Menos impuestos para transportistas, refuerzo de buses escolares y ayudas a familias: estas son las medidas 'antiinflación' del Govern

El Govern ha aprobado este martes en su Consell Executiu un paquete de 400 millones de euros para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El president Salvador Illa moviliza recursos para complementar las ayudas que ha dispuesto el Gobierno de Pedro Sánchez y estos incluirán más fondos para costear buses escolares, créditos para incentivar a empresas a que renueven sus flotas con vehículos eléctricos y ayudas para familias vulnerables, entre otros.

La Generalitat de Catalunya ha puesto encima de la mesa un presupuesto de hasta 400 millones de euros, la gran mayoría vía crédito y a expensas de finalmente cuál es el monto que se acaba ejecutando. El año pasado, ante los aranceles impuestos por Donald Trump, habilitó 1.500 millones a través del 'Pla Responem'. A día de hoy, de ese presupuesto solo se han consumido 30 millones de euros, un 2%.

La Generalitat extiende las subvenciones a la apertura de filiales en el extranjero o incluye dentro del paquete de ayudas varias partidas ordinarias de gasto, como algunas previstas para apoyar al sector agrícola, entre otros. Por ejemplo, de la convocatoria de ayudas para la instalación de sistemas de protección de los cultivos de árboles frutales. O medidas que ya tenía entre sus prioridades y que no implicarán gasto adicional, como la promesa de simplificar los procedimientos para las licencias de autoconsumo y así facilitar su implantación.

Ayudas al transporte

Illa reaprovecha parte de esos fondos y habilita de nuevos para tratar de amortiguar, primeramente, el incremento de precios del combustible que, tras un mes de misiles en Oriente Próximo, ya notan los catalanes cada vez que van a la gasolinera. Una medida en este sentido será eximir temporalmente de la tributación del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica de categoría N1, es decir, furgonetas de reparto, vehículos comerciales o pequeños camiones ligeros. Este tipo de impuestos rondan entre los ocho y los 35 euros anuales por vehículo.

Más concretamente, un colectivo de transportistas que será objeto particular de ayudas serán los "pequeños transportistas, autónomos y pequeñas y medias explotaciones agrarias afectados por el incremento de precios del carburante". A estos se les promete una línea de ayudas directas, si bien desde el Govern todavía no han concretado su magnitud.

Otro colectivo que se ha visto impactado directamente por el encarecimiento de precios de los carburantes son las empresas de buses escolares, que llevan y traen a los niños a escuela. La Generalitat se compromete a incrementar su aportación económica a los contratos ya firmados para mantener las líneas y que las compañías que gestionan estos servicios puedan repercutirle parte de los incrementos de precios que les supone llenar el depósito del autobús para poder hacer la ruta.

En este sentido, el Govern atiende a las peticiones que le hicieron llegar desde las patronales y se aviene a agilizar el pago a las empresas operadoras de transporte por carretera, aunque sin mayores concreciones.

30 millones para las familias

La energía es un bien no sustituible, es decir, si se encarece, las personas no pueden recurrir a otro más barato para compensarlo. Lo que implica que cuando suben los precios de la energía, quien más lo sufre es el más vulnerable. Bajo este prisma, el Govern ha prometido que de los 400 millones de euros movilizados, unos 30 millones (el 7,5% del total) irán directamente a familias vulnerables.

La administración catalana ha anunciado una línea de ayudas para paliar las "las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en el Oriente Medio". Fuentes de la conselleria de Economia, responsable de gestionarlas, ha declinado, a preguntas de este medio, dar por el momento más detalles sobre cómo serán estas ayudas, de qué importe, quién podrá solicitarlas y cuándo se abonarán.

La mayoría de fondos anunciados se articularán vía crédito, es decir, las empresas beneficiarias deberán devolver el dinero, pero podrán acceder a la financiación a un coste por debajo de mercado. El Govern ofrecerá bonificación de tipo de interés del 1,5% y préstamos con condiciones preferentes para autónomos y empresas afectadas por la crisis de Irán. El ICF y el Departament de Economia podrán encima de la mesa hasta 216 millones de euros en créditos, algo más de la mitad del total de fondos movilizados.

Las patronales aplauden

Las patronales han aplaudido las medidas. Pimec ha emitido un comunicado en el que valora positivamente los anuncios, que se complementan con las ayudas estatales, pero también considera "que, tanto en el ámbito estatal como autonómico, las actuaciones adoptadas hasta ahora son insuficientes para compensar el elevado coste energético que continúan soportando las pymes".

Foment del Treball, por su parte, ha destacado "la oportunidad y la celeridad en la toma de decisiones", ha valorado "positivamente las iniciativas" y "omo elemento crítico", ha señalado que "una parte relevante de las medidas anunciadas se basa en instrumentos de financiación y acceso al crédito, que si bien son útiles en determinados contextos, no siempre responden a las necesidades inmediatas de los sectores más afectados. En situaciones de fuerte impacto sobre costes y márgenes, muchas actividades no requieren más endeudamiento, sino ayudas directas que permitan sostener la actividad y evitar pérdidas estructurales".

Más control de los alquileres

El Consell Executiu ha validado este martes medidas adicionales a las contempladas para hacer frente a la guerra de Irán, pero que también pueden impactar directamente en el boslillo de los ciudadanos. Es el caso de las novedades en materia de alquiler, incluidas estas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat que finalmente retiró el Ejecutivo para darse margen para negociar con ERC.

El Govern quiere reforzar la transparencia informativa en los contratos de alquiler, blindado por ley obligaciones que se han ido desplegando en materia de vivienda. Los propietarios de pisos para alquilar deberán informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar según la zona donde esté ubicada la vivienda y si dicho piso es de un gran arrendador o no.

No informar correctamente del precio en anuncios u ofertas de alquiler, juntamente con el importe máximo del alquiler que resulta de aplicar el índice, así como el precio de los últimos cinco años, será motivo de sanción. No cumplir con estas obligaciones en materia informativa será considerado como infracción grave, lo que implicará una sanción de entre 6.000 y 12.000 euros, tal como está recogido en la ley de vivienda de 2007.

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