuentra en fase de expansión por el que quiere alcanzar una facturación de 4.000 millones para 2030. ¿Hay espacio para crecer en España?

El mercado privado en España existe y es grande. Aproximadamente el 45% de la gestión del agua es privada concesionada, y en torno a un 10%-15% es gestión mixta. Se calcula que un sexto del mercado privado en España está en precario, es decir, son contratos que, como ocurre con los ocho municipios del AMB, han caducado pero que el operador sigue gestionando provisionalmente porque el ayuntamiento no ha sacado aún el nuevo concurso y tarde o temprano tendrán que salir a licitación. Hay muchas oportunidades.

¿Cuál es la meta financiera?

En España el objetivo es pasar de los 140 millones actuales a más de 200 millones en 2030.

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