La vivienda protegida, una carrera de fondo: "Es la única opción para vivir en condiciones dignas"

Vivir de alquiler en Barcelona y su área metropolitana se ha convertido en un ejercicio de resistencia. Según los últimos datos disponibles de 2024 proporcionados por el Idescat, en municipios de más de 70.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona, las rentas medias mensuales rondan los 1.100 euros en el caso de Barcelona, los 700 euros en Terrassa, los 800 euros en Sabadell, los 900 en Badalona y los 1.400 en el municipio de Sant Cugat.

Con salarios en niveles bajos, unido a un desplome de la oferta de alquiler que se dirige a otras alternativas como el alquiler temporal o, directamente, la venta, y sobre todo con el elevado precio de los inmuebles, la realidad es que la vivienda de protección oficial (VPO) y los programas de alquiler social emergen, en muchos casos, como la única alternativa real para acceder a un piso.

En Catalunya existen algo más de 100.000 viviendas de protección oficial y cerca del 40% se concentran en el área metropolitana de Barcelona. ¿Hasta qué punto es viable acceder a ellas?

El mercado no es una opción

«Me inscribí en el registro de solicitantes cuando tenía 19 años y tuve que renovar la solicitud varias veces hasta que, cinco años después, cuando cumplí los 24, entré en sorteo», explica Narayan Llorente. Hoy tiene 33 años, es autónomo y trabaja desde hace años en un quiosco familiar situado en el municipio de Sant Cugat. Cuenta que vivir en un municipio con una de las rentas más altas de Catalunya le dejó pocas alternativas y que acudir a la vivienda protegida «no fue tanto una elección como la única opción realista y viable» para poder vivir «con unas condiciones mínimamente dignas».

Si hoy tuviese que buscar una vivienda similar, estaríamos hablando fácilmente de unos 1.000 euros mensuales para vivir solo.

Un año después de entrar en sorteo, en 2019, pudo acceder a un piso de protección oficial para jóvenes, con un alquiler de unos 350 euros mensuales. Tras agotar ese circuito, consiguió un piso a través de la bolsa de mediación para el alquiler social, por el que paga actualmente 600 euros. En total, más de una década enlazando soluciones públicas. «Si hoy tuviese que buscar una vivienda similar, estaríamos hablando fácilmente de unos 1.000 euros mensuales para vivir solo. Sin estas opciones me habría visto obligado a compartir piso con desconocidos o directamente a cerrar mi negocio y marcharme de la ciudad».

Listas de espera de 10 años

Desde la Oficina Municipal de Vivienda de Terrassa, municipio de 233.000 habitantes con un parque público de unas 3.700 viviendas, explican que su caso está lejos de ser excepcional y que, de hecho, hoy es casi una anomalía positiva. «Las personas que están siendo actualmente adjudicadas se inscribieron en el registro hace casi diez años, entre 2017 y 2018», señalan. El año lo arrancan con unas 5.000 personas inscritas en el registro de solicitantes.

Las personas que están siendo actualmente adjudicadas se inscribieron en el registro hace casi diez años, entre 2017 y 2018.

De este modo, en realidad, el sistema funciona como un gran filtro: es obligatorio estar inscrito, cumplir los límites de ingresos, acreditar padrón y renovar la solicitud cada dos años para no perder la posición. No hay una cola visible ni una fecha orientativa. «El registro es un programa informático que ordena por antigüedad y requisitos. Si no renuevas, caes. Y aunque cumplas, la lista se mueve muy despacio porque el parque está lleno», reconocen desde Terrassa.

Allí, desde el año 2012 no se ha hecho ninguna promoción nueva. Ahora el ayuntamiento ha cedido a promotores privados con derechos de superficie y se prevé la incorporación de unas 1.000 viviendas de protección oficial al mercado en el próximo año y medio, cuyo precio de alquiler oscilará entre 250 y 600 euros.

Suscríbete para seguir leyendo