El Gobierno aprovecha el decreto anticrisis para lanzar otro salvavidas a cientos de plantas renovables

El Gobierno ha incluido en el ‘macrodecreto’ de medidas contra la crisis provocada por la guerra en Oriente Medio una batería de actuaciones para impulsar la soberanía energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El objetivo es estar aún mejor preparados para las próximas crisis energéticas y para ello, entre otras materias, se habilitan multitud de reformas para allanar el despliegue de nuevas renovables.

Como parte de ese empujón a las energías verdes, el Ejecutivo vuelve a lanzar un ‘salvavidas’ a cientos de plantas renovables en construcción o en proyecto y les da más tiempo para cumplir la obligación de empezar a funcionar y no perder el codiciado derecho de conexión a la red tras años de tramitaciones. En los últimos años el Gobierno ha ido ya dando varias prórrogas y ha ido suavizando exigencias para evitar la caída de cientos de proyectos fotovoltaicos y eólicos y salvar inversiones millonarias ya realizadas. Ahora sale de nuevo al rescate.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, aprovecha el decreto ‘anticrisis’ aprobado el pasado viernes para volver a ampliar el plazo en el que estos proyectos deben disponer de la autorización definitiva de explotación y lo alarga otros dos años, hasta finales de 2030. Tras las múltiples prórrogas de los últimos años, los promotores de estas plantas dispondrán de hasta 10 años para completar toda la tramitación de los proyectos desde que iniciaron el papeleo burocrático.

Elegir de nuevo cuándo funcionar

Las compañías impulsoras de estos proyectos verdes tienen que elegir de manera previa el semestre en que se comprometen a completar la tramitación y tener en marcha las instalaciones. Y con el nuevo retoque normativo, dispondrán de otra oportunidad para cambiar el semestre de puesta en funcionamiento de la planta, de ahora hasta la segunda mitad de 2030. Se da de nuevo la oportunidad de retrasar el semestre en que el parque eólico o solar estará funcionando. Pero frente a la tentación que puedan tener los promotores de acumular todos los proyectos en 2030 para garantizarse el cumplimiento, el Gobierno no permitirá que las plantas puedan funcionar con anterioridad al semestre seleccionado.

“Una vez otorgada la extensión de plazo, no será posible el otorgamiento de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica por parte del órgano competente con anterioridad al inicio del semestre comprometido en la solicitud y que será indicado en la propia resolución de extensión de plazo”, se establece en el real decreto-ley.

El Gobierno ya intentó aprovechar el año pasado el ‘macrodecreto’ con medidas tras el gran apagón para lanzar un balón de oxígeno al sector de las renovables. El Ejecutivo incluyó entonces en la norma una reforma legal para salvar ‘in extremis’ decenas de plantas solares y eólicas que estaban en riesgo inminente de decaer por no llegar a tiempo para cumplir los plazos obligatorios para estar funcionando. El Congreso acabó tumbando ese real decreto, pero muchas plantas renovables consiguieron beneficiarse de la prórroga de hasta tres años y de la flexibilidad de los plazos con una maniobra exprés, solicitando acogerse a los cambios durante el mes en que la normativa estuvo vigente antes de decaer.

Obligación de ‘compartir’ parte de los beneficios

El Gobierno busca combatir el rechazo social que está generando el despliegue de nuevas renovables en algunas zonas de España. El real decreto-ley ‘anticrisis’ incluye una reforma legal que establece la “obligación” de las instalaciones renovables de gran tamaño (con una conexión a la red con una tensión de más de 132 kilovoltios) de compartir parte de sus beneficios con el territorio en que están asentadas.

Transición Ecológica establece que estas plantas renovables “deberán trasladar, directa o indirectamente, una parte de los beneficios de los proyectos a los ciudadanos y comunidades locales en las proximidades de dichos proyecto”. A la espera de una orden ministerial en que se desarrollarán las condiciones y criterios para valorar que se está cumpliendo esta obligación, sí que se sentencia que compartir beneficios no puede ser sólo pagar los impuestos. “En ningún caso podrá entenderse como beneficio el mero cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cotización. Además, la norma marca que los mecanismos y proyectos para trasladar dichos beneficios deberán contar con procesos de participación ciudadana y estar abiertos a la participación de los ayuntamientos de los municipios afectados.

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