Consumo investiga a los grandes portales inmobiliarios por anunciar alquileres "por encima de la ley" en zonas tensionadas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para retirar anuncios de pisos en alquiler en zonas de mercado residencial tensionado que podrían estar ofertándose por encima de los límites legales o sin la información obligatoria que permite comprobarlo.

El foco está en publicaciones que se difunden en grandes portales inmobiliarios y en intermediarios del sector, tras detectar posibles incumplimientos en la monitorización del mercado que realiza el departamento.

Consumo pone bajo la lupa, sobre todo, dos prácticas. La primera: viviendas situadas en áreas tensionadas anunciadas con rentas superiores a las fijadas por la regulación para grandes tenedores. La segunda: ofertas que omiten un dato clave para el inquilino, cuál fue la última renta del contrato anterior en el caso de propietarios particulares, una referencia que facilita contrastar si la subida encaja con las reglas vigentes.

El giro llega con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, en vigor desde finales de diciembre. Hasta ahora, la ley de vivienda obligaba a entregar esa información antes de firmar el contrato; desde la nueva norma, también debe figurar de forma clara y accesible en el propio anuncio online. Consumo avisa de que incumplirlo podría encajar en una "práctica desleal por engañosa", con el consiguiente riesgo de sanciones.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ya advirtió por carta el 29 de diciembre a los principales portales y asociaciones inmobiliarias de sus nuevas obligaciones y de su responsabilidad como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

Perseguir y eliminar estas ofertas

Ahora el ministerio da un paso más con una investigación formal orientada a "perseguir y eliminar" ofertas presuntamente fuera de norma.

¿Y qué es una "zona tensionada"? Son áreas declaradas por las administraciones competentes al amparo de la Ley 12/2023, y el Ministerio de Vivienda publica un visor oficial para consultarlas. En esos ámbitos, el precio de determinados contratos se vincula a referencias públicas como el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI), construido con datos tributarios y pensado para aportar transparencia.

La ofensiva de Consumo llega con el alquiler en máxima tensión. El Banco de España lleva tiempo alertando de un mercado con demanda al alza, oferta limitada y un esfuerzo creciente para muchos hogares, especialmente en grandes ciudades. En ese contexto, que el precio y sus "reglas" aparezcan ya en el anuncio busca reducir la opacidad y frenar subidas irregulares.

Para el inquilino, la recomendación es simple: comprobar si la vivienda está en zona tensionada y contrastar el anuncio con las herramientas oficiales. Y si toca actualizar la renta, recordar que el INE publica el IRAV, el índice que marca el límite de actualización anual en los contratos firmados tras la Ley de Vivienda.

Rechazo a la bonificación a propietarios

Desde Sumar siguen reiterando por activa y por pasiva que rechazan frontalmente la propuesta de Sánchez de bonificaciones del 100% del IRPF a los propietarios de viviendas que mantengan el precio en las renovaciones de alquileres. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, reiteró esta postura durante la rueda de prensa llevada a cabo este 16 de enero desde el Ministerio.

"Proteger a los inquilinos", insiste Bustinduy. Esa es la prioridad de la formación de Yolanda Díaz. Esta bonificación, dicen, solo beneficia al propietario, ya que los inquilinos lo que necesitan son bajadas de precios del alquiler.

El ministro afirma también que las "prórrogas automáticas del contrato" son el principal mecanismo a llevar a cabo, su principal apuesta. Pese a ello, el PSOE sigue insistiendo en su anticonstitucionalidad.

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