El Gobierno podrá topar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia

El Gobierno podrá topar precios de productos o servicios tras una situación de emergencia que altere la oferta y demanda, como lo ocurrido tras el accidente de tren de Adamuz que disparó los precios de los billetes de avión. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que, ante una situación excepcional en un mercado, le permitirá obligar a las empresas establecer como precio máximo el que tuvo ese producto o servicio en los 30 días anteriores al comienzo de esta situación.

Así lo ha trasladado del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de este martes, en la que ha explicado que la normativa introduce un mecanismo de tope adicional que establece que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto en esos 30 días previos fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%. En caso de bienes o servicios con una marcada estacionalidad, se podrá tomar como referencia el precio del mismo periodo en el año anterior, actualizado conforme al IPC.

Los consumidores a los que se les cobre de más sobre el precio máximo aplicable tendrán derecho a la devolución automática del exceso. El Ejecutivo modifica, así, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para incorporar un límite máximo de precios en esas situaciones de emergencia con carácter extraordinario con el objetivo de reforzar la protección de las personas consumidoras ante posibles abusos en este tipo de situaciones, como los denunciados por varias asociaciones de consumidores en catástrofes recientes como la DANA de Valencia, los incendios de 2025 o el accidente de tren en Córdoba, según ha explicado Bustinduy.

Situaciones de emergencia

Las situaciones en las que se podrán topar los precios serán aquellas declaradas como de emergencia por protección civil, así como aquellas otras que determine el Consejo de Ministros, el único órgano capacitado para hacerlo. A este respecto, la limitación de precios se podrá activar bien junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias, y se determinará mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros deberá precisar entonces, como mínimo, una fecha de inicio y fin para los servicios o productos afectados, y la referencia aplicable para limitar precios. Además, el Gobierno podrá imponer a los comercializadores una obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos, y les obligará a mantener el tope durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala.

Además, el real decreto-ley incorpora criterios de flexibilidad para no tensionar la oferta. De esta forma, se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes, o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador.

Crítica de Foment

Foment del Treball ha manifiestado su "profunda preocupación" ante este anuncio del Gobierno al tratarse de una intervención arbitraria que "desordena el marco económico" y exige la "retirada inmediata" del real decreto-ley. "El modelo vigente siempre ha contemplado mecanismos excepcionales de intervención, pero rigurosamente acotados, motivados y limitados en el tiempo. El anuncio del Ministerio de Consumo, en cambio, transforma una excepción regulada en una potestad de control generalizada que desvirtúa el sistema y sitúa a las empresas en una posición de vulnerabilidad injustificada", afirma en un comunicado.

"La intervención de precios anunciada responde, una vez más, más a un impulso ideológico que a una estrategia realista de gestión de crisis. No aporta soluciones logísticas ni organizativas y, en cambio, sí introduce un riesgo evidente: acercar nuestro sistema económico a modelos de alto control administrativo que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales", añade el organismo que preside Josep Sánchez Llibre.

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