El Gobierno permitirá a las eléctricas cerrar centrales que se queden sin las ayudas millonarias del nuevo plan ‘antiapagones’

El Gobierno prepara un nuevo mecanismo para fortalecer la seguridad de suministro eléctrico y que sirva para evitar grandes apagones. El nuevo sistema, cuyo diseño y tramitación ya estaban en marcha mucho antes del histórico ‘cero eléctrico’ del 28 de abril, incluirá el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que garanticen inyecciones de electricidad adicional cuando sea necesario para evitar desajustes entre oferta y demanda de energía. El Ejecutivo pretendía activar el nuevo mecanismo el año pasado, pero sigue a la espera del visto bueno de la Comisión Europea para poder celebrar la primera subasta para repartir las ayudas.

A la espera del ‘ok’ de Bruselas para poder ponerlo en marcha, el Gobierno ha decidido atender por anticipado una de las peticiones de las empresas del sector eléctrico, y pondrá facilidades para que las compañías puedan echar el cierre de las centrales que se queden fuera de las ayudas. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprovechado el real decreto aprobado esta semana para incluir una reforma legal que allana la posibilidad de que las eléctricas desconecten de manera definitiva las plantas que no resulten adjudicatarias de los pagos.

El nuevo sistema ‘antiapagones’ consistirá en la creación de unos mercados de capacidad de energía firme que conllevará el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que garanticen inyecciones de electricidad extra cuando sea necesario (fundamentalmente con centrales de gas, con centrales hidroeléctricas de bombeo, con grandes plantas de baterías o determinados parques de renovables) para evitar desajustes entre oferta y demanda de energía. La cuantía de los pagos millonarios que recibirán las compañías se determinará mediante un sistema de subastas y que se cargará en el recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

Reclamación del sector

Las grandes eléctricas y las patronales del sector han venido reclamando que el futuro mecanismo recoja la posibilidad de que las centrales eléctricas (especialmente las centrales de gas) que se queden sin ayudas tras la celebración de las subastas puedan cerrar o puedan hibernar su actividad. El Ministerio para la Transición Ecológica facilitará este cierre simplificando el procedimiento para echar el cierre, eliminando la obligación de que Red Eléctrica emita uno de los informes previos ahora preceptivos para permitir la desconexión.

“En el caso de instalaciones bajo la gestión técnica del operador del sistema y gestor de la red de transporte, este emitirá informe previo sobre la solicitud de autorización de cierre. No obstante lo anterior, dicho informe previo no requerirá un análisis de cobertura en nudo único cuando las instalaciones que solicitan el cierre no hayan resultado adjudicatarias de las subastas de capacidad reguladas en la orden por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema peninsular español”, se recoge en una de las disposiciones finales del real decreto con medidas sobre el sector eléctrico, publicado este jueves en el BOE. Un cambio legal que desde el Ministerio se justifica más en una petición de la Comisión Europea que en la que hacían las compañías del sector.

La salvedad en el proceso y la mayor flexibilidad sólo serán aplicable a estas centrales que participen en las subastas y que no consigan recibir las ayudas, pero se mantiene la obligación de ese informe previo de Red Eléctrica para el resto de peticiones de cierre de cualquier otra instalación. “Únicamente se excluirá el análisis en los periodos de prestación de servicio previstos en las subastas de capacidad en las que, habiendo participado la instalación que solicita el cierre, no haya resultado adjudicatario”, establece la reforma legal incluida en el real decreto.

La idea es facilitar la salida del sistema eliminando parte del procedimiento para estas centrales (no siendo necesario el denominado informe de nudo único), pero REE y el Gobierno seguirán pudiendo rechazar el cierre si lo considera que existe un riesgo para la seguridad de suministro en determinados territorios y se mantienen así las restricciones zonales, según matizan fuentes ministeriales a EL PERIÓDICO.

Un ‘no’ revisable

En paralelo, en caso de que el Gobierno acabe no autorizando el cierre de una planta por seguridad de suministro y a pesar de quedarse fuera de las ayudas, las condiciones que se recojan en esa negativa al cierre como consecuencia del informe remitido por el operador del sistema “deberán ser proporcionadas, temporales y revisables, debiendo ir acompañadas de un plan con propuestas para su levantamiento”. Esto es, la negativa se considerará fundamentalmente temporal y podrá retirarse en el futuro si terminan las condiciones que han recomendado rechazar el cierre.

Las decenas de centrales de gas activas en España llevan años reclamando un sistema de retribución sólo por estar disponibles para funcionar cuando lo necesita el mercado eléctrico. Durante muchas horas durante el año las centrales térmicas (con una potencia conjunta de más de 26.000 megavatios, MW, en total) no son necesarias para cubrir el consumo previsto y no entran en funcionamiento, pero están obligadas a estar disponibles sólo por si la producción del resto de tecnologías no es suficiente para cubrir la demanda.

El nuevo mecanismo que prepara el Gobierno pretende solucionar este problema de operaciones reducidas repartiendo ayudas sólo por estar accesibles para sostener el sistema eléctrico y evitar desajustes. Desde el sector eléctrico se lleva años reclamando ayudas para asegurar la viabilidad de las centrales de gas y no cerrarlas. Pero hasta ahora el Gobierno no daba la posibilidad de que las plantas que no reciban estas ayudas pudieran dejar de funcionar. Una exigencia del sector que ahora Transición Ecológica se muestra dispuesto a facilitar.

Retraso del ‘escudo antiapagon’

El Ministerio para la Transición Ecológica ha intentado agilizar los procedimientos para activar el sistema ‘antiapagones’ con el objetivo de tenerlo listo en 2025, y ha adelantado algunas medidas y solapado algunos procesos para acortar los plazos. Pero incluso tras el visto bueno de Bruselas, aún quedarán demasiados trámites administrativos por ejecutar y el sector energético augura que se retrasará muy probablemente otro año más. Desde el departamento de Sara Aagesen se asegura que se activará toda la maquinaria para activar el sistema en cuanto se reciba la autorización de la Comisión Europea. Las eléctricas que se beneficiarán de él cada vez son más pesimistas y temen que no esté totalmente en marcha hasta finales de 2026 o incluso principios de 2027.

El Gobierno abrió en diciembre de 2024 el proceso de audiencia pública sobre la orden ministerial que servirá para crear de estos mercados de capacidad. Más de un año después la orden ministerial sigue sin aprobarse. El Ejecutivo ha intentado acortar plazos adelantando algunas reformas legales y pidiendo por anticipado el informe del Consejo de Estado, pero aún espera el visto bueno definitivo de la Comisión Europea al diseño del sistema de ayudas.

Una vez que Bruselas apruebe la propuesta española (un ‘ok’ para el que no hay plazos concretos y que es el principal obstáculo para activar el mecanismo), el Gobierno tendrá que aprobar la esperada orden ministerial, abrir una consulta pública sobre las condiciones con que se desarrollará la subasta para recabar las propuestas del sector energético, y posteriormente convocar la puja, adjudicar las ayudas, y articular de manera efectiva el sistema para que esté plenamente activo. Unos trámites aún por desarrollar, lo que lleva a las compañías candidatas a participar en la subasta a prever que no empezarán a recibir las ayudas quizá hasta el próximo año.

El Gobierno de España viene defendiendo desde la crisis energética la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas plantas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente. La puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico, además, ha tomado aún más relevancia en plena resaca del gran apagón que paralizó España el pasado abril.

Centrales de gas, las favoritas

El mecanismo en ciernes apuesta por crear un mercado en el que participen las instalaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía). Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica.

Las grandes candidatas para llevarse el grueso de las ayudas en juego mediante estas pujas son las centrales de gas y las compañías que las controlan aspiran a recibir cerca de 800 millones de euros para estar disponibles siempre que lo necesite el sistema eléctrico, para cubrir los costes explotación crecientes que soportan y garantizarse una rentabilidad cada vez más complicada por el escaso número de horas que producen electricidad.

Los ciclos combinados -las centrales que queman gas para producir electricidad- fueron instalados en España muy mayoritariamente en los primeros años dos mil. Las centrales están diseñadas para operar de manera continua, pero actualmente las condiciones del mercado eléctrico hacen que sólo funcionen un número reducido de horas y que estén apagándose y encendiéndose para producir sólo en los momentos en que hace falta. Una dinámica, que según las compañías eléctricas que los gestionan, hace que los costes de operación y también de mantenimiento de las instalaciones se hayan disparado.

El cálculo que hacen las eléctricas con centrales de gas es que, para cubrir esos costes operativos y seguir estando disponibles para cubrir toda la demanda cuando otras tecnologías de producción de electricidad no son suficientes, el futuro mercado de capacidad que prepara el Gobierno les debería garantizar una retribución de cerca de 30.000 euros por cada megavatio de potencia instalada. Esto es, unos 800 millones de euros cada año para los 26.600 MW de ciclos combinados con que cuenta el mercado eléctrico nacional.

Las eléctricas que operan las centrales de gas llevan años reivindicándose como garantes de la seguridad de suministro en el mercado español frente a la producción intermitente de las instalaciones de energías renovables, dependientes de que haya viento, sol o agua. Y ahora presumen que son las que están aportando robustez al sistema al ser más utilizadas por el modo reforzado en que opera REE tras el apagón. Las centrales de gas no funcionan siempre, sólo cuando el resto de tecnologías no son suficientes para cubrir toda la demanda de electricidad. Pero siempre han de estar disponibles para enchufarse de ser necesario, dado que es una tecnología que puede producir prácticamente a voluntad y con rapidez.

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