Ana Gallego: "Las empresas europeas ya han ahorrado 11.900 millones de euros con la simplificación administrativa impulsada desde la Comisión"

Una empresa catalana se dedica a montar carpas para eventos itinerantes, como los espectáculos del conocido Cirque du Soleil. Cuando dicho circo actúa en Catalunya, los papeles y la normativa que debe cumplimentar para recibir la autorización administrativa necesaria para desplegar las instalaciones es una; cuando ese mismo espectáculo tiene lugar en Valencia, es otra distinta, cuando pasa por Aragón, otra, y cuando cruza la frontera y lo hace en el sur de Francia, otra. Esa misma compañía dedica varias horas de su tiempo y recursos en especializarse en distintos marcos normativos pese a operar dentro de un mercado común como es el europeo.

El caso lo ha expuesto este lunes el director de Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos de Pimec, Jacinto Soler, en el foro European Bridges, una tribuna organizada por EL PERIÓDICO y Agenda Pública y que en su cuarta edición ha debatido sobre ‘Simplificación administrativa y competitividad europea’. “Las empresas necesitan seguridad jurídica, igualdad de condiciones y saber cómo las normas se aplican en la práctica”, ha concedido la directora de Justicia y Consumo de la Comisión Europea, Ana Gallego. Que, no obstante, también ha puesto en valor los esfuerzos impulsados durante la presente legislatura desde Bruselas para facilitar el día a día de empresas como la montadora de carpas y muchas otras. “Las empresas europeas ya han ahorrado 11.900 millones de euros con la simplificación administrativa impulsada desde la Comisión”, ha afirmado.

Hasta la fecha Bruselas ha puesto en marcha un total de 10 paquetes ómnibus para la simplificación administrativa de distintos ámbitos, desde el más reciente y que atañe a la normativa del sector biotecnológico, hasta la industria automovilística, el marco legislativo digital, la política agraria común o la industria química, entre otras. El objetivo final de la Comisión es reducir al menos un 25% las cargas administrativas –hasta el 35% en el caso de las pymes- que dependen de sus competencias y lograrlo antes de finalizar la presente legislatura (2029). “El ejercicio de simplificación es necesario y nadie puede estar en contra de hacer limpieza del marco jurídico de vez en cuando. Hemos de velar porque los procedimientos siguen cumpliendo con lo deseado”, ha afirmado Gallego.

El exceso y complejidad de la burocracia aparece recurrentemente entre las demandas que patronales y organizaciones empresariales trasladan a las administraciones. Pimec, por ejemplo, cuantificó que las pymes catalanas dedican de media 41,1 horas al mes a trámites administrativos. Desde la gran patronal española, CEOE, fueron más imaginativos y visuales y tasaron que si una persona imprimiera todas las nuevas leyes aprobadas o modificadas por el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas durante el año pasado podría erigir una montaña tan alta como la Sagrada Familia.

“Este debate refleja dos deseos, a veces contrapuestos. El deseo de muchos es más desregulación y el de todos más simplificación. Los esfuerzos hechos a veces se consideran insuficientes, pero hay que analizar realmente cuál es el resultado de los esfuerzos de la simplificación. Si realmente se están reduciendo los estándares y se están eliminando obligaciones sustantivas o si es una simplificación de las normas y los procedimientos. Ese es el debate honesto que hemos de tener”, ha desarrollado Gallego. “Y las primeras reacciones que hemos tenido a las medidas impulsadas desde la Comisión, en este sentido, son bastante positivas”, ha concluido, considerando que la balanza entre la simplificación de procesos y el no afectar a la garantía de los derechos que las normas buscan blindar “está siendo bastante equilibrada”.

La directora de Justicia y Consumo de la Comisión ha reclamado un esfuerzo “conjunto” de todas las administraciones, desde comunidades autónomas, pasando por los estados o entes supranacionales, aunque “especialmente de aquellas administraciones que tienen un contacto directo con los ciudadanos”, como los ayuntamientos. En este sentido Bruselas tiene un puente tendido con la Generalitat de Catalunya, que ha hecho de la modernización de la administración una de sus máximas prioridades.

"Estamos firmemente convencidos de que o reformamos la administración o tenemos un cuestionamiento importante de nuestro estado del bienestar", ha expuesto la secretaria general de Presidència, Eva Giménez. Para ello, desde el ejecutivo catalán se han fijado el reto, entre otros, de simplificar 170 trámites administrativos -de los 2.371 que gestiona la Generalitat- a lo largo de esta legislatura y aligerar así la carga burocrática de los catalanes.

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