Todas las medidas del plan 'anticrisis': de las rebajas del IVA de combustibles, luz y gas a vigilar beneficios excesivos de las energéticas

Con más sobresaltos de lo esperado por el choque entre los dos socios de Gobierno, el Consejo de Ministros extraordinario aprobó un paquete de medidas para mitigar los impactos económicos provocados por la guerra en Oriente Medio. Un paquete integral con actuaciones coyunturales y urgentes (separadas en dos reales decretos, uno de ellos específico para iniciativas relativas a vivienda, como exigía Sumar) y con reformas estructurales para potenciar la transición ecológica y la soberanía energética. Un ‘macroplán’ con medidas con un coste de 5.000 millones de euros para proteger a ciudadanos y empresas frente a las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio.

• Rebajas fiscales en combustibles, luz y gas

El Gobierno concederá una rebaja del 21% al 10% del IVA que se aplica a los combustibles (gasolina y gasóleo), a la electricidad, al gas natural y también a productos de calefacción como pellets o leña, con el objetivo de frenar la escalada de precios. El plan también incluye una rebaja al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de los hidrocarburos para gasolina y diésel. Para bajar el coste de la factura eléctrica, adicionalmente se suspenderá temporalmente el impuesto del 7% a la producción de electricidad y la reducción del impuesto especial de la electricidad (desde el 5,11% actual al 0,5%). También se congelará el precio máximo de la bombona de butano y propano. Todas las rebajas fiscales estarán vigentes, en principio, hasta el 30 de junio, pero pueden desactivarse incluso un mes antes si los precios no suben mucho.

• Descuentos de 20 céntimos para el gasóleo profesional

El Ejecutivo ha descartado recuperar los descuentos generalizados de 20 céntimos por litro de combustible que aplicó en la pasada crisis energética. Sin embargo, sí que se aplicará rebajas de 20 céntimos por litro de carburante para los profesionales de sectores especialmente afectados, como el transporte, agricultura, ganadería y pesca. Y también se concederán ayudas equivalentes en la compra de fertilizantes.

• Vigilancia reforzada sobre los beneficios de las energéticas

Se refuerza el poder de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para supervisar y sancionar a “las empresas que aprovechen esta crisis y las ayudas que reciban para enriquecerse”, ha dicho el presidente Sánchez. El objetivo es reforzar la vigilancia sobre la evolución de los márgenes singularmente de las energéticas, y más específicamente de las del sector de los carburantes, para evitar crecimientos desproporcionados.

• Prohibición de despedir a empresas con ayudas

El plan incluye que las empresas que se beneficien de las ayudas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Irán no podrán acometer despidos objetivos. También se adelanta un año la entrada en vigor de la obligación de empresas y entidades públicas de mayor tamaño de tener un plan de movilidad sostenible al trabajo y amplía esta obligación a empresas privadas que se beneficien de las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la crisis. De esta forma, estas compañías tendrán que tener antes de finales de este año un plan de movilidad sostenible al trabajo si cuentan con más de 200 trabajadores o 100 por turno.

• Deducciones en el IRPF a los hogares que apuesten por lo verde

El plan del Gobierno contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables y también para la instalación de placas solares de autoconsumo, puntos de recarga y bombas de calor, así como nuevas ayudas para la climatización de edificios o el impulso de las inversiones en renovables y en almacenamiento (baterías). En el Impuesto de Sociedades se recoge la libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan a equipos con combustibles fósiles. Y también se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta un en un 50% el IBI para las viviendas que instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.

• Refuerzo del bono social

El Gobierno refuerza el bono social eléctrico, con incrementos hasta fin de año de los descuentos que reciben los beneficiarios (con rebajas en la factura que pasan del 35% actual al 42,5% en el caso de los consumidores vulnerables y del 50% al 57,5% para los vulnerables severos) y también mejorará el bono social térmico (incrementando la ayuda mínima a 50 euros por hogar). El escudo social que arma el Gobierno también contempla la prohibición de cortes de suministros básicos (energía y agua) a consumidores vulnerables.

• Ayudas a la factura de luz de gran industria

Se reactiva la bonificación del 80% de los peajes de acceso que pagan en su factura eléctrica las compañías de la industria electrointensiva (con un altísimo consumo de luz), con un ahorro estimado para las compañías de en torno a 200 millones de euros.

• Topes y prórroga de los contratos de alquiler

En un segundo real decreto ley -que el presidente Sánchez ha indicado hasta en tres ocasiones que no cuenta con los apoyos parlamentarios para ser convalidado en el Congreso- incluye medidas para regular el mercado de la vivienda. La primera un tope al precio de los alquileres si toca renovarlos ahora, con una subida máxima del 2%. Desde Sumar se ha apuntado que el real decreto-ley incluye también una medida inédita hasta el momento, una prórroga de dos años a los contratos en alquiler que finalicen de aquí hasta finales de 2027.

• Impulso al autoconsumo

La norma también busca dar un nuevo impulso al autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, o habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas. También se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico; regula nuevas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) y fija tramitaciones preferentes para los proyectos que se implante en ellas y los que se consideren estratégicos.

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