Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano

El Govern aprobará este martes en su Consell Executiu el proyecto de ley de empleo público, mediante el que busca modificar, entre otros, el sistema de promoción profesional de los funcionarios. Los empleados públicos deberán superar cada año un examen y si lo hacen podrán mejorar su salario sin tener que asumir más responsabilidades o pedir un traslado a otro departamento.

Si actualmente la única manera de recibir un aumento era esperar a acumular trienios o presentarse a una oposición para obtener un ascenso, ahora Funció Pública quiere permitir quedarse en el mismo puesto y subir de sueldo, siempre que el desempeño del trabajador así lo acompañe.

El nuevo sistema retributivo busca premiar el buen hacer de un empleado público y conservar el talento allí donde sirve, desincentivando la movilidad que no persigue mejorar el servicio al ciudadano, sino únicamente la recompensa del funcionario. El porcentaje de sueldo que esté vinculado a la promoción profesional todavía no está determinado.

Este sistema, que entrará ahora en el Parlament y deberá superar allí los trámites y mayorías pertinentes, también tendrá el camino inverso. Una manera de castigar a un empleado público que cometa una infracción grave o muy grave -como faltarle al respeto a un ciudadano, acosar sexualmente a alguien o acumular varios retrasos o faltas injustificadas al puesto de trabajo- podrá ser degradarle. Lo que implicaría un recorte en su salario.

Así lo recoge uno de los últimos borradores del proyecto de ley de función pública al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, concretamente en el artículo 204, dónde están detalladas las sanciones disciplinarias. Una de estas -no la única- es el "demérito", consistente en la pérdida de diferentes tramos de desarrollo de la carrera profesional horizontal. A mayor gravedad de la falta, más tramos de carrera pueden quitarle al responsable y, por ende, mayor salario.

Toda sanción por motivos disciplinarios debe superar un proceso de garantías y está fiscalizada para evitar la arbitrariedad de los responsables de departamento. Actualmente el régimen de penas ya contempla medidas como la suspensión de empleo y sueldo o la expulsión de la función pública, entre muchas otras.

Examen anual

En el sector privado es habitual que los trabajadores jóvenes entren a una empresa con una categoría de novel y con el tiempo promocionen a senior. No tienen a nadie bajo su cargo y desempeñan unas funciones similares, si bien han demostado estar capacitados para las mismas y ofrecer otro tipo de servicios. Lo que les vale un aumento en la nómina.

Pues este esquema es el que, en esencia, quiere implantar la Generalitat. Las recomendaciones del Cetra, el comité de expertos que asesora a Salvador Illa en su reforma de la Administración, ya dejó pistas al respecto en sus recomendaciones.

Ahora cada empleado está dentro de un grupo -A1, A2, B, C1 y C2- y dentro de dicho grupo, en un nivel -que puede oscilar del 8 al 30-. La propuesta pasa por suprimir los niveles y quedarse solo con los grupos.

El primer esquema que ha dibujado función pública pasa por cuatro tramos, si bien desde los sindicatos ambicionan ampliarlo a más y tratarán de que los grupos parlamentarios hagan suyas dichas recomendaciones.

Cuatro tramos y se podrá saltar de uno a otro cada cuatro años, según pretenden desde Funció Pública. Para ello se deberá sumar un cóctel de requisitos, el más relevante será superar un examen que se hará a todo el mundo y con periodicidad anual. La consecuencia de superarlo será sumar puntos para promocionar.

Si se suspende, las consecuencias son diversas, desde ver la carrera profesional estancada, hasta el traslado, pasando por cursos de formación obligatorios. Suspender el examen no hará bajar de categoría profesional, esa sanción está reservada a las infracciones disciplinarias.

Quién definirá estos exámenes, quién los evaluará y más detalles prácticos deberán concretarse más adelante, cuando la ley se apruebe y el Govern redacte el reglamento de aplicación.

Portal único de ofertas de empleo

Otra novedad que incluye la ley es la creación de un portal único donde se concentrarán todas las oposiciones para acceder a un empleo en la Generalitat, en los distintos ayuntamientos de todo el territorio y en las universidades catalanas.

La Generalitat todavía no tiene fecha exacta de cuando lo podrá tener en marcha, pero desde Funció Pública sí explican que permitirá filtrar por territorios y categorías y que concentrará miles de ofertas para todos aquellos interesados en opositar, que ahora tienen que ir buscando en distintos portales.

La nueva ley de la ocupación pública catalana es una de las múltiples piezas de un rompecabezas más grande mediante el que el Govern de Salvador Illa quiere reformar la administración. En materia de oposiciones, por ejemplo, ya ha aprobado recortar los plazos de los procesos selectivos, con la voluntad de pasar de abreviar el tiempo entre que se saca una plaza, los candidatos se examinan y la acaban asignando. Antes pasaban dos años y ahora la idea es que sean 10 meses.

Otra ley que en breves iniciará su trámite parlamentario es la que pretende profesionalizar parte de los directivos públicos y que estos no se elijan por afinidad, sino mediante méritos. La previsión del Govern es entrarla al Parlament a finales del primer trimestre de este año.

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