El Consejo de Seguridad Nuclear tendrá su informe sobre Almaraz ya este verano y mete presión al Gobierno para una decisión rápida

El futuro de la central nuclear de Almaraz vive un momento clave. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno a finales de octubre la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. Y el Ejecutivo reenvió la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclar (CSN) como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento.

El CSN ha pedido información extra a las compañías eléctricas sobre la posible ampliación de la planta para poder analizar en profundidad, y está previsto que las energéticas remitan esa documentación adicional a mediados de febrero (la fecha tope es el 18 de febrero). El supervisor augura que, si esa informaciónse la remiten las eléctricas cumpliendo los plazos y de forma completa, podrá emitir su dictamen en apenas unos meses. La previsión que maneja el CSN es tener listo su informe este mismo verano, en julio o en septiembre a más tardar, según ha apuntado el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo, en un encuentro con medios de comunicación.

Presión al Ejecutivo

El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Sin embargo, los planes del organismo pasan por tener listo el dictamen a mediados de este mismo año. Un dictamen rápido del CSN mete presión al Gobierno para que también sea rápida su decisión sobre si aprueba o rechaza la ampliación de la licencia de Almaraz hasta junio de 2030.

Y es que una vez que el CSN envíe su dictamen al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento comandado por Sara Aagesen, dispone de apenas cinco meses y medio para pronunciarse sobre la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy (seis meses de plazo legal, menos las dos semanas que tardó el Ejecutivo en remitir al CSN la petición de las eléctricas de finales de octubre). Así que el Gobierno, dependiendo de cuándo se pronuncie exactamente el CSN, tendría que aprobar o rechazar la solicitud para ampliar Almaraz entre finales de 2026 y principios de 2027 para cumplir con esos plazos legales.

El Gobierno ha advertido a las grandes eléctricas que para estudiar sus peticiones de prolongación de la vida de sus centrales nucleares han de cumplir tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el Consejo de Seguridad Nuclear); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico (lo dirá Red Eléctrica de España); y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en rel recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas.

“Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea”, sentenció advirtió a las eléctricas hace sólo dos semanas el propio presidente del obierno, Pedro Sánchez. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre sí y con el Ejecutivo (a través de la sociedad pública Enresa) un calendario para el cierre progresivo de todos las centrales nucleares que arranca 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. Esa es la guía vigente. En pleno expediente para analizar la ampliación de la vida de Almaraz, Moncloa avisa de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales y se mantiene firme en las ‘líneas rojas’ que exige cumplir a las eléctricas. Iberdrola, Endesa y Naturgy entienden que su petición para Almaraz cumple con las exigencias del Gobierno plenamente. Las eléctricas buscan allanar el 'sí' aparcando, al menos de momento, su petición de una rebaja de impuestos a las nucleares para seguir operándolas.

Las prisas de las eléctricas

Desde el CSN se reconoce que el análisis del supervisor sobre Almaraz en principio será más ágil y más corto que en otras renovaciones de licencia de centrales nucleares, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central cacereña se extiende ya hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta. Pero no se siente concernido por la aparente pretensión que venían manifestando las grandes eléctricas por acelerar aún más el procedimiento.

Las compañías aspiran (o aspiraban) a obtener el plácet exprés del Gobierno a la ampliación de Almaraz para que les dé tiempo a asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y ejecutar procesos para garantizar la seguridad de las instalaciones. Las prisas de las eléctricas por recibir el dictamen del CSN y obtener el 'sí' del Gobierno aparentemente no van a condiciones los plazos del proceso. "Es su problema", ha sentenciado el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. "Si tienen dificultades para cerrar contratos a tiempo, haber solicitado la ampliación antes".

Aparcado el expediente de cese

Las grandes eléctricas buscan salvar del cierre a la central nuclear de Almaraz y remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica el 30 de octubre la solicitud de prolongación de la licencia de Almaraz la planta. Y justo a la vez que las compañías pedían posponer el cierre, también tuvieron que enviar de manera simultánea al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso oficial de cese de actividad según el calendario previsto.

La normativa obligaba a las empresas a remitir la información al supervisor antes del 1 de noviembre (justo dos años antes de que la fecha programada de cierre para el primero de los reactores, Almaraz I). Tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas, en los que las compañías buscaban garantías de que conseguirían una rebaja de impuestos para sus centrales nucleares (que nunca llegaron), Iberdrola, Endesa y Naturgy fueron retrasando la solicitud oficial de ampliar la planta. Una demora que hizo que finalmente las empresas hayan presentado a la vez la petición de salvar la planta y la documentación obligatoria para cerrarla.

El Consejo de Seguridad Nuclear, no obstante, en los próximos meses sólo estudiará la petición de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz y dejará aparcado de momento el expediente de cese de la planta, como ya adelantó este diario. El supervisor entiende que el único encargo formal de que dispone actualmente del Gobierno es el de analizar los requisitos técnicos la prórroga de la autorización, tras reenviarle la solicitud de las eléctricas, y que son esos trabajos a los que les debe dar prioridad.

La reglamentación vigente no exige a Iberdrola, Endesa y Naturgy notificar el cese de Almaraz I hasta el 1 de noviembre de 2026, y hasta entonces el CSN no tendría que volver a retomar formalmente el estudio del expediente de cese. Si el Gobierno se pronunciara favorablemente sobre la ampliación solicitada para Almaraz antes de esa fecha límite del 1 de noviembre, el CSN no tendría que activar en ningún momento el expediente de cese. "Lo ideal sería que el CSN apruebe su informe en verano para que se resuelva [la petición de prórroga de Almaraz por parte del Gobierno] antes del 1 de noviembre", ha subrayado el presidente del supervisor, advirtiendo que todos estos plazos están condicionados a que las eléctricas envíen en las próximas semanas correctamente toda la información sobre la ampliación que se les ha requerido.

El artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de la central no están obligados a manifestar su intención de cese de actividad hasta un año antes de la fecha prevista. El CSN solicitó a las compañías la documentación necesaria para ‘preplanificar’ el cierre de la central con antelación suficiente, pero sus técnicos ahora no trabajarán en preparar la clausura. Y no lo harán, en principio, hasta noviembre del próximo año.

"Si no hay resolución [del Gobierno] antes del 1 de noviembre o es negativa, tendremos que analizar el cese de Almaraz. Ahora la información de las eléctricas sobre el cese está aparcada", ha apuntado Juan Carlos Lentijo. "No tiene sentido analizar en paralelo las dos situaciones. Sería absurdo trabajar de antemano la documentación sobre el cese cuando es plausible que lo que ocurra es que no tengamos que evaluarla".

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