La desconfianza entre empresas y ayuntamientos frena la colaboración público-privada: "Se nos percibe como extractivos"

Exceso de trabas burocráticas, lentitud administrativa e inseguridad jurídica son algunas de las quejas más repetidas entre las empresas a la administración pública cuando trabajan conjuntamente. En contraposición, en los gobiernos locales suele temerse que el sector privado priorice el beneficio económico al interés general al entrar en los concursos públicos y emprenda prácticas sostenibles "para hacer greenwashing”: "Se nos percibe como extractivos", sintentizó Mar Alarcón, founding partner de la consultora Moodin Policy.

Y es que, para la consultora, esta desconfianza mutua es el principal obstáculo por el que empresas y ayuntamientos no consiguen exprimir el potencial de la colaboración público-privada. Su diagnóstico tuvo lugar en la mesa redonda “Col·laboració público-privada en la gestió municipal”, celebrada este miércoles en el I Fòrum Municipalisme organizado por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica en Viladecans.

“El sector privado muchas veces no entiende la complejidad de la gestión municipal ni la presión social que soportan alcaldes y concejales, especialmente en municipios pequeños, donde gobernar es una tarea ingrata”, dijo ante el resto de ponentes con quienes compartió escenario, como Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona; Xavier Amor, secretario de gobiernos locales de la Generalitat de Catalunya; Humberto López Vilalta, director general de TRAM; y Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Catalunya.

Falta de formación específica

En este contexto, Amor, que ha sido exalcalde de Pineda de Mar durante 17 años, resaltó que el recelo hacia el sector privado muchas veces nace de los propios equipos técnicos o funcionarios, que son quienes tienen que diseñar y ejecutar los contratos de colaboración con empresas privadas en el día a día. “Cuando la colaboración con una empresa sale mal, esa experiencia se generaliza hacia el modelo, no solo hacia la empresa”, apunta Amor. Es decir, una mala experiencia puntual contamina la predisposición del funcionario hacia la colaboración público-privada en general.

Y si esto ocurre es porque, tal y como señala López Vilalta, existe una falta de formación específica para diseñar contratos a largo plazo con el sector privado. “Quien redacta los contratos, la administración, tiene que aprender a tener una visión que no se enseña en ninguna escuela; a mí nadie me ha enseñado cómo se elabora este modelo [de colaboración público-privada], lo aprendí con el tiempo y la experiencia”, reconoce el director del TRAM. En consecuencia, “un funcionario se asusta cuando le hablas de negocios, porque son cosas que no se tratan, y no se dan cuenta de que cualquier contrato, en realidad, es un negocio jurídico”, continúa.

Entonces, ¿qué necesita cada parte de la otra para que el modelo funcione? Las respuestas varían en función de los actores. Así, el sector público pide al privado garantías —de calidad, de plazo, de coste— y eficiencia demostrable. ¿Y el privado? Pues pide a la administración reglas claras o “seguridad jurídica”, indicadores medibles (KPIs, en la jerga financiera) y una correcta asignación de riesgos. “Todo proyecto bien estructurado tiene comprador”, afirmó López Vilalta, para quien resulta imprescindible asignar cada riesgo a quien mejor pueda gestionarlo.

La gestión de la sequía o los 22 años de tranvía, casos de éxito

Más allá de las críticas, los ponentes coincidieron en subrayar que el modelo sí puede funcionar y funciona. Un caso de éxito, para Felipe Campos, de Aigües de Barcelona, fue la gestión de la sequía. “En el peor momento de este episodio reciente, el 25% del agua consumida en el área de Barcelona era agua regenerada”, aseguró, en referencia a un plan diseñado conjuntamente con el Área Metropolitana y la Agència Catalana de l’Aigua.

Y desde su perspectiva social, también resaltó la tarifa social, por la que 68.000 familias en situación de vulnerabilidad tienen protegido el acceso al agua. “El siguiente paso es acompañarlas, con el tercer sector, la Generalitat y los ayuntamientos, para que puedan incorporarse al mundo productivo y no dependan indefinidamente de la protección”, dijo.

Otro caso lo puso Balagué, de Ecoembes, quien recordó que Catalunya cuenta con siete plantas de tratamiento de envases de titularidad privada —de las 96 que hay en todo el Estado—, todas ubicadas en territorio catalán, con altos índices de eficiencia. Explica que ahora el foco está puesto en redactar una nueva licitación para modernizarlas mediante inteligencia artificial (IA) y en reutilizar las infraestructuras existentes para absorber los nuevos flujos de residuos que exigirá la normativa europea, sin tener que implantar nuevas instalaciones con la resistencia vecinal que conllevan.

Por su parte, el delegado de Tram citó como ejemplo los 22 años del tranvía en Barcelona. "Mucha gente asume que la colaboración público-privada es privatización, y no es cierto; la titularidad de la empresa que presta el servicio es totalmente irrelevante para la condición de servicio público", dijo. De este modo, expuso la supervisión activa de la Autoritat del Transport Metropolità y las penalizaciones mensuales por mal servicio como dos de las claves del éxito. "Si le cedes el tema a alguien y le dices 'tú mismo', eso no es colaboración", contrapuso.

Suscríbete para seguir leyendo