Las claves sobre el escándalo de la vivienda protegida en Alicante: algunas luces y muchas sombras en Les Naus

El pasado día 29 de enero, el diario INFORMACIÓN de Alicante, del grupo Prensa Ibérica, destapó el escándalo de las viviendas de protección oficial (VPO) de Les Naus, una promoción situada en pleno Alicante. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP) o una directora general del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, entre otros funcionarios, dimitieron de sus cargos por encontrarse en la lista de adjudicatarios, además de algunos de sus familiares. Estas son las claves del caso.

-¿Qué es Les Naus?

Es una urbanización ubicada en la avenida Historiador Vicente Ramos, en el entorno de La Condomina (Alicante), con pisos de protección pública de tres y cuatro dormitorios, y zonas comunes con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva. El precio medio de venta de cada vivienda rondaba los 215.000 euros.

-¿Sobre qué suelo se construyó?

La urbanización se construyó sobre una parcela de 8.618 metros cuadrados de titularidad pública, cuyo proceso de enajenación arrancó en julio de 2018 y finalizó en abril de 2022, con la formalización del contrato con la cooperativa Les Naus, por un precio tasado de 6,67 millones. Entre medias, el proceso estuvo paralizado tres años, hasta diciembre de 2021, por la controversia en torno a la cláusula en caso de desempate. Provia y una promotora recurrieron la disposición de que a igualdad de puntos ganase la licitadora que presentase antes la oferta. El Ayuntamiento aceptó los recursos contra su pliego avanzando que apostaría por un sorteo. Sin embargo, una de las cinco licitadoras (Les Naus) acudió a los tribunales. Perdió en primera instancia, pero ganó en el TSJ.

-¿Por qué la cooperativa consiguió el solar?

Con la reactivación del concurso, solo dos licitadoras mantuvieron su interés: Les Naus y Edificio Teulada. La cooperativa Les Naus se impuso por diez puntos, sin necesidad de hacer uso de la cláusula de desempate, al ofrecer 125 plazas de recarga eléctrica frente a las 75 de su competidor.

-¿Cómo pudieron los interesados conocer esta promoción de vivienda protegida pública (VPP)?

A preguntas del diario INFORMACIÓN, el gestor de Fraorgi (¿QUÉ ES?¿) aseguró que el proceso de captación y selección de socios comenzó años antes de que la promoción fuese una realidad y que la demanda era muy superior a la oferta: "Nos daba para llenar esta y diez promociones más", dijo. Ordiñana admitió que no publicitaron la promoción en portales inmobiliarios. "En agosto de 2018 teníamos una lista de espera tremenda". Finalizado el proceso judicial, la gestora asegura que actualizó la lista de posibles interesados porque, en ese tiempo, algunos optaron por comprar otra vivienda: "Teníamos una lista de espera de 2.000 personas". Ese listado no era público. Tampoco lo exigía la ley.

La principal duda existente es si la Justicia podrá revertir las adjudicaciones que hayan sido irregulares

-¿Qué requisitos se pedían para poder acceder a estas viviendas?

Desde la entrada en vigor del último decreto sobre vivienda protegida, aprobado por el Consell del dimitido presidente valenciano Carlos Mazón, los interesados pueden percibir 6,5 veces el Iprem en 14 mensualidades, lo que da 54.600 euros, una cantidad que puede aumentar hasta los 66.000 en caso de menores o mayores de 65 años a cargo o personas con discapacidad. El anterior decreto, el del Botànic, dejaba el límite en 46.800, pudiendo elevarse hasta los 53.000 euros. Los ingresos se contabilizan por unidad familiar, con independencia de que una pareja esté en separación de bienes. Además, se debe ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en España.

-¿Cuándo empezaron a construirse?

La cooperativa consiguió la licencia de obras en diciembre de 2022, ocho meses después de formalizar la compra del terreno. La obra iba a prolongarse 18 meses. Era una de las exigencias del Ayuntamiento. Sin embargo, la cooperativa se comprometió a finalizarla en 13, lo que le permitió conseguir puntos en el proceso de licitación. Pero al final, a petición de la cooperativa, el gobierno aprobó ampliar el plazo hasta los 22 meses, que concluyeron en julio de 2025.

-¿En qué fecha se entregaron las viviendas?

Las 140 viviendas se empezaron a entregar en la recta final del verano de 2025. La concejala de Urbanismo, por ejemplo, escrituró su vivienda en septiembre de ese año.

El 29 de enero, un día clave en la polémica

-¿Cuándo salta la polémica en torno a este residencial?

El 29 de enero, INFORMACIÓN desvela en exclusiva que al menos una concejala (Rocío Gómez, de Urbanismo), los dos hijos de una directora general del Ayuntamiento (María Pérez-Hickman) y un arquitecto de municipal (Francisco Nieto) habían sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas.

-¿Cuándo saltan las alarmas a nivel municipal por estos pisos?

El Servicio de Patrimonio, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela, reclama este enero a la cooperativa una relación de los beneficiarios para verificar que la urbanización se había llevado a cabo según lo acordado. Al recibir la información, Patrimonio detecta entre los propietarios a personas vinculadas con el Ayuntamiento. La jefa de Patrimonio se persona el 15 de enero en el despacho de la concejala de Patrimonio y Hacienda de Alicante, Nayma Beldjilali, a la que advierte de posibles incompatibilidades. La edil de Patrimonio le pide un informe donde detalle las posibles irregularidades que se envía directamente al secretario general del Ayuntamiento. En él se señalaba a las tres personas antes citadas: la concejala de Urbanismo, la directora general de Organización Interna y Contratación Pública y especialmente a un arquitecto, de quien se dice que ha participado en reuniones sobre la venta de la parcela y que pudo influir en la toma de decisiones, aunque sin firmar.

-¿Qué dice Patrimonio del papel del Ayuntamiento?

El informe subraya que el Ayuntamiento no ha intervenido en la adjudicación de las viviendas, que corresponde a la cooperativa, ni en el visado, competencia de Generalitat, pero sí que debe velar por un reparto ajustado a la norma, que obliga a que sea bajo los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia.

-¿Cuándo asegura el alcalde de Alicante que conoció la relación entre propietarios y personal municipal?

Según la versión oficial, Patrimonio advirtió al alcalde del contenido del informe a través de un wasap el 27 de enero. Al día siguiente, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que solicitó la apertura de un expediente de averiguación de hechos ante un posible conflicto de intereses o causa de incompatibilidad legal.

-¿Cuándo llega el asunto de las viviendas a la Justicia?

El 31 de enero, Sumar registró la primera denuncia para advertir a Anticorrupción de las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas. Dos días después, el PSOE acudió a la Fiscalía por cinco posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley con relevancia penal. El Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda lo harían días después. La primera, para poner el foco en Francisco Nieto, arquitecto municipal, del que dice que prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato manteniendo reuniones de trabajo con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la cooperativa adjudicataria en la que él tiene un piso. Vivienda, de momento, ha dirigido la denuncia contra el funcionario expedientado, aunque ya ha anunciado que la ampliara con todos los casos irregulares que detecte.

-¿Cómo detecta Vivienda las irregularidades, cuál es la que más se repite y qué medidas anuncia para evitar más casos?

La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, anunció la creación de un órgano colegiado que sustituirá la figura actual de un único funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda encargado de validar los requisitos para acceder a una VPP. Eso ocurrió después de anunciar que se habían detectado más casos, al margen del que atañe al funcionario apartado. La consellera reveló que en expedientes revisados, cuando los solicitantes informan estar en separación de bienes, falta información crucial sobre el otro cónyuge, ya sea sobre sus ingresos o propiedades, cuando para el cómputo de los requisitos se debe tener en cuenta la unidad familiar, con independencia del régimen económico del matrimonio.

-¿Quién asume la investigación tras la cascada de denuncias?

Este jueves, Anticorrupción asumió la investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante tras las cuatro denuncias registradas (Sumar, PSOE, Generalitat y Ayuntamiento de Alicante). A todas ellas, se añade una quinta, la presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias directamente en los juzgados por presuntos delitos contra la Administración Pública, que podría provocar que el caso se remitiera para su instrucción a un juzgado. De igual manera, serían los mismos fiscales anticorrupción los que representen al Ministerio Público en el proceso.

Las consecuencias políticas están aún por definir tras provocar ya tres dimisiones de cargos

-¿Qué cuentan los damnificados del proceso?

Uno de los afectados relató a INFORMACIÓN que a mediados de agosto, en una inmobiliaria, le pidieron que pagara 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. Es decir, 223.000 euros en "b". En otro caso pedían 180.000 euros antes de subir al notario y 230.000 escriturados. Las ofertas de venta y alquiler han ido desapareciendo en los últimos días de los portales webs donde se anunciaban pese a tratarse de viviendas protegidas y no poderse vender, salvo excepciones regladas, antes de 30 años.

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