El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción

El Gobierno quiere impulsar el bombeo hidroeléctrico como una de las mejores opciones para almacenar energía. Y no cesa en su intento de allanar ese camino a través de diversos cambios legislativos. El último, incluido en el Real Decreto-ley por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, pasa por permitir la expropiación de terrenos para construir este tipo de centrales.

En concreto, lo que hace el Ejecutivo es incluir expresamente la declaración de utilidad pública del almacenamiento a través de bombeo y sus infraestructuras asociadas (líneas de evacuación) en la norma aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados. Esto se traduce en que reconoce por ley que la construcción de esta tecnología satisface el interés general, lo cual justifica una expropiación forzosa de terrenos y garantiza que estas infraestructuras se puedan llevar a cabo incluso si existen desacuerdos con los propietarios de los terrenos.

Y lo argumenta porque “a diferencia de otras tecnologías”, este tipo de almacenamiento “debe ubicarse en los lugares donde resulte técnica y ambientalmente factible, no pudiendo desplazarse de ubicación”, lo que motiva una expropiación forzosa.

Para la declaración de utilidad pública de la instalación los promotores deberán presentar una declaración responsable en la que certifiquen haber alcanzado acuerdo sobre la adquisición con los particulares afectados que deberá alcanzar un mínimo correspondiente al 25% de la superficie afectada por el proyecto. "Únicamente se podrá proceder a la expropiación forzosa de unas cantidades mayores de superficie en caso de que la empresa certificara mediante declaración responsable la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los propietarios en el plazo de 12 meses y la instalación hubiese sido declarada como instalación energética estratégica", añade el texto.

Pero esta no es la única medida incluida en el real decreto-ley. El Ejecutivo también ha ampliado el plazo máximo para la construcción de estas instalaciones hasta los 12 años, frente a los 7 años establecidos actualmente. Según algunas fuentes, construir una nueva planta de bombeo supone alrededor de 10 años desde que se inicia el procedimiento administrativo hasta que empieza a funcionar, por lo que muchos promotores descartaban la puesta en marcha de estas instalaciones ante la imposibilidad de cumplir con el plazo de 7 años.

Unificar la tramitación

Por otra parte, para acelerar la tramitación administrativa y reducir los plazos para obtener la autorización de puesta en marcha de estas instalaciones, el Ejecutivo planea unificar el procedimiento de obtención de permisos en el ámbito de la energía y el agua, según se recoge en una consulta pública previa que finaliza el próximo 1 de abril.

En la actualidad, un promotor que quiera construir y explotar una central de bombeo tiene que solicitar múltiples permisos ante distintas administraciones. Entre ellas, la concesión de uso para almacenamiento hidráulico de energía ante la Dirección General del Agua y la autorización administrativa previo, de construcción y explotación ante la Dirección General de Política Energética y Minas o la evaluación de impacto ambiental favorable, otorgada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

La tramitación de todas estas autorizaciones requiere de trámites como la información pública y las consultas a otras administraciones, cada una en su propio procedimiento reglado, de forma que lo que el Ejecutivo pretende es desarrollar un procedimiento unificado, que integre la parte sustantiva, la de evaluación ambiental y la de concesión de aguas.

Además, plantea coordinar la concesión para el uso del agua y los permisos de acceso y conexión a la red para que el proyecto de almacenamiento hidráulico de energía que obtenga la reserva de capacidad de acceso en un nudo concreto de la red de transporte de energía eléctrica, sea quien obtenga a su vez la concesión de aguas, para posteriormente solicitar las autorizaciones administrativas pertinentes y la evaluación ambiental del proyecto.

Proyectos en marcha

La hoja de ruta española en materia energética –el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)- incorpora el objetivo de alcanzar 22,5 GW de potencia instalada de almacenamiento en 2030. Y entre las distintas tecnologías destaca el almacenamiento hidráulico mediante centrales reversibles, por su elevada capacidad para almacenar energía y por la flexibilidad en su operación. A diferencia de lo que ocurre con las baterías, el bombeo sirve para almacenar energía de forma estacional. Es decir, acumular el recurso en los momentos de baja demanda como el verano para utilizarlos en épocas de más consumo, como el invierno.

España cuenta con 8 gigavatios (GW) de almacenamiento, de baterías o bombeo, y “hay ya propuestas encima de la mesa para ampliar el parque” de esta tecnología, según afirmó esta semana la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia en la comisión de investigación por el apagón. En concreto, cifró en 7 GW lo proyectos de almacenamiento en desarrollo a través de distintos mecanismos de ayudas, como los fondos FEDER o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un ejemplo es la ampliación de la central de bombeo Aguayo II de Repsol en Cantabria, que actualmente cuenta con una potencia de 361 megavatios (MW) y que prevé extender hasta los 1,4 gigavatios (GW) o los proyectos de centrales de Naturgy en Galicia: Albarellos (entre los ayuntamientos de Avión, Leiro y Carballeda de Avia), con una capacidad instalada de 374 MW; Belesar III, en Chantada (Lugo), con una capacidad instalada de 215 MW, y Filgueira, en Crecente (Pontevedra), con una capacidad instalada de 485 MW.

También, un proyecto de 356,8 megavatios (MW) de Villar Mir en Granada; otro conocido como Navaleo, en León, que prevé transformar antiguas minas de carbón en una central de bombeo reversible, o la central de La Baells que impulsan Verbund y Capital Energy en Catalunya.

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