Directivas europeas
La UE advierte a España sobre el incumplimiento de esta medida que pone en riesgo a muchos trabajadores
Las autoridades exigen a los Estados miembros incorporar las directivas europeas a sus ordenamientos jurídicos, con posibilidad de sancionar si no se cumplen los plazos establecidos
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La Comisión Europea exige a los Estados miembros incorporar las directivas europeas a sus ordenamientos jurídicos / Europa Press - ARCHIVO
Por qué confiar en El Periódico El pasado 30 de enero, la Comisión Europea anunció el Paquete de procedimientos de infracción correspondiente al primer mes de este año. Según explican las autoridades, se notificará a los Estados miembros que no hayan aplicado correctamente las leyes europeas en sus territorios.
Hasta diez países europeos serán notificados
De hecho, España es uno de los diez Estados miembros que han sido notificados. Esta decisión se debe a que los países no notificaron las medidas en cuanto a la protección de los trabajadores frente al amianto. Además, el plazo máximo para comunicar estos cambios era el 21 de diciembre de 2025.
Aparte de España, países como Chipre, Estonia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Eslovaquia han recibido estas cartas de emplazamiento. En este caso, los Estados miembros deberán responder y subsanar la situación en un plazo máximo de dos meses.
De esta forma, será obligatorio que los países incorporen las nuevas normas a sus respectivos ordenamientos jurídicos. Además, si la contestación no se corresponde a las exigencias de tiempo y forma, la Comisión Europea podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Disminuir la exposición de amianto
El objetivo de la directiva era limitar los niveles de exposición de amianto por parte de los trabajadores. Este interés por reducir los niveles de amianto surge por la alta peligrosidad de la sustancia, tan usada en la construcción entre 1960 y 1990.
Por ello, muchos expertos señalan la importancia de proteger la salud pública y conseguir un futuro sin amianto. Algunos gobiernos autonómicos también habrían comenzado a implementar políticas específicas, como es el caso de la Ley para la erradicación del amianto de Catalunya.
A nivel general, la Comisión pretende obtener un beneficio común para los ciudadanos europeos, evitando graves daños para la salud. Por ello, la clave será retirar todos los elementos de amianto, protegiendo a grupos vulnerables como los trabajadores navales y de la construcción, e incluso personas que vivan o trabajen en edificios que contienen este material.
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