5.000 que incumplen la norma estatal
Cuatro de cada diez viviendas turísticas de Sevilla están expulsadas de las plataformas
En la provincia hay 12.000 pisos incluidos en el registro autonómico pero sólo 7.079 tienen el permiso estatal para ofertarse

Turistas en Sevilla / María José López / Europa Press
En la provincia de Sevilla hay 12.036 viviendas con fines turísticos o de alquiler de temporada que están dadas de alta en el Registro de Turismo Andaluz. Todas ellas, sobre el papel, son legales dado que ni la Junta de Andalucía ni los ayuntamientos de las capitales con las que ha firmado convenios la Consejería han detectado que incumplan la normativa. Sin embargo, el 40% no tiene el número de registro que concede el Ministerio en su ventanilla única porque no lo han solicitado o porque se le ha denegado. En consecuencia, no cumplen con los requisitos para ofertarse en las principales plataformas como Airbnb o Booking que han firmado convenios con el Gobierno.
La nueva normativa estatal en materia de viviendas turísticas entró en vigor en julio de 2025. Desde entonces, en el caso de Andalucía, no basta con que una vivienda esté dada de alta en el registro autonómico, debe también pasar el filtro del Ministerio. Esto implica acreditar ante el Colegio de Registradores de la Propiedad que se cumple con todos los requisitos legales de la normativa estatal, autonómica o municipal para operar.
De las 12.036 viviendas turísticas de la provincia de Sevilla la mayoría han intentado obtener la autorización del nuevo registro estatal. Concretamente, se han registrado según los datos del Ministerio de Vivienda 10.101 solicitudes al cierre del mes de enero (9.251 de alquiler turístico y 850 de alquiler de temporada). Prácticamente, una tercera parte, 3.022 no han pasado el corte. No cumplían con los requisitos y por tanto han sido canceladas de las plataformas con las que la Junta de Andalucía tiene acuerdos. En total, hay 7.079 que cumplen con los permisos de forma definitiva o que tienen una autorización provisional para operar.
La mayor de estas viviendas que han sido canceladas se encuentran en la capital. Así, según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda de las 3.022 autorizaciones denegadas en el registro único del Ministerio, 2.659 pertenecen a la capital. Es la cuarta ciudad de España con más permisos rechazados sólo por detrás de Marbella (2.993), Barcelona (5.005) y Madrid (5.344)
Cuántas viviendas están fuera de la normativa en Andalucía
La provincia de Sevilla es de esta forma la segunda de Andalucía en cuanto al porcentaje de permisos rechazados. Sólo la supera Huelva, provincia con un porcentaje superior al 30%: se han registrado 2.475 solicitudes y sólo han sido aceptadas 1.683. No obstante, en cifras globales es en la provincia de Málaga donde se concentra el mayor número de pisos fuera de la normativa estatal: hay más de 50.000 que no han pasado el filtro del Estado porque no lo han intentado o porque se les ha denegado (10.657).
En el conjunto de la comunidad autónoma, la situación es similar. El registro de turismo andaluz recoge que en Andalucía están dadas de alta 166.016 viviendas turísticas repartidas por todas las provincias. Sin embargo, de estas sólo 72.443 cumplen en estos momentos con la normativa estatal. Se han registrado un total de 94.379 solicitudes pero una de cada cuatro (en torno al 23%) han sido revocadas por el Ministerio.
La Junta de Andalucía rechaza el registro único
El elevado volumen de viviendas turísticas autorizadas por la Junta de Andalucía pero no validadas por el Ministerio es uno de los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía para rechazar el decreto estatal que creó la ventanilla única estatal. Este martes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, volvió a poner sobre la mesa este rechazo, que ya ha llevado incluso a los tribunales, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Turismo convocada para analizar los efectos de las borrascas.
"Las competencias en viviendas con fines turísticos son de las comunidades autónomas. La Comisión Europea ya ha dictaminado que no debe haber una duplicidad y que es grave mantenerla. El Gobierno debe rectificar y escucharnos", completó el consejero.
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