El Govern balear contrata a decenas de personas para revisar las ayudas covid

El Govern ha contratado a decenas de personas especializadas con objeto de revisar a fondo los expedientes de las ayudas por el impacto de la covid que beneficiaron a miles de empresas de Balears, por un monto total de 860 millones de euros. Este auténtico maná fue repartido íntegramente. La extinción de los plazos de reclamación y la multiplicación de las irregularidades detectadas han obligado a un control exhaustivo, ante las posibles exigencias de devoluciones y petición de responsabilidades. El proceso de verificación comporta rechazos y reintegros, con un aluvión de contenciosos de los empresarios obligados a devolver cantidades percibidas. El Grupo Cappucino es el ejemplo más voluminoso.

Desde el Govern se ha confirmado la incorporación de personal y el objetivo perseguido, que según fuentes solventes puede superar a los cuarenta profesionales dedicados a esta tarea. "En efecto, ha habido un refuerzo en los profesionales dedicados a revisar las ayudas concedidas durante la covid". Los motivos son, por una parte, "el riesgo de prescripción", dado que antes de fin de año caducan los expedientes y se extingue la posibilidad de pedir los reintegros. Las ayudas fueron concedidas en 2021, y al año siguiente empezaba a correr el reloj para justificar la percepción económica, con un plazo de cuatro años a punto de cumplirse.

Otro factor decisivo según el Govern es "la posible responsabilidad personal" en caso de no efectuar una investigación minuciosa, que podría traducirse en la rendición de cuentas individualizada. Sin embargo, y siempre de acuerdo con cargos institucionales al corriente de la hercúlea tarea, han sido los altos funcionarios quienes han impulsado una revisión en profundidad. Los escalones políticos, pese al riesgo que corren, se mostrarían más reticentes a la exigencia de responsabilidades a empresarios próximos ideológicamente a la derecha gobernante.

La patronal ha defendido que su colectivo actuó con corrección al recibir los millones de la covid, pero las evidencias acumuladas y crecientes cuestionan este veredicto aprobatorio. Entre las sorpresas sobrevenidas, se cuentan los empresarios que aportaban como justificantes unos préstamos contratados con posterioridad a la solicitud de las ayudas. También se han detectado incumplimientos del compromiso de no aumentar los salarios de los ejecutivos, o de no repartir beneficios.

El abordaje de la revisión se ha llevado a cabo a dos niveles. Por un lado, se encuentran los beneficiarios de menos de sesenta mil euros. En este apartado, una proporción importante ni siquiera habían entregado la justificación exigida. En otros casos se han detectado deficiencias de tal entidad que obligan al Govern a pedir el reintegro. El procesado de esta cuantiosa información ha obligado al "refuerzo" de personal.

Previamente, la labor de control se había centrado en las ayudas covid superiores a sesenta mil euros, y con un techo de 600 mil euros por empresa. También aquí se han solicitado reintegros importantes, que han conllevado en ocasiones la anulación de los informes obligatorios previos de auditores privados, con el consiguiente conflicto de competencias.

Dos aldabonazos han sido decisivos para poner en marcha la maquinaria de revisión a gran escala. En primer lugar, el informe de la Sindicatura de Cuentas 2024/242, que efectuó una cata de las ayudas asignadas con resultados preocupantes. A continuación, la Intervención General de la Comunidad también sometió una muestra de las adjudicaciones covid a análisis, con un balance negativo que ha obligado a un desnudamiento integral del proceso.

Las ayudas covid fueron concedidas por el departamento de Iago Negueruela, durante el segundo mandato de Francina Armengol. Dado el impacto de la pandemia sobre el turismo, Balears fue la comunidad más regada de fondos públicos, solo por detrás de Canarias y bajo el principio de sostener el tejido empresarial.

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