El Govern refuerza el control del alquiler con más transparencia, cruce de datos y sanciones más duras
La Generalitat sancionará con multas de entre 6.000 y 12.000 euros a quienes no informen correctamente del precio de la renta
Promoción de pisos en Barcelona. / JORDI OTIX
Por qué confiar en El Periódico El Consell Executiu del Govern ha aprobado este martes un bloque de medidas urgentes en política de vivienda y urbanismo, incluidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat que finalmente retiró el Ejecutivo para darse margen para negociar con ERC.
El eje central refuerza la transparencia informativa en los contratos de alquiler, blindado por ley obligaciones que se han ido desplegando en materia de vivienda. Los propietarios de pisos para alquilar deberán informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar según la zona donde esté ubicada la vivienda y si dicho piso es de un gran arrendador o no.
No informar correctamente del precio en anuncios u ofertas de alquiler, juntamente con el importe máximo del alquiler que resulta de aplicar el índice, así como el precio de los últimos cinco años, será motivo de sanción. No cumplir con estas obligaciones en materia informativa será considerado como infracción grave, lo que implicará una sanción de entre 6.000 y 12.000 euros, tal como está recogido en la ley de vivienda de 2007.
Para blindar el control, administraciones como Hacienda, ayuntamientos y organismos de vivienda cruzarán datos con el Institut Català del Sòl; se extenderá el régimen sancionador a locales comerciales, oficinas y almacenes, más sus servicios asociados; y se exigirá depositar fianzas en el Registro junto al contrato que justifique el precio por índice. Todo ello busca aumentar el control, erradicar el fraude, forzar el cumplimiento y eliminar prácticas abusivas en un mercado tensionado.
Plataforma urbanística
El urbanismo también acelera con la creación de una herramienta digital con validez legal para consultar datos homogéneos a escala 1:1000 en suelo urbano. Se desbloquean suelos no consolidados para obras y usos provisionales, flexibilizando planeamientos para regularizar edificios irregulares sin alterar densidad residencial, intensidad de usos ni reservas mínimas.
Finalmente, se autoriza incrementar el número de viviendas de protección oficial sin elevar la edificabilidad total, garantizando precios asequibles en el mercado final. Y, de forma excepcional y transitoria, en áreas de mercado residencial tensionado el Govern permitirá implantar viviendas de protección pública en suelos clasificados como terciarios, inyectando oferta clave donde más se necesita.
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