Catalunya multa con 10.001 euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler

La Generalitat de Catalunya ha impuesto una sanción pionera de 10.001 euros a una agencia inmobiliaria por un caso de racismo en el acceso al alquiler, del que fue víctima un vecino de Mataró (Barcelona) de nacionalidad marroquí. Así lo ha anunciado este lunes el Observatorio Desca, la entidad social que ha acompañado a la víctima, Hamid, en el proceso de denuncia de esta discriminación.

Hamid había denunciado hasta a trece agencias inmobiliarias con la misma acusación: no quererle arrendar un inmueble por su origen, a pesar de cumplir con los requisitos. La mayoría de estas denuncias se archivaron después de diversos trámites burocráticos de las administraciones públicas.

Sin embargo, gracias al acompañamiento del Observatorio Desca, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) de la Generalitat abrió finalmente en septiembre de 2025 los primeros expedientes administrativos sancionadores contra casos de racismo inmobiliario producidos de forma encubierta por parte de agencias inmobiliarias.

En el caso que finalmente ha acabado en sanción, Hamid pidió información de un piso a principios de 2024 y la respuesta de la agencia inmobiliaria fue que ya estaba alquilado, un día y medio después de haber hecho la solicitud para ir a verlo. Entonces, le pidió a un compañero de trabajo que hiciera la misma solicitud y, en este caso, la inmobiliaria le dijo que el piso seguía disponible, le detalló los requisitos económicos necesarios para poder alquilar la vivienda y concertó una visita al inmueble. A la visita acudió Hamid para recibir una explicación sobre el trato desfavorable, preguntando si se debía a que los propietarios no querían personas de origen marroquí.

La resolución de la Generalitat reconoce que los hechos denunciados consisten en un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnicorraciales o por origen. Como resultado, la OITND ha sancionado con una multa de 10.001 euros a la agencia inmobiliaria, además de establecer la prohibición de recibir ayudas y subvenciones públicas, así como de contratar con la Administración de la Generalitat durante un año.

Las entidades sociales han valorado la decisión de la Generalitat por considerarla "un primer paso para reparar el daño sufrido por Hamid y poner fin a la impunidad del racismo inmobiliario".