Un empleado público demanda a la Administración por no dejarle teletrabajar desde Suiza

Un empleado público ha demandado al Govern balear por no dejarle teletrabajar desde Suiza, donde reside su mujer y sus dos hijos de corta edad, para poder conciliar la vida familiar y laboral.

El padre afectado solicita a un juzgado de lo social de Palma que dicte una resolución por la que se le reconozca el derecho a conciliar su vida personal, familiar y laboral teletrabajando tres semanas al mes desde el extranjero y una última semana acudiendo presencialmente a la oficina, ubicada en la capital balear. De manera subsidiaria, pide prestar servicios en forma de semanas alternas, una de teletrabajo y otra presencial.

De hecho, durante los años 2022 y 2023 el empleado pudo teletrabajar en semanas alternas, una en la oficina en Palma y otra en su domicilio familiar, en Suiza, sin ningún problema, cumpliendo con sus funciones y responsabilidades, según su versión. Sin embargo, en febrero de 2024 le denegaron su petición de teletrabajo. En esa época, se vio obligado a solicitar una excedencia voluntaria por cuidado de familiares, para poder encargarse de sus hijos, y también tuvo que recurrir a permisos parentales en 2024 y 2025.

A mediados de noviembre de 2024, pidió el derecho a conciliar su vida familiar y laboral mediante el teletrabajo, pero el Instituto Cartográfico y Geográfico de las Islas Baleares, entidad pública empresarial donde trabaja, que depende de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, no le respondió.

Ante la postura del organismo público, “consistente en no contestar, no negociar de buena fe y, en definitiva, no acceder a ninguna de mis propuestas ni ofrecer contrapropuesta, me veo en la obligación de interponer la presente demanda”, asegura el afectado, un director técnico con más de veinte años de antigüedad en el ente del sector público instrumental del Govern.

El trabajador ha demandado al Instituto Cartográfico y Geográfico y a la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral. También reclama 7.873 euros por daños y perjuicios por el sueldo que ha dejado de ingresar al tener que pedir semanas de permisos parentales en 2024 y 2025, ya que su solicitud de conciliación no ha sido resuelta.

“En nuestro caso no estamos ante una petición irrazonable ni desproporcionada, por cuanto se ha demostrado que el teletrabajo en nuestra empresa ha sido posible en general” y, en particular respecto del empleado afectado, “pues durante mucho tiempo hemos tenido que prestar servicios en forma de teletrabajo, por lo que más si cabe si es para facilitar el derecho a conciliar vida laboral y familiar”, indica la demanda.

El hombre empezó a trabajar en 2004 en el Servicio de Información de Baleares (SITISBA), que luego se convirtió en el Instituto Cartográfico y Geográfico. En 2017 se casó y en años posteriores nacieron sus dos hijos. Su esposa, genetista, microbióloga y doctora en medicina molecular por la universidad de Oxford, estuvo trabajando para unos laboratorios en el Parc Bit de Mallorca, pero en 2020 fue contratada por una empresa farmacéutica suiza.

A finales de 2021, toda la familia se mudó a Suiza debido al crecimiento profesional de la mujer, trabajadora de alta cualificación.

El SITISBA, donde trabajaba el hombre, fue pionero en el teletrabajo. En 2017, años antes de la pandemia, firmó un acuerdo de una experiencia piloto para teletrabajar. Y durante la COVID-19 continuó con el trabajo a distancia.

Semanas alternas

Una vez la familia trasladó su domicilio a Suiza, el empleado pudo teletrabajar por semanas alternas, una en Palma y otra en el extranjero, durante 2022 y 2023. Según reconoce, no era un sistema perfecto, pero le permitía una mínima conciliación. Sus hijos sufrían una ruptura traumática temporal las semanas que no estaba con ellos y su esposa tenía que organizarse y atenderles en exclusiva. Además, hay que añadir un coste adicional en la economía familiar: los billetes de avión, sobre todo, en otoño, invierno y primavera, donde no hay vuelos directos a Ginebra y los precios se disparan a 250 o 300 euros. A ello hay que sumar los trayectos en tren, por lo que el desplazamiento duraba unas cinco horas. Y si el viaje es desde Zúrich el tiempo se alargaba a siete horas.

El demandante, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, subraya que ha acumulado una gran cantidad de horas extras, sin remuneración, en sus semanas presenciales en la oficina y que siempre ha estado disponible e incluso ha trabajado en vacaciones en asuntos urgentes.

En febrero de 2024 le denegaron su tercera solicitud de teletrabajo. Pudo acogerse a otra medida de 18 días de trabajo no presencial cada tres meses, por lo que se vio obligado a pedir permisos parentales y excedencias para poder conciliar, todo ello cobrando menos, según su versión.

En noviembre de 2024 solicitó el derecho a conciliar mediante el teletrabajo. El ente del sector público no le contestó hasta tres meses después cuando le requirió información. Ante la actitud del Instituto, a mediados de 2025 interpuso una demanda judicial, pero desistió cuando le comunicaron que iban a negociar. A finales de 2025, en una reunión rechazaron su pretensión y no realizaron contraofertas, por lo que el afectado considera que no ha habido negociación de buena fe. Por ello, les ha vuelto a demandar.

Suscríbete para seguir leyendo