Laboral
El Gobierno inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales a los funcionarios
La medida beneficiaría a los 246.000 empleados de la Administración General del Estado
Jornada laboral de 35 horas para los funcionarios: fechas previstas y a quién afectará

El ministro Óscar López, en una imagen de archivo / VÍCTOR LERENA / EFE

El Gobierno central ha iniciado los trámites para lograr la jornada laboral de 35 horas a la semana para los funcionarios. Así lo ha avanzado elDiario.es, que publica este miércoles que el Ministerio de Función Pública ha trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que activará el procedimiento para implantar dicha jornada laboral en los empleados públicos de la Administración General del Estado.
El citado ministerio había sondeado a las organizaciones sindicales para tratar de vincular esta medida a los Presupuestos de 2026, en un intento que resultó fallido. Fue entonces cuando el departamento que dirige Óscar López activó una propuesta que, según los sindicatos, podría estar ya vigente a partir del próximo mes de marzo.
Para lograr ese objetivo, el Ministerio de Función Pública deberá hacer una propuesta sobre jornada y horario de los trabajadores de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. A continuación, deberá citar a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente para informar a los subsecretarios y subdirectores de personal de estos departamentos, según fuentes ministeriales que cita elDiario.es.
Será entonces cuando la jornada de 35 horas para los funcionarios llegue a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. Esta reducción horaria era un compromiso del penúltimo acuerdo marco para la Administración del siglo XXI que firmaron el ejecutivo, UGT y CCOO en 2022. La medida no se pudo implantar antes de 2024, como estaba previsto. “Ambas organizaciones se congratulan de volver a lo pactado inicialmente”, señalan en un comunicado los dos sindicatos mayoritarios.
La reducción de la jornada para los funcionarios de la Administración General del Estado, beneficiaría a más de 246.000 trabajadores públicos. No obstante, los sindicatos apuntan en que la medida debería afectar también al personal de Instituciones Penitenciarias.
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