La Cambra de la Propietat alerta que el veto del Govern a la compra especulativa degrada el parque inmobiliario: "Los grandes fondos ya están vendiendo"

El Govern de Salvador Illa y Comuns han alcanzado un pacto inicial este jueves con el objetivo de dar un balón de oxígeno al mercado tensionado de la vivienda en Catalunya. La propuesta, que aún debe tramitarse en el Parlament, ha abierto un nuevo frente de debate. Desde el punto de vista de la propiedad, el sector advierte de consecuencias negativas y una erosión de inversión en la comunidad. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona sostiene que las nuevas restricciones no harán más que "degradar el parque inmobiliario" de Barcelona y acelerar la retirada de los inversores.

Òscar Gorgues, gerente de la entidad, ha cargado contra la propuesta y señala que solo agravará el acceso a la vivienda. "Esto no es más que un siguiente paso para limitar el derecho a la propiedad y restringir el acceso al mercado inmobiliario, especialmente del lado de los inversores", ha expuesto a este periódico. Gorgues advierte además de que el endurecimiento regulatorio podrá enfriar la colaboración público-privada. "Difícilmente el capital privado se va a animar a colaborar con el Govern cuando su idea política es ir en contra del negocio inmobiliario e intentan limitarlo llamándoles especuladores, cuando son empresarios", ha afirmado.

El acuerdo entre los socialistas y comunes es la última ofensiva que el Govern de Illa ha desplegado con el fin de contener los precios de la vivienda en el mercado tensionado, una iniciativa que pretende limitar la compra de los llamados "grandes tenedores". Estos tenedores son aquellos propietarios de cinco o más viviendas, y la medida pretende evitar operaciones que consideran que son de carácter especulativo. Este pacto pretende prohibir la compra de más viviendas para especular, aunque permite la adquisición de edificios enteros, siempre y cuando se alquilen bajo el precio regulado. Las sanciones podrían llegar a alcanzar los 1,5 millones euros.

A juicio de la Cambra, estas nuevas barreras de entrada para los inversores acabará reduciendo la oferta disponible y, con ello, podría empeorar el acceso al alquiler para inquilinos que ya tienen dificultad para acceder a una vivienda. "Los grandes fondos ya están vendiendo. Blackstone ya vendió algunos paquetes. Y se están retirando sin ninguna intención de volver", ha alertado. "Ya no se plantean entrar en un mercado donde no hay seguridad jurídica y están viendo que cada cuatro meses hay una ley que cambia sus derechos", apuntan.

La reacción por parte de los empresarios tampoco ha sido buena. "Ya nadie comprará en Catalunya. Han convertido el sector inmobiliario en un sector maldito. Y el premio gordo para los grandes propietarios institucionales, enhorabuena a todos", escribió Marc Arza, un empresario, a través de la red social X.

Tampoco convence al frente inquilino

Los inquilinos también han recibido al pacto con brazos cruzados. El Sindicat de Llogateres, una de las agrupaciones que representa a inquilinos en Catalunya, ha tachado de "insuficiente" la propuesta y advierte que "está llena de lagunas jurídicas. "El PSC se ha visto obligado a admitir lo que ya es un consenso social: los pisos son para vivir en ellos y no para especular". Entre sus principales preocupaciones, señalan que la legislación deja margen para prácticas como el llamado flipping inmobiliario. En términos sencillos, el flipping es la compra de una vivienda —generalmente en malas condiciones—con el objetivo de volver a venderla a corto plazo con plusvalía tras una reforma.

"La propuesta no prevé ningún mecanismo para evitar esta práctica especulativa habitual: comprar edificios y revenderlos al poco tiempo, a un precio más alto", han denunciado. Además, han añadido que aunque se contemplan sanciones de hasta los 1,5 millones de euros para quienes incumplan con la normativa, señalan que la aplicación efectiva de las limitaciones queda en manos de cada uno de los 271 ayuntamientos designados como zonas tensionadas.

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