Trabajo acuerda solo con CCOO y UGT subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa de negociación. La propuesta —que eleva el salario mínimo en 37 euros mensuales respecto a los 1.184 euros de 2025 (un incremento de 518 euros al año) sin tributación en el IRPF— es la misma que había puesto sobre la mesa la ministra Yolanda Díaz el pasado 7 de enero, cuando citó a sindicatos y patronales a reanudar las negociaciones para revalorizar el SMI, que quedó prorrogado en el último Consejo de Ministros del año anterior.

El SMI lo perciben alrededor de 2,5 millones de trabajadores en toda España, según los últimos cálculos que maneja Trabajo. CCOO y UGT habían iniciado la negociación reclamando que el SMI subiera un 7,5%, lo que hubiera supuesto pasar a 1.273 euros brutos mensuales (en 14 pagas). La patronal CEOE rebajaba, por su parte, la subida salarial al 1,5%.

"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha subrayado Pérez Rey en una comparecencia este jueves.

El 'número dos' de Trabajo ha afirmado además que su ministerio ha asumido también el compromiso y "va a llevar adelante" una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos. "No es posible que la subida del salario mínimo se pierda por el camino, no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", ha insistido Pérez Rey.

Una "subida trampa"

CEOE ha reunido este mismo jueves a su comité ejecutivo con carácter extraordinario para mostrar su más rotundo rechazo a la propuesta de incremento salarial. En un comunicado, la patronal lamenta que no se hayan podido seguir "los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación" y denuncia una "plena descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes". Por ello, prosigue la nota de la organización empresarial, "se ha decidido por unanimidad no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno".

"Queremos dejar claro también que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales", advierte la CEOE, que considera que esta acción se salta el Estatuto de los Trabajadores y rompe la negociación colectiva, "lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas". Hasta ahora, en tanto que la ley lo permite, las compañías pueden restar parte de la subida del salario mínimo a los empleados que perciben complementos. Por ejemplo, si un empleado cobra el SMI y un plus de antigüedad de 20 euros, la empresa le puede descontar esos 20 euros de la subida y dejarlo a salario mínimo 'pelado', ya que cumple con la normativa, en tanto que no le paga menos de lo que establece este umbral.

"CEOE y Cepyme queremos señalar con rotundidad que nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días", concluyen en su carta de valoración de la propuesta.

Las conversaciones con Hacienda

Queda también por determinar si ha habido acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para que autorice a repercutir en los contratos públicos las subidas del salario mínimo, algo que a lo que en los últimos años se ha estado negando. Del departamento que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero depende también la posibilidad de que la subida salarial acabe tributando en el IRPF, una medida que ya se intentó hacer el año pasado.

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