Cuando ayudar no es suficiente: lo que el SMI nos enseña sobre la igualdad real

El Gobierno ha aprobado un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Con esta subida, el SMI en España alcanza 1.221 euros mensuales en 2026, un 89% más que en 2014. En proporción, este aumento beneficia más a las mujeres ya que elevará la retribución del 12,4% de ellas, frente al 6,3% entre hombres. Así, el 60% de las personas a las que les subirá el SMI son mujeres. Una excelente noticia, sin duda. Más dinero significa más autonomía, más poder de decisión en casa, vidas más dignas. Pero la realidad puede resultar más compleja.

Junto a Yolanda Rebollo, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, aprovechamos la subida de 2019 —cuando, tras años de congelación, el Gobierno aprobó un incremento histórico del 22%, de 736 a 900 euros— para investigar si dicho aumento redujo la violencia de pareja en España.

Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024, el 30,3% de mujeres de 16 años o más han sufrido algún tipo de violencia (física, sexual, económica o psicológica) por parte de su pareja actual o de exparejas en algún momento de sus vidas. La teoría económica sugiere que aumentar los ingresos relativos de las mujeres debería reducir esta violencia al fortalecer su poder de negociación dentro del hogar. Por eso queríamos entender: ¿puede una política como subir el salario mínimo proteger a las mujeres en los hogares españoles?

Un hallazgo inesperado

Teníamos razones para ser optimistas: un estudio previo del crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC) en EEUU demostró que aumentar ingresos de mujeres vulnerables reducía la violencia de pareja. En España encontramos lo contrario. La reforma no redujo la violencia física o sexual. En cambio, aumentó un 40% la violencia psicológica denunciada por mujeres en pareja.

Nos centramos en mujeres casadas o conviviendo, típicamente trabajadoras secundarias. Los datos revelaron algo fascinante: su probabilidad de trabajar cayó 3 puntos porcentuales (el 6%). Pero, simultáneamente, la probabilidad de que sus parejas trabajaran aumentó 3,7 puntos (el 5% más). El desempleo masculino cayó el 29% (4 puntos porcentuales desde un nivel del 13,6%).

Cuando los ingresos suben, hay familias que deciden -o el contexto las lleva a decidir- que ella trabaje menos y él más.

Por lo tanto, se produjo una sustitución dentro del hogar: cuando el salario mínimo subió, algunas familias decidieron —o las circunstancias las llevaron a decidir— que ella trabajara menos y él más. Es decir, el empleo total del hogar no cambió, pero sí quién trabajaba. Esa pérdida de empleo femenino debilitó su poder de negociación. Resultado: más violencia psicológica. Más revelador: en parejas donde el hombre era cinco años mayor que la mujer, la violencia aumentó incluso cuando ellas mantuvieron su empleo. No era solo dinero, sino roles de género cuestionados.

El contraste con nuestro estudio del EITC es revelador. Allí, cada 1.000 dólares adicionales reducían la violencia física o sexual el 10%. ¿La diferencia? El EITC es una transferencia directa que aumenta ingresos sin alterar quién trabaja en el hogar: una política que promueve empleo y reduce pobreza sin desestabilizar dinámicas de poder.

Dejemos algo claro: subir el salario mínimo es justo y necesario. Ha sacado a miles de trabajadores de la pobreza extrema. La lección no es «no subamos salarios», sino «acompañemos las subidas con protección adecuada». ¿Cómo? Anticipando las respuestas de los hogares e incorporando incentivos para mantener la participación laboral femenina. Reforzando los recursos contra la violencia cuando implementamos reformas económicas. Trabajando sobre roles de género que siguen condicionando la autonomía de las mujeres. Explorando transferencias directas que aumenten ingresos sin desestabilizar dinámicas internas.

Podemos hacerlo mejor

Esta investigación es esperanzadora: nos dice que podemos hacerlo mejor. Europa puede liderar políticas que empoderen a mujeres sobre el papel y las protejan en la práctica. Pero para ello necesitamos investigación causal que nos ayude a entender y medir los impactos de las distintas políticas. Tenemos el capital humano para hacerlo, pero no siempre acceso a los datos. En este sentido, el apoyo de la Comisión de Investigación Europea a través del Advanced ERC Grant WomEmpower (2024-2028) resulta fundamental, al impulsar un equipo de investigación dedicado a generar evidencia científica que contribuya de forma directa al diseño de políticas públicas más eficaces.

El salario mínimo seguirá subiendo, como debe ser. Construyamos el andamiaje institucional que garantice que esas subidas mejoren la vida de las mujeres sin ponerlas en riesgo. Esa es la verdadera igualdad. Y está a nuestro alcance.

Suscríbete para seguir leyendo