El Gobierno construirá una planta solar de autoconsumo para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña se formalizó en agosto de 2017. Fue entonces cuando firmó la orden de clausura el entonces Ministerio de Energía de un Gobierno del Partido Popular y al tiempo denegaba la renovación de la autorización de funcionamiento de la planta que habían solicitado Endesa e Iberdrola, las eléctricas que se repartían a partes iguales la propiedad de la instalación. Ese fue el momento en que se hizo oficial el fin de la central, la más pequeña de las que había en España.

Pero en realidad ese era solo el último capítulo de un culebrón que había durado cinco años, desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno de Mariano Rajoy por la reforma energética, pasando por cambios legislativos 'ad hoc' para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno popular de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Tras un largo y más accidentado de lo esperado proceso, el Gobierno ya de Pedro Sánchez ordenó en 2023, otra vez en pleno verano, el desmantelamiento definitivo de la central burgalesa. Los trabajos que está desarrollando la sociedad pública Enresa para desmontar por completo todas las instalaciones de Garoña está previsto que duren diez años, hasta 2033, y tendrán un presupuesto total de 475 millones de euros. Y como parte de esas tareas, la compañía planea la construcción de una planta solar de autoconsumo para alimentar algunas de las instalaciones con las que se desarrollará el desmantelamiento.

Enresa, orgánicamente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha lanzado un concurso público en busca de compañías especializadas para levantar una planta fotovoltaica en los terrenos de la antigua central nuclear. Un parque solar de autoconsumo con el que se pretende suministrar electricidad verde al edificio en el que se separarán los materiales que se consideran que tienen menor carga de radiactividad (desclasificación) y al almacén en que se guardarán las grandes piezas resultantes de esa tarea. El presupuesto para las obras de instalación de la planta solar asciende a 100.000 euros y está prevista una producción anual de 27 megavatios hora (MWh) de electricidad.

Enresa dividió el desarrollo de todo el desmantelamiento y clausura definitiva de la central de Garoña en dos grandes fases. Aún se está en la primera de ellas. En esta fase 1 se ejecutarán dos actividades fundamentales: la evacuación de todo el combustible nuclear gastado desde la piscina de la central para su almacenamiento completo en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central y la adaptación del edificio en que está la antigua turbina del reactor para convertirlo en un laboratorio auxiliar de todo el desmantelamiento, un nuevo espacio en que se realizarán actividades de gestión de residuos radiactivos procedentes del desmontaje.

Combustible gastado

Enresa ha avanzado en las tareas del traslado del combustible nuclear gastado, y hasta ahora se han acondicionado y trasladado al almacén 16 contenedores con combustible gastado y queda por hacerlo con otros 33, según confirman fuentes de la compañía estatal a EL PERIÓDICO. Y como parte de los trabajos de la adecuación del edificio de la turbina para poder realizar allí el clasificado de los residuos en función de su grado de radioactividad, Enresa ya ha realizado diversas modificaciones eléctricas y mecánicas, y están en desmantelamiento ya equipos auxiliares de la antigua turbina.

En paralelo, ya ha finalizado los trabajos de acondicionamiento de zonas de almacenamiento y de procesamiento de residuos, como el almacén para grandes piezas desclasificables (junto al que se instalará la planta solar de nueva construcción) y también el espacio donde se encontraban los equipos diésel de emergencia. A día de hoy, en el desmantelamiento trabajan aproximadamente 300 personas: 30 de Enresa, 55 profesionales de Nuclenor -la sociedad dueña de la central que compartían Iberdrola y Endesa- y aproximadamente 215 de empresas colaboradoras.

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