El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves

El Ministerio de Trabajo ha abierto a audiencia pública su anteproyecto de ley para la prevención de riesgos laborales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, plantea, entre otros, que los trabajadores pasen un reconocimiento médico cuando sean contratados y entren a trabajar en una nueva empresa o cuando ya estén en nómina de la misma, pero se reincorporen de una baja prolongada. La compañía estará obligada a ofrecer un examen, algo que ahora no ocurre, si bien el empleado podrá negarse aduciendo su derecho a la intimidad.

Díaz ha pactado con los sindicatos y contra el criterio de la patronal una serie de cambios para minimizar los accidentes de trabajo y estos ahora enfilan el trámite parlamentario. Tardarán todavía unos meses en entrar en vigor, siempre y cuando el Gobierno logre atar los apoyos suficientes en el Congreso. El borrador expuesto a información pública puede sufrir cambios durante esa negociación con los partidos, pero a día de hoy estos son los principales cambios que plantea.

Reconocimiento médico obligado

La nueva ley de prevención de riesgos laborales plantea que todos los empleados pasen obligatoriamente un reconocimiento médico en el momento en el que sean contratados y se incorporen a un nuevo puesto de trabajo. "La vigilancia de la salud individual comprenderá, al menos, la realización de pruebas y exámenes sanitarios específicos efectuados, de acuerdo con los protocolos u otros procedimientos existentes, con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesta la persona trabajadora. Esta vigilancia se llevará a cabo al inicio de la relación laboral, periódicamente y tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud", reza el artículo 22 de la nueva norma.

No obstante, la norma también contempla que los empleados puedan rechazar someterse a dichas pruebas médicas y estas solo sean 100% obligatorias cuando las mismas sean imprescindibles para verifcar que el estado de salud del trabajador no supone un peligro para sí mismo, para otros o para la empresa. La información médica recabada será confidencial, si bien la empresa deberá notificarla a sus responsables de salud laboral para adaptar, en consecuencia, los puestos de trabajo. Actualmente, las empresas no están obligadas a ofrecer pruebas médicas, por norma, a sus empleados y estas no son habituales.

Perspectiva de género y salud mental

El acuerdo cerrado entre Trabajo y los sindicatos pretende incorporar dos perspectivas dentro de los protocolos de vigilancia de la salud en las empresas. Por un lado, la de género, con la obligación por parte de las compañías de especificar qué medidas de protección son necesarias si el puesto lo ocupa un hombre o si el mismo lo ocupa una mujer. "Integrar las perspectivas de género y de edad en la gestión preventiva, así como cuantas otras puedan dar lugar a una desigual exposición a los riesgos laborales o a un mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras", recoge el borrador.

La norma también reformula varios elementos de la ley para hacer mención específica a los riesgos psicosociales y de salud mental. Las bajas derivadas de estas patologías se han disparado en los últimos años, si bien los sindicatos siguen denunciando que están infradiagnosticadas y parte de ellas infrareconocidas como de origen profesional.

Agentes territoriales

El Ministerio de Trabajo ha definido la figura del agente territorial, una vieja reivindicación de los sindicatos. Este sería un técnico vinculado a las centrales que vaya visitando empresas en un ámbito territorial concreto para supervisar que cumplen con la normativa. Les sugiera mejoras o correcciones y si no lo hacen, pueda informar a la Inspección de Trabajo. Esta figura y sus obligaciones deberán ser consensuada entre las patronales y sindicatos más representativos en cada comunidad autónoma.

Otro elemento que incorpora el borrador es la posibilidad de dar formación bonificada a las empresas de hasta 10 empleados. En España, están dadas de alta en la Seguridad Social un total de 1,1 millones de sociedades de dicha magnitud, que dan empleo a tres millones de trabajadores.

Sanciones

Los litigos en materia de salud laboral son de los que más tiempo se demoran en los juzgados. Y con el fin de desincentivar llegar a los pleitos, el anteproyecto de ley pretende eximir del 40% de las sanciones a aquellas empresas que reconozcan una falta y renuncien a recurrir una multa o sanción en los tribunales. Este descuento, no obstante, quedará vetado si la sanción castiga una reiteración.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

La entrada en vigor de los cambios recogidos en el texto expuesto a audiencia pública no serán ni inmediatos ni seguros. El Gobierno avanza una nueva etapa sometiendo el anteproyecto a aportaciones y deberá quemar algunas más hasta remitirlo al Congreso de los Diputados, donde deberá ser votado por los grupos. El borrador cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero el rechazo de la patronal, lo que puede complicar la negociación política e incentivar a algunas formaciones a no votar a favor.

Al margen de cuándo acabe llegando a la cámara legislativa, las disposiciones adicionales del borrador establecen una aplicación paulatina de los cambios, que iría desde el 2 de enero de 2027 y se prolongaría hasta un año después de dicha fecha.

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