La regularización de migrantes abre una brecha entre los empresarios, el PP y Junts

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros ha abierto una brecha entre los empresarios y los principales partidos de la derecha. Mientras PP, Junts y Vox han manifestado su rechazo a la medida y, algunos, han prometido una oposición contundente por la vía judicial a la misma, las patronales han aplaudido el proceso, deseosas de incorporar al más de medio millón de personas que podrán obtener permiso de trabajo y entrar a faenar legalmente en diversos sectores con manifiestas necesidades de personal. Especialmente aquellos gremios que peor pagan y en los que parte de esos migrantes potencialmente regularizables ya están operando 'en B'.

No es habitual que entre las fuerzas conservadoras y los empresarios se abran grietas. En Catalunya, el principal partido de la oposición, Junts, y patronales como Foment del Treball o Pimec, suelen mostrar líneas coincidentes en materia de vivienda, mercado laboral o fiscalidad. Hasta el punto de que los posconvergentes han copiado el vocabulario de Foment en materia de impuestos y se refieren puntualmente a Catalunya como un "infierno fiscal" o se han vanagloriado de tumbar en el Congreso medidas que enervaban a los empresarios, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que defendía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Incluso desde el Govern han criticado la excesiva coincidencia de postulados entre Foment -no así Pimec- y Junts en lo relativo al nuevo modelo de financiación autonómica. No obstante, en lo relativo a la regularización los postulados de estos actores difieren. "No es la solución. Lo que se tiene que hacer es gestionar con responsabilidad y valores el fenómeno migratorio. Nosotros hace tiempo que hacemos el discurso de derechos y deberes. Es necesario integrar a todo el mundo, también teniendo en cuenta la lengua, los valores, la cultura. Reclamamos competencias plenas para gestionar la inmigración desde Catalunya", ha declarado este martes desde el Parlament el portavoz de Junts, Salvador Vergés.

Las empresas "necesitan la inmigración como el agua" para "mantener la economía", ha manifestado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, este martes en un acto en Madrid. Las patronales sectoriales del campo, la construcción y la hostelería se han mostrado especialmente entusiastas con el proceso. "La reforma del reglamento de extranjería refuerza la seguridad jurídica y facilita la contratación por parte de las empresas", ha manifestado la patronal vallesana Cecot, mediante un comunicado. "Necesitamos migración para nuestra realidad demográfica, pero debe estar regulada y acompañada de los recursos necessaris", como "políticas activas que permitan a estas personas tener la formación adecuada y una implementación circular de la inmigració", ha manifestado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Reitera su oposición a la regularización masiva de inmigrantes porque va contra el Congreso, que rechazó el decreto, contra las CCAA y ayuntamientos, contra Europa y contra la mayoría de los españoles: “Defendemos firmemente que España tenga una política migratoria legal, ordenada y compatible con la legislación europea, que proteja a los que han llegado a España y, por supuesto, a los españoles”

Oposición en los tribunales

El PP ha amenazado con ir un paso más allá del rechazo y anunció el lunes que presentaría una oposición "jurídica, política y parlamentaria" a una medida que tilda de "barbaridad", en palabras de la vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra. Este martes, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que el PP está "absolutamente en contra" de esta regularización que ha tildado de "irresponsable", "inhumana", "injusta" y contraria al pacto de asilo europeo, como ya denunció en una cumbre del PPE él mismo.

En la misma línea, el senador catalán del PP, Juan Milián, considera que Pedro Sánchez ha actuado sin el aval de las cámaras legislativas españolas, pese a que su partido llegó a votar a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) de la que surge el actual proceso. "Hoy el Gobierno ha aprobado, por real decreto, una regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes, saltándose la decisión del Congreso y del Senado", ha escrito en X.

La que ha sido más explícita ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que la impugnarán ante el Tribunal Supremo debido a que la misma generará un supuesto "colapso" de los servicios públicos. Vox ha emulado dicha línea y el número dos de Santiago Abascal, Ignacio Garriga, también ha anticipado acciones legales del estilo.

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