El empresariado catalán opta por mejorar la financiación a partir de la propuesta de Hacienda

Un total de 22 entidades del sector económico y empresarial -lideradas por el Cercle d’Economia, Barcelona Global, Cámaras de Comercio, FemCat y Pimec, a las que se sumó este miércoles también Foment- consideran la propuesta de financiación presentada por el Gobierno y pactada con ERC como un "buen punto de partida" para superar lo que consideran "un sistema caduco desde 2014". Sin embargo, también la califican de insuficiente en varios aspectos y "con matices que se deben trabajar".

Las organizaciones, que incluyen al conocido como G8 (lo que implica a la Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, el Col·legi d'Economistes, el Cercle d'Economia, la Fira de Barcelona, FemCat, RACC y Barcelona Global), urgen a los partidos políticos catalanes a trabajar juntos "para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios previstos en él se consoliden en el futuro". Insisten en que es "una mejora muy importante" respecto al actual modelo pero que eso no significa que "renuncien a lo que consideran que sería ideal".

Los firmantes del escrito destacan que la propuesta que hay sobre la mesa "no solo beneficia a Catalunya, sino que mejora la situación de otras comunidades infrafinanciadas como Murcia y la Comunidad Valenciana", celebran que, al eliminar fondos como el de suficiencia global o los de convergencia, se vaya a reducir la arbitrariedad del Estado en el reparto de recursos y valoran positivamente el fin de los pagos a cuenta para pasar a una recaudación en tiempo real, lo que otorga mayor previsibilidad a las finanzas autonómicas.

Con todo, la nota es especialmente dura con el déficit de infraestructuras, cuya cuantía acumulada ya es similar al presupuesto anual de la Generalitat, y denuncia que Catalunya fue, en 2023 y por tercer año consecutivo, la comunidad con el grado de ejecución más bajo de la inversión estatal. "Mientras que la media de ejecución en España entre 2015 y 2023 fue del 72,6%, en Catalunya se desplomó hasta el 55,6%", constata.

En este ámbito, entre las opciones de mejora que se recogen en el documento de las organizaciones empresariales, destaca la de la creación de un consorcio de inversiones entre la Generalitat y el Estado para garantizar que lo presupuestado se convierta en realidad.

Incorporar a Foment

Cuando se presentó la nueva propuesta de financiación a principios del mes de enero, Foment del Treball fue una de las patronales que más rotundamente mostró su discrepancia con lo pactado. Los empresarios de la patronal calificaron de "claramente insuficiente" los 4.685 millones de euros adicionales conseguidos para Catalunya. Y recordaron que su posición "siempre ha sido ambiciosa" y que querían "una Agència Tributària Catalana que recaudara, gestionara, liquidara e inspeccionara todos los impuestos generados en Catalunya". Ahora, se han sumado a la posición común favorable a la negociación después que recibir la llamada de la Cambra de Comerç de Barcelona.

A mediados de la semana pasada se iniciaron los contactos para incorporarlos a la declaración conjunta y, tras incluir cuatro matices que para Foment eran importantes, el comité ejecutivo lo aprobó este miércoles. Concretamente, la patronal reclamaba que se incorporara una referencia explícita al déficit de inversión en infraestructuras, cercano a los 42.500 millones de euros; así como la trascendencia de avanzar en la "gestión, recaudación, liquidación e inspección de las agencias tributarias propias". También resultaba clave añadir al documento firmado, según la patronal, la importancia de blindar la ordinalidad y remarcar que la propuesta presentada "no es un acuerdo suficiente".

Actualizar cada cinco años

Los firmantes consideran que, aunque la suficiencia financiera de la Generalitat aún no está plenamente garantizada, la reforma "avanza en la dirección correcta". Y añaden que, para evitar que el desequilibrio vertical vuelva a producirse en el futuro, es necesario incorporar mecanismos de revisión automáticos que se activen cinco años después de su entrada en vigor.

A su entender, uno de los problemas más claros del actual sistema de financiación autonómica son los pagos a cuenta que el Estado entrega cada año a las comunidades, conocidos como anticipos. Estas cantidades se calculan a partir de previsiones de recaudación y, más adelante, se ajustan según los ingresos reales. El resultado puede ser un quebradero de cabeza para las comunidades, que sufren desequilibrios de tesorería mientras esperan el ajuste final.

Por eso, para las entidades, la idea de sustituir este sistema por otro que permita a las autonomías recibir la recaudación en tiempo real facilitaría su gestión presupuestaria, y reforzaría la responsabilidad fiscal de cada territorio, una de las reclamaciones más destacadas del informe publicado por los firmantes en marzo de 2024.

Otra de las objeciones que han encontrado en la propuesta remitida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que en el cálculo no se haya incluido el coste de la vida como factor de ajuste, lo que penaliza, en su opinión, la capacidad real de prestar servicios públicos en Catalunya. Por contra, destacan como "paso fundamental" que se abra la puerta a que los diferentes territorios avancen en el fortalecimiento de las agencias tributarias propias. Un paso que reconocen que no es fácil "y que hay que hacerlo bien".

En un apartado final de calado político, las 22 entidades rechazan las críticas que se centran en el origen del acuerdo. Consideran que es irrelevante que la propuesta nazca de un pacto entre partidos catalanes y el Gobierno central, ya que históricamente el sistema de financiación autonómica siempre se ha reformado así. Por ello, instan a los partidos a centrarse en el contenido y a trabajar juntos en el trámite parlamentario para consolidar estos avances. Tanto desde el Col·legi d'Economistes como desde el Cercle d'Economia han recordado que todas las mejoras del sistema, "lideradas siempre desde Catalunya, han sido graduales y acumulativas".

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