Accidentes laborales
La Justicia concede una indemnización de 20.000 euros a una funcionaria tras sufrir una caída con los cables del ordenador
Tras reclamar una cuantía mayor a los 990 euros iniciales, la funcionaria interina consiguió que la Audiencia Nacional le reconociera una indemnización de 20.000 euros por el accidente laboral
¿Cómo se calcula la indemnización por despido? Lo que todo trabajador debe saber

La Audiencia Nacional reconocería a la funcionaria una indemnización de 20.000 euros por el accidente en su puesto de trabajo / ARCHIVO

La Audiencia Nacional ha concedido una indemnización de 20.000 euros a una funcionaria que tropezó con los cables del ordenador, sufriendo una caída mientras desempeñaba su puesto de trabajo. De esta forma, el incidente se produjo por una falta de seguridad en el cableado informático, provocando una fractura de húmero con secuelas de movilidad.
Una indemnización inicial de 990 euros
El suceso ocurrió el 2 de marzo de 2022, cuando la mujer, que trabajaba como funcionaria interina en el Palacio de Justicia de Mérida, se encontraba de guardia. Básicamente, al intentar levantarse de su mesa, una de las ruedas de su silla se enredó con los cables informáticos, provocando su caída. El resultado de ello sería una fractura de húmero proximal derecho en tres fragmentos.
La mutua encargada de la gestión de su baja laboral, así como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, le reconocieron lesiones permanentes no incapacitantes consistentes en limitación de la movilidad del hombro.
En este caso, la indemnización otorgada ascendía a los 990 euros. Sin embargo, al no estar conforme con ello, la trabajadora puso una reclamación administrativa exigiendo una cuantía mayor, aunque esta sería denegada.
La funcionaria reclama una cuantía mayor
En todo momento, la funcionaria solicitó una indemnización de 30.431,38 euros, argumentando que el accidente se ocasionó por la falta de medidas de seguridad y mantenimiento en su puesto de trabajo. Por otro lado, la Administración solicitaba una desestimación de la demanda, señalando la negligencia de la empleada por no informar sobre los cables sueltos.
Ante ello, la Audiencia Nacional descartó la negligencia de la funcionaria como causa, recordando la obligación de la Administración de proteger la salud y seguridad de sus trabajadores. A su vez, el mantenimiento del equipo en condiciones óptimas también se incluiría en las obligaciones del organismo público.
La respuesta de la Audiencia Nacional
En cuanto al pago de los 990 euros, el tribunal confirmó que, aunque existe un sistema concreto de protección para los funcionarios, la indemnización no sería suficiente. Por tanto, la trabajadora tendría derecho a reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración hasta cubrir la totalidad de los daños sufridos.
Una vez que los magistrados revisaron el caso e informes médicos de la funcionaria, fijaron la cuantía complementaria en 20.000 euros, siendo 15.000 euros por las secuelas y 5.000 euros por los días de incapacidad. En todo caso, la sentencia no es firme, por lo que la Administración todavía puede presentar recurso de casación, y evitar este pago adicional a la funcionaria.
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