El Gobierno activa un plan contra la especulación con una expulsión masiva de proyectos ‘fantasma’ de las redes eléctricas

El Gobierno lanza una nueva cruzada contra las prácticas especulativas y los proyectos ‘fantasma’ que están agravando el problema de saturación las redes eléctricas. El Ejecutivo aprovechará uno de los dos reales decretos-ley de medidas ‘anticrisis’ aprobados este viernes para incluir un plan para reducir la acaparamiento de permisos para conectarse a la red por parte de proyectos que no son reales, pero que tienen reservados el derecho para enchufarse e impiden el acceso de otras iniciativas industriales que sí pueden materializarse.

Los datos desvelados por Red Eléctrica de España (gestor de la red de transporte de alta tensión) y por las grandes energéticas (responsables de las redes de distribución, las que llegan hasta la puerta de las viviendas de los clientes) confirman la falta de capacidad en gran parte de sus infraestructuras y la dificultad para atender el aluvión de peticiones de la industria y de grandes tecnológicas para conectarse. El Gobierno ya había advertido que muchos de los proyectos con permiso de conexión a las redes son especulativos. Ahora toma medidas para intentar echarlos y hacer hueco a otros proyectos.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se asume que las redes están infrautilizadas desde el punto de vista estrictamente eléctrica (tienen capacidad para mover cada día mucha más energía) pero están saturadas en lo administrativo (porque mucha capacidad está reservada, pero no se utiliza realmente). Para acabar con este escenario que el Ejecutivo entiende que es consecuencia de prácticas especulativas (que tienen por objetivo acabar revendiendo los derechos de conexión), se activan medidas para poder echar los acaparadores.

Dar 'fe de vida' casi cada año

Hasta ahora, una vez que un proyecto industrial obtenía el permiso para conectarse a la red dispone de un plazo de cinco años para ponerse en marcha antes de perder ese derecho. El real decreto-ley aprobado por el Gobierno establece nuevas exigencias de cumplimiento de hitos intermedios, teniendo que demostrar avances en la puesta en marcha al año, a los tres años, a los cuatro años… y si no los cumple perderá el permiso de acceso a la red.

Además, Transición Ecológica a partir de ahora también cambiará por completo el modelo económico de acceso a la red para desincentivar los comportamientos especulativos. Hasta el momento, los proyectos pequeños con un potencial eléctrico de menos de 36 kilovoltios (kV) podían reservar acceso a la red de manera gratuito y los proyectos por encima de esa tensión debían pagar un aval, que sólo perdían al cumplirse el plazo de 5 años previsto.

El Gobierno exigirá desde ahora pagos crecientes a modo de prestación por tener reservada la red. Los proyectos con permiso de acceso pagarán cada vez más según pasan los meses desde su obtención, como si se tratara de un abono anticipado de los peajes por uso real de las redes de transporte y de distribución. No están utilizando realmente las redes, pero pagarán por tenerla reserva y porque no la pueden utilizar otros.

En realidad se trata de un adelanto de lo que acabarán pagando si utilizan realmente la red cuando se ponga en marcha el proyecto industria. El 100% de lo que paguen para el primer año y el 80% de lo que paguen en los años siguientes por este concepto servirá para ir generando una especie de “mochila” con la que podrán ir generando ahorros en los peajes durante los siguientes años una vez el proyecto se conecta y empieza a consumir energía de la red. Si el proyecto es especulativo esos pagos no los recuperará, si la iniciativa es real y acaba funcionando recuperarán esos pagos adelantados. Si el proyecto finalmente renuncia al acceso y no se pone en marcha, no recupera las aportaciones.

Una 'amnistía' de tres meses

El objetivo es que los especuladores renuncien voluntariamente a seguir acaparando permisos de conexión a la red y que se libere una gran cantidad de capacidad de acceso a las redes que ahora está sin utilizarse. Para ellos, el Gobierno dará una suerte de ‘amnistía’ temporal para que durante tres meses las compañías con autorizaciones para conectarse a la red puedan renunciar a ellas antes de que se les aplique la nueva regulación.

En paralelo, el Gobierno y las comunidades autónomas podrán disponer cada seis meses de un informe detallado sobre la cantidad de accesos concedidos, sobre los tipos de proyectos que los han conseguido y sobre el punto exacto de conexión previsto para tener un conocimiento cierto sobre el estado de saturación de las redes y sobre el perfil de los adjudicatarios en todos los territorios. Asimismo, el Gobierno creará un comité de proyectos estratégicos para determinar qué iniciativas han de considerarse como tales (grandes gigafactorias, proyectos industriales relevantes…) y se les debe dar prioridad para conectarse a la red.

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