La sanidad pública carga cada año con al menos cinco millones de euros en enfermedades y accidentes que deberían pagar las mutuas

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se ahorran cada año en Catalunya al menos cinco millones de euros en el tratamiento e indemnización de enfermedades y accidentes que acaba asumiendo la sanidad pública. Así lo cuantifica un estudio elaborado por la UPF, por encargo del sindicato UGT, y que denuncia que Catalunya es una de las comunidades autónomas con mayor infradetección de dolencias profesionales. El informe explica dicho problema, que redunda en peor protección para los trabajadores y más gasto para la Administración, a través de distintos factores, complementarios entre sí.

Por un lado, la falta de formación de los médicos de los centros de atención primaria (CAP), hasta el punto de que solo el 8% de los facultativos sabe de qué trabajan exactamente sus pacientes. A ello se añade lo lento y complicado del proceso burocrático, que provoca que muchos empleados afectados se descuelguen a medio trámite o directamente no lo inicien pese a tener derecho. El afectado y una falta de coordinación administrativa le suponen cada año al erario público un constante flujo de dinero perdido. Y una merma en la protección de los trabajadores damnificados y sus familias.

Solo el 8% de los facultativos sabe de qué trabajan exactamente sus pacientes

Informe de la UPF

El estudio ‘Diagnòstic i propostes de millores en la gestió de la determinació de contingències professionals a Catalunya’, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, concluye que en Catalunya hay una infradetección sistemática y especialmente agudizada de las enfermedades profesionales. Es decir, que muchas dolencias que están provocadas o sustancialmente agravadas por el trabajo, no se relacionan con el mismo y se computan como enfermedades corrientes como si las hubiera contraído en su esfera personal. Lo que se traduce, entre otros, en que el tratamiento y las prestaciones las paga la Seguridad Social y ese dinero se lo ahorran tanto la empresa para la que trabaja ese empleado, como las mutuas.

Catalunya es la tercera comunidad autónoma con menos enfermedades profesionales registradas, solo superada por la Comunidad de Madrid y Andalucía. En Navarra, por cada 100.000 ocupados se comunican casi 600 enfermedades profesionales cada mes, frente a los poco más de 100 casos que se detectan en Catalunya. Es decir, se abren muchos menos expedientes en Catalunya que en Navarra o Euskadi, si bien luego se cierra un número muy similar. “Un resultado que nos hace pensar que la diferencia entre las CCAA está en el número de casos comunicados por el órgano competente de cada CCAA a partir de la identificación de la sospecha, y no tanto en los reconocidos por el INSS”, afirman los autores del estudio.

La infradetección de enfermedades profesionales no es un problema exclusivo de Catalunya. De hecho, España, en comparación con el resto de grandes economías europeas, presenta una brecha sustancial. Por ejemplo, en Alemania, de todos los cánceres provocados por trabajar en un sitio y no en otro, se estima que solo se acreditan cada año un 12%, en Francia un 9% y en España, un 0,2%. Esa infradetección se visualiza también en otros indicadores, como la propia evolución del total de partes de baja que se emiten a lo largo del año. Mientras las bajas por contingencias comunes no dejan de crecer y en 2024 se emitieron casi el doble que en 2017; en un año y otro se registraron prácticamente el mismo número de bajas por contingencias profesionales.

La experiencia del Hospital del Mar

La investigación parte de un estudio de campo realizado durante 13 años en el Hospital del Mar, cuya gerente fue, hasta hace poco, la actual consellera de Salut, Olga Pané. Más concretamente, a raíz de la experiencia de un equipo médico innovador bautizado como “unidad de patología laboral”. Durante ese tiempo, sus profesionales recibieron un total de 303 casos de personas de las que se sospechaba que su dolencia estaba directamente provocada por sus condiciones laborales.

De estos, se llegaron a analizar 226 pacientes y en el 70% de los casos se acabó detectando una enfermedad profesional. Pese al alto porcentaje, solo la mitad de los casos detectados acabaron con el reconocimiento de enfermedad profesional, lo que se traduce en una mayor protección de los trabajadores y mejores pensiones futuras en caso de invalidez, entre muchos otros. Muchos acabaron desistiendo a mitad del proceso o directamente ni lo iniciaron por miedo a represalias por parte de su empresa, desconocimiento de cómo funciona la burocracia o por la lentitud de la misma.

La Seguridad Social tarda, de media, nueve meses en reconocer un cáncer como enfermedad profesional

Y es que aquellos que decidieron ir hasta el final, de media, tardaron casi un año (51 semanas) en que la Seguridad Social les reconociera el origen laboral de su dolencia. El estudio también alerta de las sustanciales diferencias en la demora de uno u otro proceso dependiendo del tipo de enfermedad. En caso de un cáncer, el tiempo medio fueron 40 semanas, frente a las 120 semanas en el caso de los trastornos musculoesqueléticos.

Otro de los motivos de esa infradetección apunta directamente a los médicos de la sanidad pública. Según el informe de la UPF, existe una clara ineficiencia por parte del personal sanitario a la hora de identificar el oficio de los pacientes que acuden a su consulta. Según sus datos, solo el 8% de las historias clínicas identifican correctamente a qué se dedica exactamente el paciente. El porcentaje se eleva hasta el 24% si el empleado de baja fue atendido en un hospital. “Un reflejo posiblemente de la falta de formación y motivación de los facultativos de la atención primaria y especializada para conectar el problema de salud de su paciente con un posible origen laboral”, apuntan los autores.

Un cóctel de factores que se traduce en una peor protección para los trabajadores, una mayor proporción de accidentes debido a la falta de prevención –si no se identifica el origen, es complicado arreglarlo- y un mayor coste para las arcas públicas. “En total, se ha estimado que el coste derivado de la asistencia sanitaria prestada por parte del sistema público de salud y que debería haber sido asumido por la Seguridad Social en Catalunya sería de unos 5 millones de euros anuales”, concluye el estudio.

La UGT de Catalunya reclama reforzar el sistema para aflorar y gestionar mejor las patologías de origen laboral. El sindicato pide empoderar a los trabajadores con guías y formación, y dotar de más recursos a las Unitats de Salut Laboral y a los servicios de prevención para acompañar los casos. También propone fortalecer la red de USL conectadas con primaria y hospitales, crear un organismo de referencia y activar alertas en la historia clínica ante sospechas. Además, plantea fijar plazos por fases, garantizar transparencia y evaluar la eficiencia de las mutuas, junto a más apoyo sindical y asesoramiento médico-legal.

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