Administración Pública
¿En qué administraciones los funcionarios trabajan ya 35 horas a la semana?
La mayoría de comunidades autónomas y una parte importante de ayuntamientos ya operan con la jornada pactada recientemente para la AGE
El Gobierno reducirá la jornada de 250.000 funcionarios a 35 horas semanales a mediados de abril

Funcionarios en sus puestos. / EL PERIÓDICO

El Gobierno ha anunciado que reducirá la jornada laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales este mes de abril. Una mejora horaria que beneficiará a los trabajadores de organismos como el Sepe, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, pero que ya hace tiempo que empleados de otros estamentos, como comunidades autónomas y, en mayor medida, ayuntamientos disfrutan.
Los trabajadores estatales recuperan, tras 14 años, la jornada laboral que practicaban hasta que Mariano Rajoy llegó a la presidencia de España, en 2012. Entonces se aplicó una ampliación horaria para compensar la congelación de nuevas oposiciones. Desde entonces y especialmente en los últimos años son varias las administraciones que han vuelto a las 35 horas semanales, algunos recurriendo a métodos de flexibilidad interna y otros concediendo la rebaja horaria solo a parte de sus efectivos.
Por ejemplo, actualmente en la Diputación de Barcelona, de los 4.286 empleados que tiene en nómina, un total de 1.333 personas, es decir, el 31% de la plantilla, trabaja 35 horas semanales, según datos facilitados por el organismo. En el panorama municipal este tipo de jornada está bastante extendida.
Tanto en ciudades grandes como Terrrasa, capitales de provincia como Tarragona o municipios más pequeños como Banyoles o Roquetes. Desde ciudades relevantes de la AMB, como Santa Coloma de Gramanet o El Prat de Llobregat, hasta limítrofes con otras autonomías, como Amposta o Amer, según datos facilitados por CCOO.
En varios de estos municipios hace años que aplican la reducción horaria, pese a que no había una norma general que lo amparara. Los consistorios han ido pactando con sus empleados fórmulas creativas a este aspecto, cambiando formación por tiempo libre u ofreciendo fórmulas de flexibilidad que se acaban traduciendo en menor carga horaria para parte de la plantilla.
Una de las últimas ciudades que se han sumado a las 35 horas semanales es la capital, Barcelona, que desde febrero la aplica. Un acuerdo histórico que no está exento de polémicas, pues el Ayuntamiento ha descartado ampliaciones de plantilla significativas para compensar la pérdida horaria y empleados consultados del consistorio manifiestan quejas por la falta de previsión organizativa.
La Generalitat sigue en las 37,5 horas
Quien no está en las 35 horas semanales ni tiene previsión, por el momento, de estarlo es la Generalitat de Catalunya. A diferencia de la mayoría de comunidades autónomas, donde progresivamente han ido transitando de vuelta a ese horario durante los últimos años, en Catalunya esto no ha sucedido.
En 2022, el Gobierno y los sindicatos pactaron abrir esta posibilidad a cualquier organismo público que así lo dispusiera. Entonces Catalunya la gobernaba ERC y no consideró una prioridad esta cuestión. La entonces dirección general de función pública realizó una estimación presupuestaria y cuantificó en 530 millones de euros el coste que tendría implantar esta modalidad, ya que para que fuese viable en algunas posiciones ello requeriría contratar a más personal.
ERC lo rechazó entonces y el PSC, quien gobierna hoy, no ha abierto por el momento este 'melón'. Los sindicatos lo ambicionan y confían en que tras el acuerdo a nivel estatal ello les sirva de palanca para negociarlo y tratar de reducir la jornada a partir del año que viene. No obstante, el proyecto de presupuestos de la Generalitat elaborado y posteriormente retirado no contemplaba esta medida en sus números.
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