Adif niega haber retirado pruebas clave del accidente de Adamuz y asegura que todo estuvo "siempre a disposición judicial"

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha defendido que actuó siempre conforme a la legalidad tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. La empresa pública asegura que entre el 22 y el 23 de enero únicamente retiró y custodió material que no fue intervenido ni por la Guardia Civil ni por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) durante la inspección inicial, tal y como han asegurado varios medios de comunicación en las últimas horas.

Según han relatado fuentes oficiales a 'EFE', las piezas trasladadas correspondían al tramo en dirección Madrid, donde no se produjo el descarrilamiento del siniestro registrado el 18 de enero en el entorno de Adamuz. El material fue llevado a un edificio de mantenimiento en Hornachuelos y, subraya la compañía, “ha estado siempre a disposición policial y judicial”.

El origen de la controversia

La aclaración llega después de que varios medios publicaran que la Guardia Civil remitió a la jueza instructora un anexo en el que señala que Adif habría realizado “operaciones tendentes a la extracción y traslado de material” sin advertirlo ni solicitarlo previamente.

En concreto, el instituto armado sostiene que se retiraron “cupones” de raíl por orden de un responsable de área y que incluso se practicaron pruebas sobre el material trasladado.

Frente a ello, Adif insiste en que su actuación fue estrictamente conservativa. Es decir, preservar restos que no habían sido recogidos por los investigadores antes del inicio de las obras de recuperación de la línea. Según la empresa, si no se hubieran retirado esas piezas, habrían terminado “en cualquier vertedero” al comenzar los trabajos el día 26 de enero.

Permiso judicial y reanudación del servicio

La compañía también recalca que el 27 de enero obtuvo autorización judicial para iniciar las obras de restitución de la infraestructura, un paso imprescindible para restablecer la circulación ferroviaria y minimizar el impacto sobre el servicio.

El día 30, añade, la Guardia Civil volvió a requerir material. En ese momento se le indicó que se encontraba en las instalaciones de Hornachuelos, donde —según la versión de Adif— había permanecido custodiado desde su retirada.

La investigación técnica corresponde a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, organismo adscrito al Ministerio de Transportes que analiza las causas desde el punto de vista de la seguridad operacional. En paralelo, la vía judicial determinará si existieron responsabilidades penales o administrativas.

Impacto en la gestión ferroviaria

Más allá de la controversia, el episodio vuelve a situar el foco sobre los protocolos de custodia de pruebas en grandes accidentes ferroviarios y sobre la coordinación entre gestor de infraestructuras, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

En un contexto de fuerte inversión pública en modernización de la red, la gestión del accidente de Adamuz se ha convertido en un caso clave para medir la transparencia y la trazabilidad de las actuaciones tras un siniestro.

La evolución de la causa judicial y las conclusiones técnicas serán determinantes para aclarar definitivamente qué ocurrió sobre el terreno y si los procedimientos aplicados fueron los adecuados.

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