Investigación en la Audiencia Nacional
La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por contratar a Villarejo
El ministerio público reclama también 174 años para el comisario jubilado y una multa para el banco de 180 millones
Francisco González / EFE
Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por su presunta implicación en la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.
En su escrito de acusación, presentado el pasado 10 de marzo, el ministerio público solicita para González cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, lo que eleva la suma total hasta los 173 años de prisión. Anticorrupción considera que estos delitos deben computarse de forma individual, ya que no admiten la figura de delito continuado.
174 años de prisión para Villarejo
Junto a la petición contra el exbanquero, la Fiscalía Anticorrupción pide 174 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien atribuye los mismos delitos con la agravante de su condición de funcionario público en el momento de los hechos.
José Manuel Villarejo, a la llegada a la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio a los Pujol. / José Luis Roca
El escrito de acusación se dirige contra un total de 12 ex altos directivos del banco y antiguos mandos policiales, en una causa en la que también está imputado el propio BBVA como persona jurídica. Para la entidad financiera, el ministerio público solicita una sanción económica de 184 millones de euros, derivada de los delitos de cohecho y revelación de secretos.
Entre los exdirectivos destacan los casos del ex jefe de Seguridad de la entidad financiera Julio Corrochano, que se enfrenta a una petición de cárcel por parte del Ministerio Fiscal de 243 años de prisión; el ex director de Riesgos de BBVA y expresidente de DCN (Distrito Castellana Chamartín) Antonio Béjar (22 años de cárcel), los exjefes de los Servicios Jurídicos del banco Eduardo Arbizu (24 años de cárcel) y José Manuel García Crespo (22 años de prisión); el ex director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos de BBVA Eduardo Ortega Martín (23 años y 6 meses) y el exdirectivo Óscar Santos Touche (21 años de prisión).
Anticorrupción también solicita 173 años y cuatro meses para Rafael Redondo, el exsocio de Villarejo en la empresa Cenyt; y 43 años para el expolicía Antonio Bonilla.
Fuentes de la Fiscalía explican a este diario que pese a lo abultado de las penas, el límite de cumplimiento de las penas de prisión es el triple de la más grave, por lo que en el caso, por ejemplo, de Francisco González, de ser condenado por todos los delitos, únicamente cumpliría un máximo de 15 años, pues el delito de mayor relevancia, el de cohecho activo, es de 5 años.
Entre 2004 y 2016
La investigación se centra en los contratos suscritos entre 2004 y 2016 con empresas vinculadas a Villarejo, a las que el banco habría recurrido para obtener información confidencial en distintos conflictos empresariales. La Audiencia Nacional ya avaló el pasado febrero la apertura de juicio oral contra el expresidente de la entidad y el propio banco, al considerar que existen indicios suficientes para juzgar los hechos.
Los magistrados llegaron a la conclusión de la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos, pues sostienen que sabía que la información que suministró Villarejo se obtuvo "sin respetar la legalidad, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal".
La Fiscalía también solicita el archivo de la causa para el exconsejero delegado Ángel Cano, una decisión que contrasta con la posición mantenida hasta ahora por el ministerio público respecto al conjunto de investigados.
El presidente de Ausbanc Luis Pineda interpuso en 2019 una querella contra González y Villarejo por organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental, al entender que el exbanquero contrató los servicios del alto mando policial para ‘destruirle’ por los éxitos judiciales que estaba consiguiendo en beneficio de los consumidores.
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