Qué es el decreto ómnibus y por qué su derogación pone en jaque las pensiones y el alquiler en 2026

La legislatura vuelve a tensarse al límite. El Congreso de los Diputados ha derogado el Real Decreto-ley "ómnibus" tras un convulso pleno este martes 27 de enero de 2026. Con el "no" de PP, Vox y Junts, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sufre su primer gran revés del año, dejando un vacío legal en medidas que afectan directamente al día a día de millones de ciudadanos.

Aunque el Gobierno ha logrado salvar de forma independiente el decreto de ayudas al transporte, el grueso del "escudo social" ha decaído, abriendo un escenario de incertidumbre económica que se resolverá (o no) en las próximas semanas de negociación.

¿En qué consiste exactamente el decreto ómnibus?

El decreto ómnibus es una herramienta legislativa que permite al Gobierno agrupar reformas de áreas totalmente distintas (economía, justicia, servicios sociales) en un solo texto legal. Su principal ventaja para el Ejecutivo es la rapidez; su mayor crítica por parte de la oposición es que obliga a votar "en bloque" medidas muy diversas, lo que consideran un "chantaje político".

En esta ocasión, el decreto de 2026 buscaba consolidar la estructura económica del país tras la inflación de años anteriores, pero la falta de consenso sobre la prórroga antidesahucios y las competencias autonómicas ha provocado su caída.

Las medidas que quedan en el aire tras el "no" del Congreso

El rechazo parlamentario implica que, una vez se publique en el BOE, las siguientes medidas dejarán de estar vigentes:

• Subida de las pensiones (2,7%): aunque la nómina de enero ya se ha cobrado con el aumento vinculado al IPC, la caída del decreto obliga al Gobierno a aprobar una ley de urgencia para que los pensionistas no vean reducido su ingreso en febrero.
• Freno a los desahucios: decae la moratoria que impedía el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional, una de las líneas rojas que Junts y PP se negaron a cruzar por considerarlo una "protección a la ocupación".
• Suministros básicos: desaparece la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a familias en situación de pobreza energética.
• Deducciones fiscales: se pierden las ayudas por la compra de vehículos eléctricos (15% en el IRPF) y las exenciones para obras de eficiencia energética en viviendas.

El transporte, la única excepción

A diferencia del resto del paquete, las bonificaciones al transporte público sí han salido adelante gracias a la abstención del Partido Popular. Esto garantiza que los abonos sigan manteniendo el descuento del 50% y la gratuidad en Media Distancia y Cercanías, al menos durante el primer semestre de 2026.

¿Qué pasará ahora? El reto de febrero

Ahora, la clave ahora no es el "qué", sino el "cómo". El Gobierno tiene dos vías:

1. Trocear el decreto: Presentar las medidas por separado (pensiones por un lado, vivienda por otro) para intentar atraer los votos del PP o de Junts.
2. Negociación exprés: Intentar un nuevo Real Decreto-ley que retoque los puntos más polémicos (especialmente los relativos a la vivienda y el sistema judicial) antes de que termine febrero.

El reloj corre en contra de Moncloa y, sobre todo, de los 10 millones de pensionistas que esperan saber si su subida es firme o un espejismo de enero.

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