"Es como jugar a la lotería: si te toca una vivienda pública, tienes suerte"

La falta de información, la lentitud de los trámites y una oferta claramente insuficiente están convirtiendo el acceso a la vivienda pública en un proceso opaco y frustrante. Jóvenes con empleo, lejos de los perfiles de emergencia social pero incapaces de asumir los precios del mercado libre, se acumulan en registros saturados mientras la espera se cronifica y la respuesta institucional no llega. "La poca oferta hace que las personas inscritas en el registro se cronifiquen, a las que les toca una vivienda es como si les tocase la lotería», explican fuentes del tercer sector a El Periódico.

Más allá de la espera, uno de los elementos que más se repite entre los demandantes es la confusión. Tal es el caso de Alba, profesora de infantil y primaria de 24 años, que se inscribió en el registro hace dos meses y todavía no sabe si el trámite se ha completado correctamente. "Es un proceso muy complicado. No sabes si estás dentro, si has rellenado todo bien o si simplemente estás esperando sin saber a qué", resume.

1 de cada 3 personas en el registro son jóvenes

Su caso ilustra un perfil muy habitual en los registros: personas jóvenes, con empleo, que no cumplen los criterios de emergencia social pero tampoco pueden asumir el mercado libre. Desde la oficina de Terrassa, con datos actualizados al 31 de diciembre de 2025, confirman que cerca de un tercio de las personas inscritas son menores de 35 años. En el otro extremo se encuentran los mayores de 65 años, que representan a 1 de cada 10 incritos.

Por ingresos, la gran mayoría de solicitantes (un 87%) declara obtener hasta 1.800 euros mensuales por unidad familiar, el equivalente a 2,33 veces el Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Y, ¿alquiler, propiedad o alquiler con opción a compra? ¿Cuál es la modalidad más demandada? "Sin duda, el alquiler: el 60% de las solicitudes piden este régimen, que, si se suma a un 24% que lo hace con opción a compra, nos deja con que solo el 16% de los demandantes pide VPO para compra" explican desde la oficina.

No sabes si estás dentro, si has rellenado todo bien o si simplemente estás esperando sin saber a qué.

Cuentan que en su día a día, ellos son quienes gestionan el registro de solicitantes de vivienda, lo que "implica dar de alta, resolver solicitudes, gestionar bajas y generar listas". Además, también se ocupan de la gestión de ayudas al alquiler y la provisión de información y certificados de la Generalitat, "evitando que la gente tenga que desplazarse a Barcelona".

"Aunque el sistema tiene una base justa, falla mucho en la información y en el acompañamiento. Cuesta contactar, los correos no siempre se responden y a menudo tienes la sensación de que te están haciendo un favor", reconoce Narayan, joven de 33 años que reside en una VPO desde 2019. Muchas de ellas, mientras esperan, optan por compartir piso, volver al domicilio familiar o desplazarse a municipios más baratos. "Ahora, mientras espero, estoy buscando pisco compartido con tres amigas" dice Alba.

Exclusión social

El límite del modelo se hace visible en casos como el de Edgar Civis, que decidió acampar frente a la oficina de vivienda de Sant Cuagt para reclamar una solución habitacional "urgente", después de que el propietario de su piso de alquiler en Rubí no le renovase el contrato.

Aunque existen vías paralelas y —bolsas de mediación, mesas de emergencia o programas de alquiler social vinculados a servicios sociales—, desde la Administración reconocen que están tensionadas al máximo.

"Si no se construye nuevo parque público, la única manera de adjudicar es que alguien se vaya" explican fuentes del tercer sector. Así, en un contexto de alta presión demográfica y precios elevados, los dispositivos públicos llegan a una parte muy pequeña de la demanda real.

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