Las comercializadoras eléctricas piden al Gobierno trasladar el coste del 'seguro antiapagones' a la parte regulada del recibo de la luz

Las principales comercializadoras de electricidad de la Península Ibérica han mostrado su "profunda preocupación" por el impacto que tiene sobre su actividad el coste del 'seguro antiapagones', agravado en el caso español tras el 28 de abril de 2025. Y han pedido al Gobierno (español y portugués) financiarlo a través de los costes regulados del recibo de la luz.

En una misiva a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, enviada a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y a su homóloga portuguesa, Maria da Graça Carvalho, y firmada por grandes empresas como Iberdrola o la patronal del sector, ACIE, entre otras, se advierte de que "en los últimos años se ha observado un incremento particularmente acentuado y no previsto" de los costes de los llamados servicios de ajuste.

Y agrega que entre los distintos componentes de estos servicios son las restricciones técnicas "el principal factor de incertidumbre, presentando variaciones de magnitud significativa e imposible anticipación". El mercado de restricciones técnicas se basa en que Red Eléctrica pide a las centrales eléctricas que dejen de producir, si se prevén sobreofertas, o que aumenten su producción, si hay un pico de consumo.

Hasta hace dos años, el coste de estos servicios era casi imperceptible para el usuario, pero en los últimos años se ha disparado hasta alrededor de 15 euros por megavatio-hora. La razón es que las renovables son tecnologías no gestionables y descentralizadas, de forma que su imprevisibilidad es mucho mayor que la de otras centrales convencionales, por lo que requieren que la energía programada por seguridad, para evitar apagones, sea más elevada.

"Esta situación se ha agravado en España por la denominada operación reforzada, tras el cero energético de abril de 2025, y en Portugal por la gestión excepcional del sistema resultante de la tempestad Kristin. Esto ha añadido unos costes temporales y extraordinarios de elevada magnitud", añade la carta. En febrero, los servicios de ajuste han marcado un nuevo récord, al ascender hasta los 26,5 euros por megavatio-hora, de los cuales 22,1 euros fueron debido a restricciones técnicas. Esta cantidad se añade al precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ese mes fue de 18,1 euros por megavatio-hora, lo que llevó el precio total de la electricidad hasta los 42,6 euros.

El problema es que las comercializadoras elaboran sus ofertas comerciales a precio fijo sobre la base de una previsión de precios de la energía, que hasta ahora tenía en cuenta el precio del mercado mayorista más algún ajuse, pero ahora les resulta "técnicamente imposible anticipar o internalizar ese coste (de los servicios de ajuste)". "Esta exposición imprevisible induce primas de riesgo cada vez más elevadas en las ofertas comerciales, con un impacto directo en los precios ofrecidos a los consumidores y, en algunos casos, provocando la retirada de oferta en segmentos de mercado especialmente sensibles al riesgo", añaden en la carta.

Y, por ello, reclaman "evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar una recuperación más estable y previsible de estos costes del sistema, en concreto a través de la fijación de un coste regulado (vía cargos del sistema, o a través de un mecanismo tarifario de naturaleza equivalente), tal y como se hace en la gran mayoría de los países europeos". Además, piden hacerlo de forma simultánea en España y Portugal teniendo en cuenta "la elevada integración" entre ambos sistemas.

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