La carretera B-23 deja de ser estatal: el Gobierno cede a la Generalitat un tramo clave de acceso a Barcelona

El Gobierno ha aprobado el cambio de titularidad de un tramo de la carretera B-23 a favor de la Generalitat de Catalunya, en una decisión que redefine la gestión de uno de los principales accesos a Barcelona. El traspaso afecta al tramo comprendido entre los km 0 y 6,920 en sentido ascendente y entre los km 0 y 7,1 en sentido descendente, hasta ahora integrado en la Red de Carreteras del Estado.

La medida, avalada mediante Real Decreto a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, implica la modificación formal de la Red estatal en la provincia de Barcelona. La entrada en vigor se producirá con la firma del acta oficial de entrega, una vez culminado el proceso administrativo.

El cambio se enmarca en la transformación funcional de la B-23. Según el acuerdo firmado el pasado 16 de enero entre Transportes y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, esta vía ha pasado en las últimas décadas de ser un eje interurbano a convertirse en una infraestructura eminentemente urbana, integrada en el sistema metropolitano de movilidad.

El carril Bus-VAO, detonante del traspaso

La cesión coincide con la ejecución y puesta en servicio del carril Bus-VAO de entrada a Barcelona, operativo desde octubre. Las obras fueron encomendadas por el Ministerio a la Generalitat en julio de 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación europea.

El nuevo carril exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación refuerza la apuesta por el transporte público y la movilidad sostenible en el acceso suroeste a la capital catalana. La lógica administrativa es clara: si la B-23 actúa ya como una “carretera-calle” metropolitana, su gestión encaja mejor en el ámbito competencial autonómico.

Desde el punto de vista institucional, el acuerdo responde a la necesidad de coordinar urbanismo y transporte público, ambas competencias no estatales, para adaptar la infraestructura a estándares de movilidad segura y conectada.

No afecta a la red estatal ni implica pagos

El Ministerio subraya que el cambio “no menoscaba” la continuidad de la Red de Carreteras del Estado, que seguirá garantizada a través de la AP-7, la A-2 y la B-20, vías alternativas que aseguran la conexión estratégica con el puerto y el aeropuerto de Barcelona.

Además, el traspaso no conlleva transferencia de capital entre administraciones. Se trata de una reasignación competencial basada en el mutuo acuerdo.

Con esta decisión, la Generalitat asume la gestión directa de un eje clave para la movilidad diaria de miles de conductores y usuarios de transporte público del área metropolitana. La B-23 consolida así su evolución: de autopista de entrada a Barcelona a infraestructura urbana orientada a priorizar el autobús y la movilidad colectiva.

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