Consumo envía cartas a Blackstone y otros grandes caseros avisando de que deben aceptar las prórrogas de sus contratos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes cartas a los principales caseros del país, entre los que figura Blackstone, CaixaBank o CBRE Investment Management, informándoles de que deben aceptar las prórrogas de dos años de sus contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027 que sean solicitadas por sus inquilinos al amparo del último real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

El Ejecutivo aprobó el pasado 20 de marzo una prórroga forzosa de hasta dos ejercicios de los contratos de arrendamiento en vigor y con vencimientos hasta finales del año que viene. Esta norma debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados, donde no cuenta con las mayorías para salir adelante tras el anuncio de Junts de que votará en contra de la medida. A pesar de lo anterior, desde el ala de Sumar el Gobierno está instando a todos los arrendatarios a solicitar la prórroga argumentando que sus efectos no se retrotraen una vez decaiga en la Cámara Baja.

En este sentido, la cartera liderada por Pablo Bustundy ha ido un paso más allá y se ha puesto en contacto con los principales fondos de inversión del país, un total de trece con alrededor de unas 100.000 viviendas bajo gestión, para recordar la obligación que tienen de cumplir con lo recogido en el decreto, aunque siempre que sea solicitado por el ocupante del inmueble. Entre los notificados estarían algunos de los vehículos de Blackstone (Testa Homes y Fidere, principalmente), CaixaBank o Nestar (propiedad de CBRE Investment Management).

En una nota enviada a los medios de comunicación, Consumo ha solicitado a las entidades "la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato", mientras recuerda que "las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias, por lo que se les recuerda la obligación de cumplir estas normas según lo aprobado en el real decreto-ley".

El ministro Bustundy, en declaraciones, ha insistido que estas cartas buscan "aclarar y especificar las condiciones del real decreto-ley de vivienda, que está en vigor, y que incluye la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan hasta finales de 2027 y el tope al 2% de la actualización de las rentas del alquiler hasta entonces". "Lo hacemos para que impere la claridad y esté garantizado el derecho de más de dos millones de compatriotas a prorrogar sus contratos de alquiler y que las actualizaciones de sus rentas están topadas", ha matizado.

Adicionalmente, el llamado a ser nuevo líder de Sumar ha señalado que, "frente a campañas del miedo y argumentos interesados de los lobbies inmobiliarios y quien tiene un interés que esos contratos venzan para multiplicar las rentas del alquiler, el Ministerio de Consumo va a hacer lo necesario para que en condiciones de total claridad el mayor número de inquilinos posibles pueda reclamar la prórroga de sus contratos".

Decreto por la guerra de Irán

La prórroga de dos años de los contratos de alquiler —junto con el 'tope' de subida anual del 2%— fue incluido en el paquete de medidas que diseñó el Ejecutivo como respuesta a la guerra de Irán. Sin embargo, ante la posibilidad de que estas no contasen con el respaldo del Congreso de los Diputados, el Gobierno troceó todo en dos decretos, uno de ellos con las medidas en materia energética, que fue convalidado el jueves pasado con la abstención del Partido Popular (PP) y el voto a favor de Junts. Sin embargo, estos partidos han anunciado que tumbarán el de vivienda, que el ala de Sumar no llevará a la Cámara Baja hasta que se agoten los plazos legales, es decir, cuenta con un máximo de 30 días.

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