Illa pacta con patronal y sindicatos destinar al menos 900 millones de euros a vivienda en 2026

El Govern ha cerrado un acuerdo con patronales y sindicatos para los presupuestos de la Generalitat de 2026. Las nuevas cuentas públicas cogen así velocidad y llegarán a la mesa del Consell Executiu con el aval de los agentes sociales. Para lograr su apoyo, el Ejecutivo catalán se compromete a invertir un total de 900 millones de euros en políticas de vivienda, un 22% más que los contemplados en las últimas cuentas públicas en vigor.

El president, Salvador Illa, pone con este acuerdo presión sobre ERC para que se sume a una mayoría, junto a los Comuns -que ya tienen prácticamente cerrada la negociación-, que permita renovar las cuentas públicas, prorrogadas desde hace tres años. Este próximo lunes al mediodía está previsto que el president rubrique el acuerdo en Palau con los máximos representantes de Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT.

El documento consensuado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, desgrana una serie de inversiones de distinta índole, pero que tienen en común la mejora de los servicios públicos o ayudas para incentivar la actividad productiva y el empleo. Por ejemplo, la Generalitat se compromete a garantizar una inversión de 3.878 millones de euros en atención primaria y que esta sea al menos un cuarto de la inversión total en sanidad.

Derivar la prescripción de bajas a hospitales

Precisamente, la consellera de Salut, Olga Pané, ha sido objeto de críticas esta semana por su propuesta de dotar de fondos adicionales a los centros de atención primaria (CAP) que reduzcan la duración de las bajas laborales que atienden.

Sobre esta cuestión, el pacto alcanzado entre Govern, patronal y sindicatos incluye la promesa por parte del Departament de "automatizar tareas" para reducir la burocracia en la gestión de las incapacidades temporales y dar facilidades para que los facultativos puedan prescribir bajas desde el hospital. El Govern también se compromete a contratar a más personal para el ICAM, el órgano competente a revisar las bajas laborales.

En materia de Educació, la Generalitat reserva unos 8.000 millones de euros y, más concretamente, se destinarán 30 millones de euros a combatir la segregación escolar. Otras partidas destacadas son los 20 millones de euros para el Pacte Nacional de Salut Mental y los 35 millones de euros para atender víctimas de violencia machista.

La reducción de la burocracia

No todas las medidas requerirán de una inversión presupuestaria. En este sentido, la administración asume una de las reivindicación en la que ha puesto especial énfasis Pimec y se compromete a agilizar trámites urbanísticos y de gestión agraria.

Otra medida de agilización será la creación de una línea de crédito específica del ICF para adelantarle el dinero a las empresas que pidan ayudas, se las concedan, pero estén pendientes de cobrarlas y necesiten la inyección de forma inmediata. También se reserva un millón de euros destinado a facilitar la exportación de las empresas catalanas.

Una reivindicación de CCOO y UGT que sí requerirá dinero, aunque no está todavía computado al detalle, será la mejora de los salarios de los trabajadores del tercer sector, dependientes de los convenios que firma la Generalitat con las entidades. Otro punto en el que las centrales han puesto especial énfasis durante la negociación dejará 21 millones de euros para mejorar la red de buses interurbanos.

Formación y SOC

Parte de las medidas que durante semanas ha ido negociando la conselleria de Economia con los agentes sociales pasa por mejorar la empleabilidad de las personas sin empleo. La queja de las empresas de la falta de profesionales cualificados cohabita con una tasa de paro que todavía excede la media europea.

Para tratar de corregirlo, se elevará el presupuesto del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) hasta al menos los 550 millones de euros, unos 40 millones más que los incluidos en las últimas cuentas validadas. De los cuales, 60 millones de euros irán específicamente destinados a luchar contra el desempleo juvenil.

La Generalitat se ha comprometido a invertir para acelerar la transición energética y situar, a corto plazo, que el 27% de la electricidad que se consuma en Catalunya se produzca por vías renovables. Como paso intermadio para, en 2030, alcanzar el 50%. En este sentido, los presupuestos reservarán 180 millones de euros para impulsar L'Energètica, la empresa pública.

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