Moratoria antidesahucios
Los pequeños propietarios quedan fuera de la nueva ley antidesahucios y podrán seguir adelante con los procesos de desalojo
Los propietarios de hasta dos viviendas, tanto aquellos que demuestren una situación de vulnerabilidad, quedarían fuera de la prohibición, trasladando responsabilidades de realojamiento a los servicios sociales
Dos o 10 pisos: ¿En qué casos se podrá desahuciar a un inquilino que no pague?
Algunos casos como los de propietarios con hasta dos viviendas se librarían de la prohibición antidesahucios / ARCHIVO
Por qué confiar en El Periódico La nueva medida del Gobierno para limitar los desahucios de inquilinos no afectará a los propietarios con hasta dos viviendas. Según han confirmado las autoridades, la moratoria antidesahucios se plantea como una solución ante la desprotección de muchos arrendatarios.
De esta forma se endurece la posibilidad de que los propietarios de casas puedan desahuciar a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. Aun así, esta normativa no incluiría a todos los arrendadores, ya que los pequeños propietarios, que posean una o dos viviendas, no se verían afectados por estas limitaciones.
Excepciones a la ley antidesahucios
La característica principal es que ahora los propietarios de dos inmuebles como máximo, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, quedan fuera del alcance de esta prohibición. De hecho, el trato sería diferente con respecto a los grandes propietarios, al menos según establece la nueva ley.
Hablando de propietarios con uno o dos pisos en alquiler, si los inquilinos dejan de pagar la renta, se podrá finalizar el contrato de arrendamiento. Además, el propietario tendría derecho a iniciar un proceso de desahucio, evitando un bloqueo de este.
A partir de entonces, los servicios sociales serían los encargados de buscar alternativas habitacionales para los desalojados. La intención de esta medida sería limitar los casos de okupación, así como proteger a las personas vulnerables y reubicarlas.
Una medida pendiente de apoyos
Pese a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la norma deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Actualmente, su aprobación definitiva depende del apoyo de los grupos parlamentarios, aunque partidos como Unidas Podemos, Junts y el PP ya han mostrado su desacuerdo con la medida.
La finalidad de esta normativa sería dar mayor seguridad a los hogares sin recursos y limitar los casos de inquiokupación. Esta tendencia se debe a las prácticas fraudulentas de muchos inquilinos que dejan de pagar el alquiler, alegando vulnerabilidad.
El problema sería que muchos propietarios se encontrarían desprotegidos frente a estos recientes casos de okupación. En general, los expertos defienden una solución intermedia que apoye a ambas partes, arrendador y arrendatario, para no perjudicar a los caseros favoreciendo en exceso a los inquilinos.
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