Las familias pierden poder adquisitivo pese al crecimiento económico

España se ha convertido en una de las locomotoras del crecimiento económico en la Unión Europea, y las perspectivas a futuro son positivas, según las previsiones de organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional (FMI). En contraste, cuando el CIS pregunta a los españoles sobre la actualidad, seis de cada diez responden que la economía está peor que hace seis meses y un porcentaje similar prevé que siga empeorando. ¿De dónde nace esta disparidad?

Un indicador clave es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la evolución de los precios. En los últimos años, fruto de la pandemia del covid-19 y la inestabilidad geopolítica, España ha vivido la inflación más importante de las últimas cuatro décadas.

El resultado es que, a pesar de que el sueldo medio ha subido año tras año, el salario real, aquel que tiene en cuenta el impacto de la inflación, es hoy similar o menor que hace dos décadas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, entre todo tipo de jornadas, el salario medio ha crecido casi un 52% entre 2006 y 2024, el periodo histórico disponible. En cambio, ajustado a la inflación, los salarios han crecido solo un 6%. Los jóvenes entre 16 y 24 años son los más perjudicados: el poder adquisitivo de sus salarios ha bajado un 11%.

Lo mismo muestra la Encuesta de Estructura Salarial, otro de los indicadores del INE para medir la retribución de los trabajadores: el salario medio anual subió un 28% entre 2008 y 2023, pero, ajustado por la inflación, en realidad cayó algo más del 1%.

El impacto podría ser todavía mayor

Más allá de la foto general, muchos hogares podrían haber percibido un aumento de precios superior al reportado por el IPC, que desde el inicio de la pandemia ha subido un 22%. El motivo: el índice puede infravalorar el impacto real de la subida de precios en algunos segmentos de la población.

El IPC se calcula en base a diferentes componentes ponderados, que se detallan en la metodología del indicador. El precio de la vivienda, uno de los principales motivos del encarecimiento del coste de la vida, representa el 12% del cálculo del IPC.

Esta proporción no coincide con lo que los españoles destinan, realmente, a la vivienda. Según la última encuesta de presupuestos familiares, alquileres e hipotecas (junto con suministros) se llevan de media el 32% de los ingresos de los hogares. Las familias con menos recursos destinan más del 40%, y solo la quinta parte más más rico se mantiene en el 12% que estima el IPC.

En las ciudades de Catalunya, la mitad de las familias que viven de alquiler se dejan más del 30% de sus recursos en la renta, según un informe del Banco de España que recoge datos del 2021.

Como la proporción del gasto en vivienda podría estar infrarrepresentada en el IPC, su encarecimiento (25% en cinco años) podría no haberse reflejado del todo en el cómputo total de la inflación.

El gasto en alimentación, el que más pondera para el cálculo del IPC (17%), sí coincide con el esfuerzo medio reportado, del 16%. Aun así, la población con menos ingresos destina cerca del 20% en el supermercado: para ellos, el coste de vida podría haber aumentado más que lo que reporta el IPC.

Desde el inicio de la crisis del covid-19 en España en marzo de 2020, los elementos de la cesta del IPC que más se encarecen son los alimentos (35%), la restauración (25%) y la vivienda (25%), todos por encima de la subida del 22% del índice general, según el INE.

La capital catalana es un reflejo de esas dinámicas. En 2024, era necesario un sueldo de 1.528 euros para cubrir las necesidades básicas en el entorno de Barcelona, un 46% más que en 2016, según el salario de referencia metropolitana que calcula el AMB, un indicador calculado con una ponderación diferente a la del IPC y que muestra un encarecimiento de la vida más elevado.

Consecuencias en la economía familiar

La pérdida de poder adquisitivo tiene consecuencias. Un indicador es el riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa AROPE, que tiene en cuenta a personas que viven con una renta inferior al 60% de la mediana estatal, personas con carencia material severa y hogares donde los adultos trabajan menos del 20% de su tiempo.

La tendencia bajista que tenía la tasa AROPE tras los peores años de la crisis del 2008 se rompió hace seis años, y se ha mantenido desde entonces con ligeras subidas y bajas, según datos del INE. En 2025, uno de cada cuatro españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa sube desde el 2018 sobre todo entre menores, tanto en el conjunto del Estado como en Catalunya.

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